La palabra lobby se empleaba en la Cámara de los Comunes británica desde mediados del siglo XVII para referirse a aquellos ciudadanos que abordaban a sus representantes políticos en los pasillos para contarles velozmente sus preocupaciones. Los norteamericanos tienden a apropiarse del término asegurando que fue el presidente Ulysses Grant quien empezó a llamar 'lobistas' a las decenas de personas que le abordaban a diario en el vestíbulo del Hotel Willard, donde acostumbraba a tomarse un brandy y fumar un puro, aunque lo cierto es que el término ya existía incluso en Estados Unidos, parece claro que por influencia británica.
"El lobby más que un fenómeno anglosajón es un fenómeno tremendamente humano. La sociedad, ante las limitaciones de la representación política necesita hacer valer sus posiciones frente a los poderes públicos. Esto es universal y sucede en cualquier país del mundo", explica el profesor de derecho Constitucional de la Universidad Complutense, Rafael Rubio. De hecho, el español tiene su propia palabra para describir esta actividad: 'cabildeo', que en su primera acepción hace referencia a la acción de gestionar con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación, si bien en la segunda alude al desarrollo de intrigas para conseguir algo.
El lobby surge de la necesidad de encuentro informal entre la sociedad civil y las empresas con el poder político, aunque es preciso entender que todo lobby informal tiene sus riesgos. Todas las leyes españolas, desde la Ley del Medicamento hasta la Ley del Juego, pasando por la reciente Ley de Propiedad Intelectual están sometidas a presiones. Desde el mismo momento en que empieza a sonar una determinada regulación, todos los agentes del sector en cuestión toman posiciones con ánimo de influir. Lo dicen los lobistas y lo reconocen los propios políticos, aunque ninguno lo proclame a los cuatro vientos ni explique exactamente el grado de presión al que ha estado sometido. Y este es, precisamente, el problema.
En España, casi nadie reconoce pertenecer a un lobby
"En España son pocos los lobbistas que se identifican como tales y reconocen abiertamente su ejercicio profesional. Reti lo reconoce abiertamente, aunque la mayoría usa términos, casi siempre anglosajones – porque creen que es más chic – como 'public affaires' o similares", explica el director de Reti en España, Julián Íñigo.
El gran caballo de batalla de los lobbies españoles es la falta de regulación, pese a que ha habido algunos intentos por implantar una normativa que regule su funcionamiento. "El primero fue durante el proceso constituyente, cuando Fraga intenta que el artículo 77 de la Constitución incluyera dos partes más en la que se regulasen los grupos de presión, aunque nunca llegó a aprobarse", explica el doctor en derecho Constitucional, Rafael Rubio.
Tras un intento de regulación por parte de Fraga, los de 1991 y 1993, también fracasaron
A partir de aquí hubo dos intentos más que tuvieron lugar en 1991 y 1993 con proposiciones no de ley que trataban de obligar al Gobierno, tras una serie de escándalos durante el período socialista, a regular esta función. La última mención a la regulación del lobby fue una promesa de Mariano Rajoy en el Debate sobre el Estado de la Nación, aunque todos los grupos políticos quisieron incluirla en la recientemente aprobada 'Ley de Transparencia' y el PP se negó. "En la Cámara hay unanimidad sobre la necesidad de regular el lobby. Ahora bien, la pregunta es cómo y cuándo llegará", observa Rubio.
Para el doctor en Derecho, "es difícil regular un encuentro informal en el que sólo se intercambia información porque esto se puede producir en cualquier momento y lugar y no necesariamente en un despacho o dentro del Parlamento". El director de Reti, una de las empresas de Comunicación de ofrecen servicio de lobby en España, Julián Iñigo, considera que hay figuras, como el intermediario "o lo que podríamos llamar 'conseguidor', que están haciendo mucho daño a nivel de imagen a la profesión". Por eso es importante – continúa –acometer cuanto antes una regulación "que huya de todo interés persecutorio y sirva para dotar de transparencia al lobbing"
"Los lobbies deberían ser los primeros interesados en que la gente los conociera"
Para Julián Íñigo, una regulación en España habría de tener por objeto "definir de forma clara lo lícito y lo ilícito, lo permitido y lo no permitido, pero huyendo de normas de grueso calado que impidan el libre ejercicio de la actividad o conviertan a los lobistas en un nuevo grupo corporativo", explica. Y al menos en el plano teórico, debería reunir estos principios básicos: transparencia (registro público); accesibilidad a los centros de decisión y acreditación (particularmente al Congreso y Senado); Responsabilidad (código ético del lobbista), y limitaciones (su trabajo nunca debe suponer un perjuicio del interés general).
