La semana política Consejo para la Transparencia: avances y retrocesos
Pese a ser una semana laboralmente breve, la actividad pública tuvo una intensidad inusual, a lo que contribuyó la reunión de la Unasur, que convocó con carácter urgente a nueve jefes de Estado en La Moneda, para analizar la crisis de Bolivia.
Sólo horas después de que el último Mandatario extranjero abandonara el país, la Presidenta Bachelet comunicó la nómina de cuatro integrantes del Consejo para la Transparencia que propondrá al Senado. La nueva Ley de Acceso a la Información creó esta instancia, llamada a ser el órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento de la nueva normativa por el sector público. Pese a estas delicadas responsabilidades, las deliberaciones en torno a su constitución -llevadas a cabo con un sigilo algo paradójico para una institución que deberá velar por la transparencia- subrayaron en su conformación los equilibrios políticos más que el perfil y la experiencia profesional que debieran reunir sus integrantes. Con todo, cabe destacar que la propuesta presidencial al Senado incluye a cuatro profesionales de alto nivel, con experiencia legislativa, ejecutiva y oficio a este respecto en la sociedad civil.
El Senado votará la propuesta presidencial a mediados de octubre, tras una audiencia con los cuatro nominados, que por primera vez será pública y transmitida por la señal televisiva del Congreso. Se inaugurará así una sana práctica que en adelante se aspira a utilizar también para otras designaciones en las que esa corporación debe pronunciarse, como los miembros de la Corte Suprema y los del directorio de TVN.
Esta decisión que se autoimpone el Senado confirma que la cultura de mayor transparencia y acceso a la información pública supone bases legales, pero también convicciones, voluntad política y prácticas más exigentes que las de la ley. Sin ellas, es difícil que se consoliden las innovaciones legales -como sucedió con las fallidas disposiciones sobre transparencia y acceso en la Ley de Probidad- y que se fortalezcan la confianza y credibilidad ciudadanas.
Esta misma semana aportó antecedentes de lo mucho que aún falta por avanzar en esta materia. Por de pronto, se hizo público el dudoso mecanismo que estaría usando el Gobierno -pese a la negativa original del INP- para pagar una deuda previsional de dos millones de pesos a casi un millar de jubilados de la XII Región, quienes durante años cotizaron con una tasa adicional, sin que eso se tradujera en mejores pensiones.
El reconocimiento de esta deuda fue una condición del senador Bianchi (Ind.) para apoyar la primera entrega de recursos para financiar las pérdidas del Transantiago. Sin embargo, con prescindencia de su origen y legitimidad, los mismos beneficiarios de esos dineros -que estiman les pertenecen- reprueban la fórmula de asistir a unos supuestos cursos en la "Universidad de la Vida" para recibir su pago. Tales cursos aún no se imparten ni su contenido es claro, pero los jubilados ya han recibido el primer millón de pesos. Hay fundadas sospechas de que se trate de una mera simulación para no incurrir en una asignación directa -de legalidad discutida- del gobierno regional a los beneficiarios.
Sorprende la facilidad con que algunas autoridades y entes públicos idean mecanismos para eludir las regulaciones legales, apoyándose en la licitud e interés público de sus objetivos -calificados por ellos mismos-. Esto recuerda las irregularidades y triangulaciones en la Dirección de Concesiones del MOP y, más recientemente, la audaz idea de recurrir a un préstamo del BID para financiar las pérdidas del Transantiago, sin pasar por el Congreso.
Transparencia: también en la competencia electoral
El Consejo para la Transparencia debe ser un importante apoyo para la ciudadanía, el mundo político y los medios, al escrutar y exigir cuenta a las autoridades sobre el uso dado a los recursos fiscales y la forma en que se han cumplido las responsabilidades públicas. Incluso debe ser un aporte a la transparencia de los procesos electorales.
En ese plano, la Alianza dio a conocer el martes un completo informe sobre casos de intervención electoral de autoridades de la Concertación en favor de candidatos de ese sector en la contienda municipal. Ese texto, que recoge situaciones de distinta gravedad y que demandan investigación, incluye un acápite sobre casos de funcionarios que mantienen su relación contractual con el Estado, pese a haber sido inscritos como candidatos, contraviniendo así instrucciones expresas de la Mandataria y del ministro del Interior. Asimismo, se describen conductas y actuaciones que, reeditando prácticas ya utilizadas en anteriores comicios, hoy despiertan creciente rechazo en la ciudadanía. Ésta ha tomado conciencia de la gravedad de situaciones como el desvío de dineros fiscales a campañas parlamentarias, o el uso de servicios públicos para almacenar propaganda de un candidato presidencial, o la asignación de bonos y subsidios por intermediación del candidato oficialista.
La Alianza confía en la contundencia de los antecedentes que ha reunido, en la sinceridad de las declaraciones presidenciales y en la firmeza que ha anunciado el ministro Pérez Yoma para hacer respetar las instrucciones. Las señales y estándares de la elección municipal serán fundamentales para la ulterior contienda presidencial. La estrecha definición que se prevé en 2009 puede llevar a que funcionarios temerosos de perder sus cargos se arriesguen a intervenir en la contienda electoral.
En ese marco, tuvo especial alcance la homilía de Fiestas Patrias del cardenal Errázuriz, quien, entre abundantes alusiones a tópicos de la contingencia política -como el Transantiago, la crisis económica internacional y el acuerdo educacional, entre otros-, hizo un oportuno llamado a dejar de usar los "hechos del pasado como arma política de hoy", a "evitar las descalificaciones personales" y a buscar "el bien de Chile, y no en primer lugar el bien de su grupo político o de sí mismo".
