| La agricultura nortina enfrenta la presión de la gran minería por el agua. Las opciones van desde la colaboración hasta la prohibición de nuevos proyectos extractivos.  Eduardo Moraga Vásquez Ya van siete años. Ni una gota de agua en ese tiempo. Parece una historia sacada del Antiguo Testamento. Sin embargo, ocurre ahora, en Chile, en el valle de Copiapó.
Son más de tres mil hectáreas de olivos y parronales de uva de mesa, ubicadas entre la ciudad que da nombre al valle y la desembocadura en el mar, que sobreviven a punta de agua subterránea. Por generaciones, esas napas se rellenaban por algunas esporádicas lloviznas, cosa que no ocurre desde 2003, y por el flujo superficial y bajo tierra que venían de la cordillera. Sin embargo, esas aguas ya no llegan. A la creciente demanda de los agricultores aguas arriba, en el último par de décadas se sumó un sediento y cada vez más demandante actor: la gran minería.
Grosso modo, por cada 40 litros que usa la agricultura desde Copiapó a la cordillera, la minería ya ocupa 15 y 8 la población.
Si la situación hoy es gris, el futuro luce oscuro. Nuevos proyectos mineros podrían elevar en un tercio la demanda minera por agua en los años próximos.
"El desarrollo agrícola de todo Copiapó está en peligro. El Estado tiene que hacerse cargo del problema", afirma Carlos Araya, administrador de la Comunidad de Aguas Subterráneas de Copiapó, Tierra Colorada y Desembocadura.
Si bien la agricultura y la minería han convivido -con mejor o peor relación- en toda la historia de Chile, especialmente en el Norte Chico, también es cierto que en los últimos años las áreas de conflicto se han multiplicado. Ambos actores se pegaron un estirón. La agricultura de subsistencia de hace medio siglo fue reemplazada por la tecnologizada y masiva producción de uva de mesa, cítricos y olivos enfocados en la exportación.
Paralelamente, la minería vive un momento de auge histórico. A la liberalización del ingreso de empresas extranjeras en los 80 se sumó la estabilidad de política lograda por Chile con el retorno de la democracia en los 90 y el actual auge de los precios de los metales gracias al crecimiento de China. Con recursos económicos que los agricultores no pueden ni soñar, sólo en los proyectos mineros en estudio hay inversiones potenciales por US$ 50 mil millones, que han puesto presión extra al uso del agua, la mano de obra y el medio ambiente en el norte del país.
El problema para los agricultores nortinos es que la forma en que en Chile se regula la convivencia entre agricultura y minería está en pañales.
Si bien hay avances, como la obligación de presentar estudios de impactos ambientales, también hay problemas importantes, como por ejemplo, la fuerte asimetría en recursos financieros y profesionales de las asociaciones de agricultores o canalistas, que les dificulta confrontar las investigaciones que presentan las empresas mineras.
El arco de opciones que se barajan en la actualidad para las relaciones entre agro y minería es amplio. Desde quienes piensan que, de frentón, se debe prohibir las inversiones mineras en ciertas áreas, hasta quienes argumentan que los agricultores pueden establecer beneficiosas alianzas con los mineros. La carta que elija el país marcará el destino de toda la agricultura nortina.
Intenso lobby
Que las relaciones entre agro y minería es una de las áreas candentes en la actualidad queda claro al hablar con los líderes ambientalistas.
"La minería no sólo usa muchos recursos, como el agua, sino que es altamente contaminante. Genera riqueza por unos años, pero luego cierra, alteran las fuentes de agua y dejan recuerdos como los relaves. En cambio, la agricultura, aunque también contamina, pero en mucho menor escala, genera trabajo y sostiene comunidades rurales por generaciones", explica Luis Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.
Cuenca enumera los problemas de agua de los oasis de Pica y Matilla, la contaminación del río Loa y la desaparición del río Salado como pruebas en favor de su posición.
En el fondo, para los ambientalistas, el agro sólo pierde con la presencia de la minería.
Sin embargo, la mirada entre los dirigentes agrícolas es distinta. "Queremos alejarnos de la idea del 'versus'. Con la minería podemos tener una relación mutuamente beneficiosa y aprovechar las sinergias", argumenta Juan Pablo Matte, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura.
