| (El Mercurio) El Gobierno asegura estar decidido a desburocratizar los trámites relacionados con proyectos de inversión, en su mayoría privados, que no han podido avanzar con el cronograma establecido por sus inversionistas.
En el Ministerio de Economía ya elaboraron un catastro que involucra todas las iniciativas que están en etapa de trámite ambiental, con este tipo de permisos aprobados y en construcción, las que suman nada menos que US$72.676 millones.
El propio ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, explicó que de este universo de iniciativas se verá cuáles tienen algún problema que pueda ser resuelto o agilizado por la recientemente creada oficina pro inversión.
Fontaine precisó que el listado -que fue elaborado y entregado por la Sofofa al Ejecutivo- contempla toda la cartera de proyectos sobre US$100 millones. "Algunos están en tramitación ambiental, otros tienen aprobado su permiso ambiental correspondiente, pero han encontrado otro obstáculos en su proceso. Un tercer grupo se refiere a proyectos cuyo desarrollo está simplemente suspendido por los promotores de la inversión".
En tanto, el subsecretario de Economía, Tomás Flores, quien es altamente probable que lidere la oficina Pro Inversión, afirmó que el catastro "no es sólo un listado de los proyectos que están atrasados. Eso lo veremos caso a caso".
Destacan dentro de la lista las inversiones del área minera como energética, tanto por número de proyectos como por montos involucrados.
En cuanto al margen de acción con que la autoridad contaría para apurar aquellas iniciativas que se encuentren entrampadas Flores señaló que "los proyectos se pueden agilizar cuando, siguiendo el trámite normal, se han encontrado con obstáculos que no se han resuelto y donde no parece haber una fecha clara de solución. En ese aspecto, hay que entrar para resolver cuál es el problema y zanjarlo rápidamente". Sin embargo, advirtió que el Gobierno está priorizando las iniciativas de acuerdo con la importancia de las mismas.
Flores explicó que en el marco de las reuniones en el comité pro inversión, la mecánica consistirá en que los ministros de cada sector destacarán los proyectos de sus áreas de acción que se encuentran paralizados por trabas burocráticas. "Por ejemplo, si el ministro de Minería advierte que una inversión de su área ésta paralizada por problemas con un permiso relacionado con salud, entre cada ministros resolverán los cuellos de botella que están impidiendo la materialización del proyecto", indica Flores.
La próxima reunión del consejo de ministros que está abordando este tema será el 5 de julio, oportunidad donde comenzará el señalado análisis caso a caso, donde incluso -de acuerdo a las autoridades de Economía- podrían aparecer trabas que requieran análisis y deriven en una mejor coordinación con gobiernos regionales.
Algunos temas que podría enfrentar la oficina Pro Inversión
No sólo a nivel del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) estará radicado el trabajo de la oficina pro inversión.
El listado que la Sofofa elaboró y que el Ministerio de Economía está usando para evaluar cuáles serán las iniciativas que se tratará de agilizar, revela que también hay situaciones posteriores a la aprobación ambiental e incluso trabas que se presentan cuando los proyectos ya están en construcción.
En el primer tramo, es decir, durante el paso por el SEIA destacan iniciativas como el megaproyecto hidroeléctrico HidroAysén, que en casi dos años de tramitación ha recibido miles de observaciones de parte de los servicios públicos que participan en el proceso.
Además, tiene pendiente una resolución respecto de la entrega de derechos de agua adicionales, que es clave para que Endesa y Colbún puedan reducir la superficie que inundará el complejo.
Algo similar sucede con la central termoeléctrica Castilla, del brasileño Eike Batista, a raíz de un cuestionamiento al proceder del Servicio de Salud durante la evaluación, que ha impedido un pronunciamiento definitivo por parte de la autoridad.
En cuanto a iniciativas que ya tienen permiso ambiental, hay varias que enfrentan problemas que retrasan su materialización. Es el caso de central Campiche, de Gener, que enfrenta una batalla legal, principalmente con el municipio de Puchuncaví.
El tema del impacto vial, entre otros permisos sectoriales, es otro de los que complica a algunas inversiones. Un ejemplo de ello es Mall Plaza Egaña que durante mucho tiempo estuvo frenado por estos temas.
Finalmente, en la Sofofa explican que durante la construcción las inversiones pueden verse complicadas, fundamentalmente por los municipios.
Fuente / El Mercurio. |
Gobierno analiza lista de proyectos por más de US$72.000 millones para agilizar inversión
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