martes, junio 07, 2016

Sebastián Piñera entregó su propia visión sobre demanda de Chile contra Bolivia

Sebastián Piñera entregó su propia visión sobre demanda de Chile contra Bolivia

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6 junio, 2016

El ex Mandatario indicó que "Bolivia permanentemente miente y amenaza a la opinión pública".

El ex Presidente Sebastián Piñera se refirió la tarde de este lunes a la demanda anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz, la cual busca determinar el carácter internacional del río Silala.

"Yo apoyo con convicción la decisión chilena de demandar a Bolivia en busca de certezas jurídicas por el río Silala", señaló el ex Mandatario.

Además, fue enfático en sotener que "todos los chilenos estamos aburridos de los insultos, las mentiras y las amenazas del presidente Evo Morales, además de la grosera utilización que él hace de las relaciones internacionales con Chile para suplir su debilidad en la política y sociedad boliviana", sentenció Piñera.

Añadiendo que "Bolivia permanentemente miente y amenaza a la opinión pública".

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Rodrigo González Fernández
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Vial Concha dice que Caval "copió" informes de internet y se los vendió en mil millones

Vial Concha dice que Caval "copió" informes de internet y se los vendió en mil millones

El dueño de Graneles del Sur argumentó en su querella que fue víctima de una estafa. Además, sostuvo que Compagnon le vendía correos electrónicos y chats de ejecutivos de su empresa.

Víctor Rivera y Jorge Soto07 de junio del 2016 / 01:32 Hrs

El empresario rancagüino, y dueño de Graneles del Sur, Gonzalo Vial, llegó el viernes hasta el Juzgado de Garantía de Rancagua para querellarse en el caso Caval por el delito de estafa contra todos quienes resulten responsables. Ello, pues se habría sentido engañado por los servicios que le prestó la firma de Mauricio Valero y Natalia Compagnon, por los cuales pagó mil millones. 

Sin embargo, este no habría sido el único pago de Vial, puesto que también habría pagado a Compagnon para la elaboración de informes relativos a un supuesto fraude que acechaba a su empresa.  Según consigna en la querella, en 2012 Vial dice que se reunió con Compagnon, quien le dijo que tenía una empresa que se llamaba Caval, donde trabajaban profesionales de todas las áreas. 

Luego, agrega el documento, se integraría a estas citas de trabajo Mauricio Valero, quien -según  el empresario-  "comenzó a ofrecerme realizar gestiones y trámites de dudosa legitimidad ante diversos servicios públicos, tales como el SII (Servicio de Impuestos Internos)". 

Esto motivó a Vial a separar de las reuniones a Valero, estableciendo su relación comercial "estrictamente con la señora Compagnon". Finalmente, el acuerdo sería que Caval asesorara a Graneles del Sur en negocios mineros y portuarios por los cuales la empresa de Vial pagó mil millones de pesos. 

Como el trato del empresario era directo con Compagnon, Vial dice que le comentó a la nuera de la Presidenta que tenía sospechas de un complot en su contra, dentro de la empresa. "Caval ofreció sus asesorías, también, en temas de seguridad y detección de fraudes a través de expertos de su empresa y/o externos, razón por la cual, al poco tiempo comenzó a entregarme información y documentos, que daban cuenta de maquinaciones de ejecutivos, cuyo objeto aparente era defraudar a mi empresa", expone en su querella. 

Por este servicio, Vial dice que se le entregaron "carpetas con supuestos correos, entre gerentes y ejecutivos relacionados con mis empresas (...) De acuerdo a lo que me señalaba la señora Compagnon, había sido obtenida -desde la internet- por un experto". Por estas "asesorías", dice Vial, "no se celebró contrato alguno, ni existen facturas directamente asociadas a ellas". 

Sin embargo, en la querella, Vial explica que en marzo de 2013 vio que ninguna de las dos asesorías por las que le pagaba a Caval avanzaba, ni las portuarias y mineras, ni las relativas al supuesto complot en su empresa. Es por eso, que puso fin al acuerdo, pero por recomendación de Compagnon contrató a Victorino Arrepol, ex asesor de Caval.

Este último, no obstante, le habría confesado que "él era quien había detectado actividades fraudulentas por parte de empleados a mi empresa, y para mi sorpresa, que en Caval se había manipulado la información que me entregaban sacando y/o poniendo información con el objeto, en definitiva, de obtener más dinero de mi empresa".  Vial dice que después que se destapó el caso Caval decidió romper relaciones con la empresa y Arrepol. 

El supuesto engaño

Para fundamentar el delito de estafa, Vial reveló que, además de haber sido engañado con la información de su empresa, también habría sido estafado con los informes mineros y portuarios. "No son más que copias -a las que no se les cambió ni una coma-, obtenidas de trabajos publicados en la internet por terceros ajenos a Caval, varios de ellos, incluso, protegidos, por el derecho de propiedad intelectual", dice en la querella. 

