Constitución prohíbe intervención de parlamentarios en conflictos gremiales:
Alianza analiza acciones por rol de diputados en el caso Codelco
Se plantea recurrir al Tribunal Constitucional o que la Cámara represente conductas de riesgo.
HERNÁN CISTERNAS
Diputados de la Alianza coinciden en que un grupo de parlamentarios de la Concertación se ha puesto al límite de la legalidad al intervenir en el conflicto de los subcontratistas de Codelco -expresamente prohibido por el artículo 60 de la Constitución-, sin embargo, tienen visiones distintas respecto de los caminos a seguir.
Mientras unos estudian la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional -lo que se puede hacer con la firma de diez legisladores-, la mayoría espera que el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Walker (DC), o la Comisión de Ética de la corporación hagan notar a los parlamentarios que se ha encendido una luz amarilla o de advertencia, que de persistir podría llevar a la inhabilidad y pérdida del cargo de los infractores.
José Antonio Kast, jefe de la bancada de diputados de la UDI, indicó que el tema reviste gravedad y que junto a Patricio Melero (UDI) están estudiando si en su mérito corresponde llevar el caso al Tribunal Constitucional.
Precisó que "no estamos diciendo que lo vamos a hacer o no, sino que es una posibilidad que se analiza". Agregó que si algunos parlamentarios estiman que aquí se salió del rango constitucional, "lo que corresponde es iniciar las acciones legales respectivas".
El diputado Cristián Monckeberg, vicepresidente de RN, señaló que el artículo 60 de la Constitución establece que cesará en su cargo el senador o diputado que ejerza "cualquier influencia" ante las autoridades administrativas o judiciales en favor de una de las partes en conflicto, por lo que habría que precisar si los parlamentarios PS, PPD y DC ejercieron "dicha influencia" o sólo hicieron llamados generales, sin abanderizarse.
Dijo que el anuncio de acusación constitucional que hicieron en contra del ministro de Hacienda, puede interpretarse como un acto de fiscalización de los parlamentarios -al invocar una herramienta que sanciona a quienes no cumplen con su rol-, pero también puede considerarse que fue planteada como una amenaza para "influir" en favor de una de las partes.
Marcelo Forni (UDI) sostuvo que la Constitución es clara sobre la materia, pero en muchos otros casos -no sólo en el de Codelco- se han repetido situaciones similares, por lo que espera que los organismos internos del Congreso precisen el alcance de esta norma y la apliquen "porque hasta ahora ha sido letra muerta".
Francisco Chahuán (RN) comparte que los parlamentarios que han intervenido en el conflicto de Codelco se han puesto al borde de la legalidad, pero estima que lo que corresponde por ahora es que a través de las instancias pertinentes se les represente esta situación. "Quienes se han excedido lo han hecho ante el drama que afecta a los trabajadores subcontratistas, pero es bueno que se aclare que lo que más podemos hacer en estos casos es fomentar el diálogo, pero en ningún momento intervenir a favor de una de las partes de un proceso sindical".
Piñera: hay contradicciones
La carta presidencial de RN, Sebastián Piñera, acusó al gobierno de haber contribuido a agravar el conflicto entre Codelco y los contratistas debido a sus conductas erradas y contradictorias. Señaló que por un lado el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, "daba la impresión que promovía esta huelga", mientras que el titular de Hacienda, Andrés Velasco, y el presidente de Codelco, José Pablo Arellano, "defendían el interés de la empresa y el de todos los chilenos". Pidió que se clarifique la posición del Ejecutivo, porque dos visiones agravan el problema en vez de resolverlo.
Sesión especial de la Cámara
Diputados de Renovación Nacional y de la UDI lograron reunir las firmas para que la Cámara de Diputados realice una sesión especial destinada a analizar la situación laboral en los servicios públicos y en las empresas del Estado, al señalar que a diferencia de lo que ocurre en el sector privado, en estas últimas es donde más se infringe la Ley de Subcontratación, aprobada el año pasado.
El diputado Francisco Chahuán (RN) indicó que: "El Estado es el peor empleador que conocemos. No sólo incumple la Ley de Subcontratación en sus empresas, sino que tampoco respeta las normas que obligan a los ministerios, direcciones nacionales y servicios públicos a tener como mínimo un 80% de personal de planta y a reducir a 20% el de contrata".
El parlamentario señaló que en la sesión especial se pedirá al Gobierno que entregue los antecedentes detallados sobre el tema, así como las medidas que pretende adoptar para normalizar la situación. "El Estado no puede pasar por alto las leyes laborales, sino cumplirlas".
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