Ley que iguala salario base con ingreso mínimo:

Ley que iguala salario base con ingreso mínimo:

Polémica indicación legislativa de Andrade aumentaría el costo de la mano de obra hasta en 15%

A través de una indicación de última hora, el ministro del Trabajo extendió el beneficio, que se conoce como "derecho a la semana corrida", a todos los que trabajan por el mínimo y renta variable.

Pablo Obregón Castro Sin oposición en la Comisión de Trabajo y sin que las cúpulas empresariales alcanzaran a reaccionar, el ministro Osvaldo Andrade anotó un "gol de media cancha", como afirman algunos sectores: logró la aprobación de una indicación que extiende el descanso remunerado a todos los trabajadores, como parte del proyecto de ley que iguala el salario base con el ingreso mínimo lo que, se advierte, tendrá efectos insospechados en el costo de la mano de obra. Paradójicamente, Andrade contó con la venia de los cinco integrantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta -Andrés Allamand, Soledad Alvear, Juan Pablo Letelier, Pedro Muñoz y Víctor Pérez- para sacar adelante una de las iniciativas laborales más duras de la actual administración. Cálculos de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) indican que, con la entrada en vigencia de esta normativa, las planillas podrían encarecerse hasta 15%. Semana corrida Hasta ahora, los trabajadores que se encuentran remunerados exclusivamente por el día (a trato) tienen derecho a que les paguen por el domingo y los festivos, beneficio que se conoce como el derecho a la semana corrida o pago del séptimo día. La indicación incorporada por Andrade hace extensivo ese beneficio excepcional a todos los trabajadores que obtengan el salario mínimo y que tengan algún mecanismo de renta variable. ¿Qué impacto tendrá aquello? Que cuando la ley comience a operar plenamente (en seis meses más) hasta dos millones de asalariados podrían recibir este inesperado aumento. Según asesores laborales, esta modificación se traducirá en un incremento del costo de planilla de entre 10% y 15% por el solo efecto de la ley, sin considerar que el ingreso mínimo sirve de base para calcular las gratificaciones. Los artífices del proyecto Según abogados laborales que fueron parte del debate, "esta reforma es responsabilidad de una indicación presentada a última hora en el Senado por el Ministerio del Trabajo, fruto de presiones de la Confederación de Trabajadores del Comercio. Los artífices de la polémica indicación son el asesor jurídico de Andrade, Cristián Pumarino (ex Agal), y el asesor legislativo, Francisco del Río. Además, participaron activamente de las sesiones el secretario general de la Consfecove, Leandro Cortez, y los dirigentes de los sindicatos de Hites, Teresa Riquelme; de La Polar, Iván Campos; de Ripley Crillón, Ángela Barros; de Falabella Valparaíso, Sara León; de la Federación de Sindicatos París, Francisco Álvarez, y de la Federación Johnson, Néstor Rojas. En representación del empresariado, concurrieron los asesores de la Cámara Nacional de Comercio Francisca Gostling y Pedro Pablo Irureta. Hasta ahora, tanto Andrade como el empresariado mantuvieron un rígido pacto de silencio y se espera que, entre hoy y el lunes, la Dirección del Trabajo saque un dictamen interpretativo de la ley. "La presión ha sido fuerte, porque nadie se quiere hacer responsable de esta nueva ley. Andrade quiere pasar piola (sic) y endosarle el muerto a la DT (...) Los empresarios también están calladitos porque están conscientes de que Andrade les metió un gol de media cancha. En la jerga penal; una verdadera violación en despoblado, ya que nadie tuvo conciencia de lo que esto significaba", dice un cercano al Ministerio del Trabajo. Es tal la preocupación que este lunes los representantes del empresariado se reunieron con el principal asesor del ministro, Cristián Pumarino, para buscar vías de solución. "Esta vez y como en la ley de subcontratación, Andrade tira la piedra e indica a la DT como la responsable de todo", señala un dirigente. Sin reinterpretación Según Víctor Pérez (UDI), integrante de la Comisión de Trabajo del Senado, la situación que se está dando no se compadece con los compromisos que se habían suscrito en el trabajo de la Comisión: "Esperamos que un dictamen de la DT resuelva esta disonancia. El compromiso siempre fue que el proyecto era neutro en términos salariales, pero si hay alguna norma que transgrede ese espíritu, debe interpretarse". Mientras, el presidente de la Comisión, Andrés Allamand, asegura que "el ministro explícitamente dijo que el proyecto no implicaba aumento de remuneraciones, pero nadie reparó en esa cuestión. Aquí no hubo un golazo del ministro, lo que pasa es que puede haber quedado una zona ambigua. Aquí la disposición es arreglarlo vía administrativa. El propio ministro debería aclarar que bajo ninguna circunstancia esto implica aumentar las remuneraciones". Distinta es la visión del asesor laboral Huberto Berg, quien reclama mayor rigurosidad de los parlamentarios a la hora de legislar: "Esto va a generar problemas serios a las empresas, sobre todo del comercio. Lamentablemente, los parlamentarios han caído en el juego de que si no se aprueban todas las leyes que la Concertación estima buenas para los trabajadores, es grave. Prima el efecto en la imagen de quienes votan más que la calidad de los proyectos". ¿Qué se habló en la reunión del lunes entre empresarios y gobierno? El lunes que recién pasó, se reunieron los tres principales asesores de Andrade (Cristián Pumarino, Francisco del Río y Roberto Godoy) con los abogados de la Cámara Nacional de Comercio y dirigentes de algunas ramas de la CPC. ¿Resultados concretos? El aumento de remuneraciones va a firme y no resiste interpretación. Uno de los participantes de esa reunión relata que "esta indicación la metieron a última hora por secretaría y el tema es que los parlamentarios no comprendieron el alcance de esto o son muy ingenuos. La autoridad se mostró dispuesta a extender el plazo para implementar el aumento, pero no a reinterpretarlo por la vía administrativa porque, de hecho, se mostraron muy satisfechos con este aumento. La idea es estirar al máximo la transición, pero no hay ninguna intención del gobierno de impedir el aumento de remuneración, porque eso se buscaba con esa indicación".

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