Para probar esto último, Vial adjunta una serie de enlaces de internet que dice son iguales a los que le vendieron. "Ha existido engaño, al atribuir, por parte de la señora Compagnon, la autoría de los informes referidos a Caval o, en su caso, a terceros contratados especialmente a estos efectos (...) Esta falsa representación de la realidad, a su turno, motivó el pago -disposición patrimonial-, de $ 1.000.000.000 por trabajos que nunca, en realidad, se realizaron", expuso. 

Finalmente, Vial copia antecedentes entregados por Caval y pide citar a declarar a los autores originales de la información que se habría atribuido la empresa Compagnon y Valero.

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Una de #malasreformas, Gobierno dilata una definición sobre la reforma laboral y explora opción constitucional

Gobierno dilata una definición sobre la reforma laboral y explora opción constitucional

Convocará "equipo técnico jurídico" que evalúe cambio para reponer titularidad sindical. Idea requiere respaldo de la oposición, que ya anunció rechazo. Sector privado también la criticó.

César Valenzuela07 de junio del 2016 / 02:30 Hrs

No hubo acuerdo y la reforma laboral entró al congelador. Así interpretan varios personeros al interior del Ejecutivo la decisión del gobierno  de suspender el veto presidencial ingresado hace un mes -y la tramitación de una futura ley corta- y explorar en cambio una reforma constitucional para reponer la titularidad sindical, aspecto clave del proyecto que fue impugnado por el Tribunal Constitucional (TC).

"El paso que hemos acordado es constituir un equipo técnico jurídico con las distintas bancadas parlamentarias para explorar el contenido y la viabilidad de esa reforma constitucional", señaló ayer el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, tras el comité político en La Moneda. "Esperamos, y esa es la instrucción que nos dio la Presidenta esta mañana, hacerlo en el plazo más breve posible, agotar los esfuerzos en un tiempo razonable porque nos interesa concluir la discusión de la refoma laboral a la brevedad", aseguró Díaz.

La decisión del gobierno de suspender el veto, posterga por ahora indefinidamente la promulgación de la reforma laboral. Considerando que la iniciativa contempla un período de vacancia de seis meses, lo anterior hace en la práctica inviable que entre en vigencia este año. Adicionalmente, hace innecesaria la tramitación de una ley corta para adaptar la normativa a lo dictaminado por el TC. De esta manera, continúa vigente el actual Código del Trabajo.

En las últimas semanas, luego de conocerse el fallo del TC (9 de mayo) que rechazó la titularidad sindical y estableció su coexistencia con grupos negociadores, los equipos técnicos de Hacienda, Trabajo, y la Segpres se abocaron a la búsqueda de fórmulas para viabilizar técnica y políticamente la reforma laboral al interior de la Nueva Mayoría. 

Sin embargo, quienes conocen esas conversaciones, afirman que no fue posible alcanzar un acuerdo al interior del oficialismo sobre si tramitar o no el veto y respecto de los contenidos de la ley corta. Mientras desde Hacienda y algunos sectores DC plantearon la necesidad de admitir la coexistencia de sindicatos y grupos, y reponer los pactos de adaptabilidad, otros sectores más cercanos al PS y PPD consideraron que ello no representaba avances sustantivos respecto de la actual normativa y al mismo tiempo no cumplía con el compromiso programático del gobierno.

En ese contexto al interior de la Nueva Mayoría, entre ellos la DC que ingresó una moción parlamentaria en ese sentido, tomó fuerza la alternativa de un cambio constitucional, opción planteada inicialmente por la presidenta de la CUT, quien ayer valoró el anuncio del Ejecutivo.

Apoyos

A través de una reforma Constitucional se buscaría modificar el artículo 19, sobre negociación colectiva, asegurando la preeminencia del sindicato sobre los grupos negociadores. Dicha modificación a la Carta Fundamental requiere de a lo menos dos tercios de los votos de los parlamentarios. 

En el Senado esto significaría 24 de los 37 votos de los legisladores en ejercicio. En la Cámara Alta la Nueva Mayoría cuenta con 18 senadores, por lo que para alcanzar el quorum necesario requeriría sumar seis votos adicionales entre los legisladores independientes y de la oposición.

Sin embargo, el senador RN, Andrés Allamand, descartó de plano ayer apoyar la propuesta del gobierno. "Si impugnamos la titularidad en el TC es evidente que vamos a rechazar cualquier propuesta que implique un monopolio de la negociación colectiva a través de los sindicatos", sostuvo. Por su parte, el senador UDI Hernán Larraín afirmó que "no vamos a aceptar este cambio a la Constitución, porque pasa a llevar a los trabajadores no afiliados y rompe los conceptos de libertad de asociación".

También el sector privado cuestionó la decisión del gobierno. El presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock dijo que ello afecta el derecho a negociar establecido por la Constitución y añadió que "llama la atención que la decisión se contradiga con el propósito explicitado por los ministros del área económica, de generar certezas, de promover la productividad y el crecimiento".  

 

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