| Controversia sube de tono y se anticipan denuncias ante el CDE
Errázuriz y el MOP abren "guerra" por el agua en el desierto de la I Región Protagonistas del conflicto
Tres organismos del Estado investigan la actuación de la minera del ex senador y ex candidato presidencial y se espera que otros dos lo hagan en las próximas semanas.
El empresario contraataca denunciando un complot de su rival SQM.
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| El suministro de agua para consumo humano en Iquique enfrenta una creciente presión de la demanda de recursos de las grandes mineras. | | 
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| Francisco Javier Errázuriz. | |
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| Julio Ponce. | |
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| Juan Eduardo Saldivia. | |
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| La Pampa del Tamarugal está en el centro de la disputa en el norte, con 49 pozos aparentemente en explotación en forma ilegal. | |
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| Por Jorge Isla
Querellas criminales, denuncias ante el gobierno regional, ministerios, regulador ambiental, Dirección del Trabajo y hasta el Consejo de Defensa del Estado. Acusaciones de "guerra sucia" empresarial, ocultamiento de información y manejo de influencias atizadas por un creciente intercambio de declaraciones públicas. Son los síntomas de la disputa que recorre la pampa desértica en torno a su bien más preciado: el agua, en una escalada que no está dejando a nadie indiferente en la I Región y que está alcanzando rápidamente a centros de toma de decisiones de nivel central en Santiago.
Los protagonistas: el empresario Francisco Javier Errázuriz -al frente de la compañía Minera Cosayach, su brazo en el floreciente negocio de producción de yodo y nitratos- y el Ministerio de Obras Públicas, con la vocería en manos del propio subsecretario Juan Eduardo Saldivia.
A través de la Dirección General de Aguas (DGA), la cartera presentó dos denuncias en el Juzgado de Letras de Pozo Almonte contra la minera, acusándola de extraer agua en forma ilegal desde 49 pozos desde la cuenca de la Pampa del Tamarugal -en los sectores de Noria, Oficina Soledad, Cala-Cala y Negreiros- de las cuales 15 se encontraban en plena operación.
Luego de esta medida, el ex senador y ex candidato a la Presidencia enfrenta crecientes cuestionamientos. Rápidamente se sumó la Comisión Regional del Medioambiente (Conama) buscando poner coto a años de operación sin aprobaciones ambientales, y el Consejo Regional de Tarapacá ante denuncias de daño a patrimonio cultural. E inminente se anticipa la preocupación de la Conadi preocupada por el acceso al agua de las comunidades aymaras y también en el frente laboral por quienes se aprestan a denunciar malas prácticas ante la Dirección del Trabajo.
Tuición de la DGA
Errázuriz se trasladó esta semana a Iquique para enfrentar en terreno la ofensiva contra la empresa con fuego de alto calibre. No dudó en calificar la denuncia de la DGA como parte de un complot empresarial por parte de sus rivales en el negocio de yodo y nitratos que "están presionando a organismos como la dirección dependiente de Obras Públicas".
El trofeo en disputa son los escasos caudales de agua de la Pampa del Tamarugal tras los cuales están las grandes mineras, las sanitarias y agricultores. Porque del universo disponible en la zona -equivalente a sólo 4.000 por segundo- apenas una cuarta parte va al consumo humano, mientras el resto lo disputan las actividades productivas, que deben esperar por años el acceso a los derechos de aprovechamiento.
El controlador de Inverraz pone en tela de juicio las facultades de la DGA para cuestionar sus derechos sobre los pozos, señalando que se trata de aguas salobres -con alto contenido de sustancias químicas nocivas para la salud humana- no utilizables para ninguna otra actividad que no sea la minera, que su uso está consagrado en la legislación minera y que sus patentes datan de hace más de 100 años con raíces en el orden establecido tras la Guerra del Pacífico. "Las aguas mineras no están sujetas a tuición de la DGA", asevera.
El subsecretario Saldivia lo rebate a fondo: "En Chile, todas las aguas son bienes nacionales de derecho público y su aprovechamiento requiere la aprobación de la DGA. El principio es que materia de derechos de agua no existe la libertad de uso sin previamente pedir el permiso de aprovechamiento".
Pero el fondo de la defensa de Errázuriz no son las reparticiones publicas, sino SQM, el mayor productor de fertilizantes, químico industriales, yodo y litio del país, a quien acusa de querer asfixiar a Cosayach frenando su acceso al agua, recurso clave en su proceso productivos. "Desde 1983, SQM intenta despojarnos de nuestros títulos, pero ha perdido todos los juicios y la Corte Suprema ha reconocido la validez de los mismos, al igual que todas las legislaciones mineras chilenas".
"Zorros del desierto"
Más allá de estas últimas imputaciones, lo cierto es que Cosayach y SQM -controlada por Julio Ponce Lerou- vienen protagonizando una espiral de enfrentamientos y competencia. Errázuriz denuncia estar ahora frente a una embestida de su rival, que busca evitar que siga incrementando su actividad con el inicio de nuevas faenas en la localidad de Huara con una inversión de US$ 5 millones, una capacidad de producción de 2 mil toneladas anuales de yodo y nitrato y unos 500 puestos de trabajo.
"SQM busca eliminar a todos los competidores, así como lo hizo con DCM, que terminó adquiriendo y que ahora está desmontando, generando gran cesantía", asevera sobre la compañía holandesa que terminó vendiendo sus activos ante la imposibilidad de obtener derechos de agua definitivos. Un modus operandi -afirma- que usa con todos sus rivales y ahora con Cosayach.