La lectura que hacen los líderes sectoriales es que, en el último par de años, las mineras dieron un giro en su relación con el agro. La razón es una mezcla de mayores exigencias ambientales en Chile y la fuerte oposición de ONG ambientalistas internacionales. En términos simples, la mesa de negociaciones se emparejó.
Un ejemplo de ese nuevo espíritu lo vivió en carne propia Alejandro Ayres, por entonces presidente de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, en 2005.
Entre los agricultores de ese valle había temor por el futuro cierre de la mina El Indio, de la canadiense Barrick, en plena precordillera. La posibilidad de que material contaminante abandonado terminara aguas abajo podía, literalmente, matar su negocio.
La minera convocó a representantes de agricultores y de la comunidad elquina para acoger sus aprensiones sobre el cierre del yacimiento, actividad que según la legislación chilena no es obligatoria.
Alejandro Ayres se sorprendió del resultado de las conversaciones. Luego de tiras y aflojas en la mesa de negociaciones, los ejecutivos de Barrick acordaron poner cerca de US$ 60 millones en medidas paliativas para enfrentar el cierre de El Indio.
Ayres recuerda como personalmente supervisó la reconstrucción del río Malo, un tributario del Elqui, que había sido desviado para abastecer a las faenas mineras. Luego de ser reencauzado, el río, aunque con un menor caudal que en la antigüedad, volvió a contribuir a la actividad agrícola del valle nortino.
"Esa negociación ayudó a fijar los estándares de cómo deben resolverse los problemas que acarrea la minería. Mi experiencia es que esas empresas, desde hace unos pocos años, están más abiertas a conversar y a tener una buena relación con los agricultores", afirma Alejandro Ayres.
Según Juan Ramón Candia, director del programa de Medio Ambiente de la Fundación Chile, "las compañías mineras están sujetas a muchas presiones en el exterior y no les interesa para nada comprarse un problema social o con los agricultores. Una parte importante de la propiedad de las mineras está en manos de fondos de pensiones de países desarrollados y sus afiliados son muy sensibles; por ejemplo, a las denuncias de los medios de comunicación".
Qué hacer
Las diferentes miradas sobre este tema tienen implicancias prácticas. Cada actor está haciendo lobby para imponer sus reglas del juego en las relaciones agro y minería.
Para las organizaciones ambientalistas el dictamen es claro sobre lo que tiene que hacer el país. "Por el bien de las comunidades, de los agricultores y del medio ambiente no se deben permitir proyectos que afecten glaciales, áreas protegidas y nacimientos de cuencas y ríos", exclama Luis Cuenca.
En tanto, en las organizaciones agrícolas se apunta a elevar las relaciones entre ambos grupos a niveles insospechados.
La SNA está tirando líneas para posicionar al agro como un oferente de servicios ambientales a ese rubro extractivo.
"La minería es una actividad contaminante, mientras que la agricultura entrega beneficios al medio ambiente, como la captura de CO2 del aire, un elemento asociado al efecto invernadero. Perfectamente, podemos servir para que la minería amortigüe sus efectos negativos", explica Juan Pablo Matte.
Otro elemento en que se espera colaboración es en la provisión de agua. Los productores quieren que las mineras asuman una mayor inversión para aumentar el caudal de agua en los valles nortinos.
"Esas empresas manejan un nivel de recursos que los agricultores nunca van a tener. Por ello, esas compañías tienen que apuntar a crear plantas desalinizadoras de agua marina, establecer mecanismos para rescatar las aguas antes de que lleguen al mar o crear los canales necesarios para llevar agua de una cuenca a otra", afirma Rafael Prohens, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Copiapó.
En tanto, desde el punto de vista de los analistas del sector, se apunta a que el Estado tiene que asumir un papel más activo en asegurar una mayor igualdad entre ambos sectores.
"Las empresas mineras, como tienen recursos suficientes, pueden entregar un estudio ambiental de muchos tomos.
Los agricultores o la ciudadanía, muchas veces, no tienen la habilidad para evaluarlo. Hay una asimetría en el manejo de la información. Es importante que el Estado provea de esas herramientas, como por ejemplo, a través de un Ombudsman, defensor público, ambiental", afirma Juan Ramón Candia.
Las propuestas están, ya es hora que el país tome una decisión. El Estado tiene que asegurar una mayor igualdad entre ambos sectores productivos. Eduardo Moraga Vásquez.
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