Los indígenas bolivianos marchan para que se apruebe la ley para la reversión y expropiación de latifundios propuesta por el presidente Evo Morales, mientras los productores agropecuarios protestan en contra de la medida.
Evo Morales quiere imponer su proyecto de reforma agraria ante la resistencia de los productores. |
Los indígenas se dirigen a La Paz en tres marchas que provienen del oriente, del occidente y del norte del país. Por su parte, los agropecuarios se declararon este martes en movilización permanente. Su primera acción consistirá en organizar otra marcha la próxima semana que confluirá en Santa Cruz, la capital económica del país.
A medida que las protestas aumentan en las carreteras, la Cámara de Diputados -igual de polarizada que los sectores sociales- aprobó la polémica norma llamada Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) quiere imponer el proyecto del gobierno mientras los opositores usan todos los medios a su alcance para frenar su aprobación.
El plazo que puso el partido de Evo Morales para aprobar la norma vence este miércoles, aunque no exista el consenso para hacerlo. Sin embargo, la norma después deberá ser refrendada por el Senado, controlado por la oposición.
Precisamente cuando eso suceda, se prevé que las marchas de indígenas confluyan en La Paz.
El líder de la movilización de los indígenas del oriente, Adolfo Chávez, dijo a BBC Mundo que se prevé la llegada a La Paz hacia fin de mes.
La columna se encuentra actualmente detenida en una población rural de Cochabamba, en el centro de Bolivia. Allá, dos de sus miembros fallecieron cuando una vagoneta arrolló a una docena de personas que participan en las marchas.
Chávez afirmó que la marcha de indígenas que partió hace dos semanas no se detendrá pese al accidente, puesto que pretende que "las grandes propiedades de los ricos sean revertidas al Estado y que luego sean repartidas a los indígenas".
Visiones contrapuestas
BBC Mundo también entrevistó al representante de los productores del oriente, Carlos Rojas, quien dijo que "el gobierno busca hacer política con la ley (de tierras), no busca acelerar el saneamiento y con eso lleva a la confrontación".
La reversión y la expropiación de tierras son los asuntos centrales de la nueva ley. Rojas comentó que mientras el gobierno pretende inspeccionar la función económica y social de la tierra cada seis meses, el agro quiere que eso suceda cada cinco años.
Se intenta distribuir entre campesinos tierras que están en manos de los terratenientes. |
Según la norma, si la tierra no cumple una función económica y social debe ser revertida al Estado. En caso de que se diera la expropiación, los agropecuarios exigen la indemnización del Estado en función al precio del mercado.
Las otras demandas tienen que ver con el poder que el gobierno quiere darle al INRA, un organismo centralizado que depende del Estado y cuya principal función es el saneamiento de tierras. Los empresarios quieren mantener algunas atribuciones para sus gobiernos departamentales.
Además, los empresarios se oponen a la propiedad colectiva de la tierra, que es promovida por el presidente Morales.
Ante la demanda de los agropecuarios del oriente, el presidente ratificó este martes su intención de revertir las tierras al Estado.
"Necesitamos una ley de modificación para revertir la tierra de los terratenientes y distribuirla equitativamente entre campesinos, indígenas y colonizadores", dijo en un acto de entrega de tractores a los campesinos del altiplano.
Chávez, el dirigente de los indígenas, reconoció que su propuesta de modificación de la Ley INRA "tiene muchas coincidencias" con el Gobierno, pero aseguró que la marcha no está siendo patrocinada por el Poder Ejecutivo, tal como aseguran los sectores empresariales del oriente.