"Con el nuevo código de aguas, la DGA puede decretar por oficio el cierre de una cuenca y considera a quien hace un pozo como infractor y se querella. En el caso de Cosayach, el inspector de la DGA llegó a terreno, y en vez de aprobar el pozo minero y dar curso a los derechos que hemos solicitado por años, lo denunció como ilegal. Y un día después SQM presenta querella criminal en contra del gerente siguiendo el mismo procedimiento que en el caso de DCM", explica.
Junto con recordar que las acciones judiciales son frecuentes en la minería, fuentes de la industria lo refutan indicando que lo verdaderamente grave es que una empresa del nivel Cosayach -que ha aumentado su producción desde 1.257 toneladas en 2001 a 3.307 toneladas en 2005 con proyecciones crecientes- haya operado sin permisos constituidos y ni evaluación ambiental alguna. "La jugada de Fra-Fra es llamar la atención sobre SQM y en resaltar cómo un gobierno de la Concertación puede ayudar a la compañía controlada por un ex yerno de Pinochet", señala un ejecutivo del sector.
SQM y Cosayach son viejos conocidos. La primera lanzó en 2001 una oferta de compra cuyas negociaciones se extendieron por cerca de un año con un preacuerdo por US$ 140 millones, proceso que terminó en un rotundo fracaso. "Somos sus principales adversarios con una mayor eficiencia en la producción y un fuerte crecimiento en Estados Unidos", sostiene Errázuriz. Analistas de la industria bajan el perfil a este punto señalando que la actual alza de precios tras el declive de Japón está abriendo espacios para todos los productores y minimizando la presión por sacar a los competidores.
Ahora las relaciones están más rotas que nunca: SQM se querelló criminalmente contra Cosayach en el juzgado de Pozo Almonte y Errázuriz contraatacó querellándose contra tres directores de SQM: Julio Ponce, Hernán Buchi y José Antonio Silva.
Aceleradas gestiones en Iquique
La máquina del Estado tras los pasos de Errázuriz y Cosayach está en plena marcha. La Conama de la I Región encargó informes de diversos servicios públicos de la región sobre la operación de Cosayach. "Hemos decidido recabar información de los distintos entes públicos con pertinencia sobre el tema para evaluar las acciones a seguir", señala el director de la Conama I Región, Karim Duk, quien anticipa que si se comprueba que la minera provocó daño ambiental, enviará a la información al CDE.
El consejero regional Jaime Valenzuela indica que el gobierno local busca lograr que Cosayach ingrese a la evaluación y fiscalización ambiental forma voluntaria, a lo cual sumarán la vigilancia a la actuación respecto del patrimonio cultural, tema que ha sido objeto de denuncias en sector de Pampa Soledad, donde se ubica la minera.
Aunque una serie de gestiones frustraron a último minuto el principal objetivo de la visita de Errázuriz a Iquique -intervenir en una sesión especia del Consejo Regional-, el empresario hizo un fuerte despliegue comunicacional alineando apoyos de los alcaldes de Huara (Felipe Rocha) y Pozo Almonte (Augusto Smith).
Pero también encendió los ánimos en su contra. "La extracción ilegal de agua sin autorización corresponde a un delito y como tal están cometiendo un fraude. En los sindicatos del holding -que tiene 6 razones sociales dentro de una serie de ficciones jurídicas para abaratar costos y precarizar el empleo- son innumerables las quejas y denuncias por incumplimientos. Hay graves infracciones laborales y ambientales, y ninguno de los sindicatos respalda a Errázuriz", sostuvo ayer desde Iquique el diputado PS Fulvio Rossi tras reunirse con dirigentes de Cosayach.
De aquí que interpondrá hoy en Iquique una denuncia ante el CDE por el tema del manejo de los recursos hídricos y próximamente en Santiago ante la Directora del Trabajo, Patricia Silva, cuestionando su régimen laboral.
Las imputaciones de Errázuriz causaron reacciones a alto nivel. Ayer el vocero del gobierno Ricardo Lagos Weber -de visita en Iquique- rechazó en forma tajante la teoría de un complot en que estaría participando la DGA contra Cosayach, afirmando que en este caso es necesario "dejar que las instituciones actúen".
Saldivia: "Constatamos extracción ilegal de aguas"
-¿Por qué la DGA habla de ilegalidad en el caso de los pozos de Cosayach?
-Hemos constatado en el caso de esa empresa el hecho de que hay 48 pozos y respecto de los no hay derechos constituidos de acuerdo al Código de Aguas, de ellos 18 están en operaciones y eso según el MOP es extracción ilegal de aguas. Si hay derechos consuetudinarios, tanto en el antiguo y como en el nuevo sistema tiene mecanismos para validar estos derechos y si no lo han hecho, esos son pozos ilegales. Si la empresa denunciada tiene fundamentos tendrá que presentarlo en los Tribunales frente al fiscal, quien es que el que dictamina.
-Errázuriz denuncia que una serie imperfecciones permite que actores como SQM tomen ventaja del tema
-El Código de Aguas fue modificado por ley que entró en vigencia el año pasado y una de las materias que discutió por 12 años, fue el establecimiento de patentes para que el que no estaba usando los derechos pagara forma creciente y se estableció el tema de la renuncia a las patentes. Se están corrigiendo fallas de mercado, pero eso no habilita a nadie a usar el agua como amo y señor sin previamente haber obtenido el derecho.
-El denuncia que hay empresas que utilizan la normativa para ahogar a los competidores
-Es curioso que ciertos empresarios quieran justificar eventuales perjuicios en supuestas imperfecciones del sistema de mercado, nosotros estamos procurando que el sistema funciona para todos.
-Errázuriz afirma que la DGA ha sido burlada y utilizada por SQM.
-Esta es una acusación muy grave que desmiento terminantemente. Porque lo que la DGA hace el I Región y en el resto del país es cumplir con su deber. |
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