Agenda laboral post municipales enfrenta a sectores de gobierno y lo aleja de empresarios
La propuesta de bonificar a los salarios de los trabajadores más pobres supone un alto rédito social y político al gobierno. Pero mientras Hacienda diseña un plan que reparte el subsidio entre empleador y trabajador, los ministros de Mideplan y Trabajo ya señalaron extraoficialmente su rechazo a extender el beneficio a las empresas.
Prometía no levantar las rencillas que marcaron la ley de subcontratación o la reforma previsional. Pero el revés oficialista en las municipales y las recriminaciones políticas dictaron otra cosa y de nuevo las visiones dispares entre el equipo económico y el sector progresista del gabinete complican un tema clave para el gobierno en el último trimestre de 2008, como es el proyecto de subsidio a los salarios más bajos del país. De paso, además, repesenta la reactivación de la agenda laboral como comprometió la Presidenta Bachelet esta semana en la Cena Anual de la Industria, pero no necesariamente en la línea de más flexibilidad y entendimiento que está pidiendo el empresariado en el actual contexto de crisis.
Esta iniciativa fue la única de consenso que presentó el Consejo de Equidad y su versión original propuso entregar un aporte fiscal decreciente para los trabajadores con sueldos de hasta $ 300.000. El gobierno, sin embargo, en su diseño bajó el límite a $ 200.000. Pero lo que hoy enfrenta posturas no es el monto, sino cómo repartirlo, pues mientras Hacienda diseña un plan que sigue la idea original de distribuir el subsidio a los salarios más bajos entre trabajador y empleador, Mideplan y Trabajo rechazan bonificar a los privados. En los otros temas no hay gran disputa.
La iniciativa, que el oficialismo prevé de alto rédito social y político, debe ingresar al Congreso este mes, según aseguró Bachelet. Y aunque Teatinos 120 aún no presenta la versión final al comité interministerial, su presidenta, la titular de Mideplan, Paula Quintana, y el ministro de Trabajo, Osvaldo Andrade, ya manifestaron extraoficialmente su rechazo a dividir el subsidio como plantea el Consejo de Equidad (ver dato clave). En el equipo económico aclaran que el debate lo zanjará la Presidenta.
La reedición de las diferencias entre las llamadas dos almas del gabinete, y a la luz de los otros proyectos del área que debieran entrar en discusión, amenaza con dificultar el logro de consensos entre autoridad y privados en ese ámbito (ver cuadro inferior). De hecho, en el empresariado no esperan mucho del proceso. "A la Concertación no le fue nada bien en las municipales es probable que impulsen una agenda más dura", dice un alto dirigente de la CPC.
LOS ARGUMENTOS EN CONTRA
Los ministros Quintana y Andrade, militantes PS, estiman que no hay argumentos técnicos y menos políticos para dar parte del subsidio a los privados. El pasado 28 de octubre, dos días después del fracaso de las municipales, se reunieron en el gabinete de la socióloga para revisar el tema. Los argumentos que barajan para oponerse a Hacienda apuntarían, primero, a que los sueldos más bajos del país no predominan en las grandes firmas, sino en las pequeñas y medianas (y por eso una posibilidad sería limitar el subsidio a las de menor tamaño). Además, advierten que incluso con barreras de entrada, el plan podría incentivar a algunas empresas a reemplazar personal antiguo por nuevos beneficiarios del subsidio para bajar su gasto operacional. Luego, políticamente es difícil apoyar un plan que baja el monto del subsidio de la cifra original y lo reparte con el empleador, cuando se trata de trabajadores del 20% más pobre. Este análisis es compartido por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la que hace unas semanas comunicó su rechazo a la propuesta "a La Moneda y a los técnicos que vinieron a contarnos cómo iba el tema", dicen ahí.
A FAVOR DE LA EMPLEABILIDAD
Los expertos rebaten lo anterior y en similar línea irían los argumentos de Hacienda. El académico de la U. de Chile David Bravo explica que la idea de dividir el subsidio entre demanda (trabajador) y oferta (empleador) apunta a fomentar la empleabilidad y la formalización de un mercado que hoy funciona al margen de la norma. "Por eso el diseño consideró que la fracción de subsidio al empleador cubriría las leyes sociales del trabajador y el resto iba directo al salario, de modo que el efecto sobre el ingreso total del trabajador era el mismo", precisa. Bravo, quien integró el Consejo de Equidad, agrega que la estructura del subsidio se diseñó también como complemento de otras políticas públicas relevantes como la reforma previsional y las mejoras al seguro de cesantía.
El abogado laboral Huberto Berg, de Berg Consultores, destaca que el modelo de subsidio a los ingresos "se ha implementado con éxito en países desarrollados, porque incrementa los salarios de quienes trabajan formalmente y no pueden ganar más, tanto por problemas de sus empleadores, como por su escasa formación, pero también motiva a quienes trabajan informalmente a regularizar su situación y contratar a más personal".
"El subsidio no está pensado para las grandes compañías cuyo personal que gana el mínimo es menor, sino para las empresas de menor tamaño que no pueden pagar mucho y, por ejemplo, no pagan cotizaciones sociales, con consentimiento de su personal, para subirles el sueldo", afirma.
Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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