Juan Francés, autor del libro ¡Que vienen los lobbies! El opaco negocio de la influencia en España, considera que los lobbies, la mayoría de ellos, son los primeros interesados en que haya la máxima transparencia. Para él, el camino sería dotar a las relaciones de la máxima transparencia, en la línea de los Estados Unidos. "Habría que instaurar un registro obligatorio de lobbies, esto implicaría la publicidad de una serie de informaciones como la identidad del grupo y de las personas que lo forman, del tipo de iniciativas sobre las que trata de influir, del dinero que invierten en su acción de lobby… Esto dotaría a los ciudadanos de una valiosa herramienta de información sobre cómo se produce el proceso de la toma de decisiones".
"Las agendas de los políticos deben ser públicas"
Para el periodista, también habría que formular un código de conducta y avanzar hacia la transparencia absoluta en las agendas de los diputados y responsables políticos. "Sería importante que todas las semanas sepamos los ciudadanos con quién se ha visto el político y para qué, de modo que si se está tramitando una ley, por ejemplo, de tipo financiero que afecta a los bancos y a las hipotecas y el político se ha reunido 17 veces con los representantes bancarios y ninguna con los representantes civiles, los ciudadanos tienen derecho a saberlo".
"Hay quien quiere ver esto como si se estuvieran abriendo las puertas del templo a los mercaderes metiendo a los lobistas en el Congreso – continúa Francés – pero la realidad es que ya está sucediendo y sin ningún tipo de transparencia. La regulación, lo único que hace es poner luz al proceso de toma de decisiones públicas", concluye. La regulación permitiría romper con esa máxima que se atribuye a Otto Von Bismarck y que dice que hay dos cosas que uno nunca debería observar cómo se hacen: las leyes y las salchichas. Dado el distanciamiento que hay hoy entre ciudadanos y políticos sería una iniciativa muy saludable empezar a enterarse.
En EEUU solo hay una norma: la transparencia, en Europa se imponen los registros de los grupos de presión
En EEUU la última regulación data de 1996 y en general la norma se centra en la transparencia. En Estados Unidos sabemos cuáles son los grupos de presión, qué labores desarrollan, con qué poderes públicos se relacionan y cuánto dinero invierten en esta labor. "No obstante, el lobby es tremendamente difícil de regular. En el Reino Unido llevan tratando de reformar la regulación casi cuatro años y todavía no se han puesto de acuerdo. Francia tiene un modelo de negociación que se centra en un registro que dificulta el acceso a la Asamblea Nacional, pero esto no termina de ser eficaz porque hoy en día hay millones de sitios donde hacer lobby", explica Rubio, que ve sin embargo interesante la última regulación aprobada, que llega de Chile. "Allí han ensayado una regulación bastante original al dar un giro a la regulación habitual y centrarse, no en los lobbies, sino en los políticos, a los que exigen la máxima transparencia, obligándoles a explicar con quién se han reunido y para qué", comenta.
A grandes rasgos, los modelos europeos son el de Alemania, que establece un Registro de grupos, el británico, que centra su actuación en el control de los parlamentarios tratando de restringir al máximo el tema de incompatibilidades y el francés, que también siguen países como Luxemburgo, Holanda y Finlandia y que se limita, como ya dijimos, a restringir el acceso al parlamento. Existen otras propuestas menores, como la que adopta Dinamarca y que se centra no en los lobbies, ni tampoco en los políticos, sino en las propuestas, que deben ser fundadas y presentadas con antelación para su estudio.
