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Según las actas, el directorio de La Polar conoció las repactaciones múltiples a sus deudores para generar falsas ganancias. Más aún, entre sus ejecutivos, operó una asociación ilícita para defraudar a clientes y accionistas.
Existió otro sector especialmente dañado: los trabajadores afiliados a aquellas AFPs que –usando fondos previsionales-, invirtieron en La Polar, comprando parte de su propiedad y de su deuda.
En efecto, cuatro AFPs –Provida, Capital, Cuprum y Hábitat- con 59.581.260 acciones, eran dueñas del 24% de La Polar y, por esa razón contaban con representantes en un directorio que debió rechazar las ilegalidades contra sus más de 400 mil clientes.
No solo avalaron la administración, sino que dando un paso más riesgoso aún, a fines del año 2010, las AFPs compraron bonos de la deuda de La Polar, arriesgando en total US$ 705 millones de dólares pertenecientes a los Fondos Individuales de Pensiones de sus afiliados.
Estas desprolijas operaciones, generaron pérdidas a los trabajadores en el monto de sus Fondos de Pensiones y, por ende, en el monto de sus pensiones.
Las AFPs, por ley, están obligadas a cautelar el patrimonio previsional de los trabajadores afiliados y no pueden hacer inversiones riesgosas, entonces, ¿Por qué invirtieron hasta en bonos de la deuda de La Polar?
Una AFP salvó parte de los Fondos y logró vender, parte de ellos antes de la crisis, vendió el 25% de las acciones que tenía. Hablamos de AFP Capital que tenía 12.484.901 acciones en La Polar, al vender una parte, se quedó con 9.099.057 acciones.
Ahora la AFP Capital, perteneciente al grupo ING de Holanda, informó que decidió "hacer la pérdida" y tomó la decisión de vender todas sus acciones, que equivalían al 5% de la propiedad de La Polar, comprada con los Fondos A y C de sus afiliados. Indignante.
Los organismos que tenían que fiscalizar, estaban obnubilados con la habilidad de estos ejecutivos. Todos sus pares los aplaudían.
Tanto, que el año pasado, eligieron a Pablo Alcalde, ex gerente general y ex presidente de La Polar, el mejor, el más brillante, ejecutivo de los últimos 10 años.
Ahora se sabe que, en realidad, lo premiaron por el falso prestigio que ganó estafando a modestos clientes, porque fabricaba utilidades y con ellas construía falsos balances que respaldaba con falsas auditorías de la Price Waterhouse Cooper.
Es decir, también engañaron a pequeños accionistas con balances falsos. Además los ejecutivos tenían Sociedades de Inversión que le prestaban servicios a La Polar, misma empresa que ellos administraban.
Estos ejecutivos, también recibían bonos por las utilidades y los directores porcentajes de esas falsas utilidades. Otra argucia detectada, eran los préstamos que se hacían a cuenta de los bonos de desempeño, como cuando Pablo Alcalde, -el 17 de diciembre de 2008- informó al directorio que había aprobado un préstamo por $ 339.500.000 a cinco ejecutivos, a cuenta de los mencionados futuros bonos por buen desempeño.
¿Dónde estaban los fiscalizadores? ¿Qué hicieron los directores de las AFPs? ¿Dónde estaban los directorios de estas AFPs que no cruzaron datos? ¿Dónde estaba la Superintendencia de Pensiones que no fiscalizó?
Fueron abogados privados, Andrés Sepúlveda y Andrea Silva, quienes asesorando a un amigo inversionista, al cruzar datos públicos, descubrieron el desfalco.
En cifras, al 31 de mayo de 2011, las AFPs tenían invertidos US$ 330 millones en acciones, equivalentes al 24% de la propiedad de La Polar, además de US$ 375 millones "invertidos en bonos de la deuda" según la Superintendencia de Pensiones. En total, US$ 705 millones entre acciones (papeles) y bonos de deuda de la multitienda.
AFP Habitat, en un comunicado, admitió que tenía "inversión tanto en acciones como bonos emitidos por la empresa La Polar". Sugiriendo que fueron engañados, dijo: "La Polar, no sólo engañó a sus clientes, sino que a accionistas, acreedores, proveedores, etc., al presentar información financiera falsa", anunció "acciones civiles y penales, a fin de cautelar los intereses de nuestros afiliados".
Los trabajadores más perjudicados son los que deberán pensionarse en este periodo. Lo peor es que ni siquiera encuentran apoyo en la Superintendencia de Pensiones quien comunicó, que solo si "se llega a probar que hubo negligencia en la administración de los Fondos de Pensiones, podría haber compensación"
Quedó en evidencia que en el retail no existe transparencia y que los Fondos Individuales de Pensiones de los trabajadores no están suficientemente resguardados frente a administradores o políticas irresponsables y que al mercado le falta regulación. ¿Cómo es posible que las auditorías y las clasificadoras de riesgos las paguen los mismos que hacen trampas?
El gobierno además de sancionar ejemplarmente a las AFPs debiera, a través del Estado, indemnizar a los afiliados que perdieron parte de su patrimonio de sus Fondos de Pensiones.
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