Luis Schmidt Montes
Presidente de la SNA
En un par de semanas se iniciará la cosecha del principal cultivo anual del país, el trigo. Este cereal ocupa cerca del 50 por ciento de la superficie agrícola dedicada a cultivos anuales en el país. Un 75 por ciento del cultivo se concentra en las regiones del Biobío y La Araucanía. Se trata de unos 50 mil productores, más del 90 por ciento de ellos pequeños agricultores que siembran áreas inferiores a las 20 hectáreas. Y en este momento todos ellos están a la expectativa de los precios que recibirán por sus cosechas.
Esta señal de precio la dará la industria molinera en función del costo de importación del grano, porque el trigo, al igual que todos los productos nacionales, compiten con sus similares importados. Aunque en este caso con una gran diferencia: en su mercado impera una gran imperfección que amenaza la justa competencia.
Argentina, nuestro proveedor más cercano, posee una política comercial y de subsidios (control interno de precios y retenciones a las exportaciones) que baja artificialmente el precio de la harina de trigo para importación.
Por eso, reconociendo esta realidad y basándose en las evidencias presentadas por la industria molinera, la Comisión Nacional Antidistorsiones en el mes de julio pasado estableció un derecho antidumping provisorio de 30,3 por ciento para neutralizar esta distorsión.
Si bien esta medida está vigente en estos momentos, hay una situación que preocupa y que está generando mucha incertidumbre en los productores ad portas de la cosecha. El Gobierno no se ha pronunciado respecto de si este derecho será permanente o si se cambiará con el correr de los meses.
La Sociedad Nacional de Agricultura así como las asociaciones gremiales del sur estimamos imprescindible que el Gobierno apruebe a la brevedad el derecho antidumping definitivo a la importación de harina argentina, para así dar garantías de que la próxima cosecha del cereal se realizará dentro de un marco de real competencia y evitar, por otro lado, la presión de la molinería a bajar los precios con el pretexto de que no hay certidumbre en el mercado.
Si no se adopta este derecho definitivo, se estaría dando una pésima señal y se dejaría en una situación muy vulnerable a los 50 mil productores de trigo del país, quienes con una cosecha cercana a un millón 300 mil toneladas, abastecerán unos dos tercios del consumo nacional.
Esperamos que a la brevedad las autoridades adopten la medida antidumping en forma definitiva para dar una indicación clara a la industria molinera de que no se importará harina de trigo proveniente del vecino país, cuyos precios están artificialmente bajos por la política de subsidios que aplica el gobierno argentino.
Dar esta certeza es la única forma de asegurar que nuestros productores competirán en igualdad de condiciones y se resguarde el valioso potencial triguero de nuestro país.
Mirando al futuro, la sustentabilidad de este relevante grupo de productores también exige de parte de las autoridades una estrategia de largo plazo, que contemple programas efectivos de transferencia tecnológica, apoyo financiero y fomento productivo, que les permitan alcanzar crecientes niveles de productividad.
Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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