Matías Bakit y Guillermo Muñoz Hace un mes, la ministra Gloria Ana Chevesich pidió permiso para ausentarse de los plenos de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones con el fin de concentrarse exclusivamente en la redacción del fallo del caso MOP-Gate. Desde entonces, la jueza ha estado encerrada de lunes a viernes en su oficina de avenida España, hasta donde llega antes de las ocho de la mañana. Hasta el viernes pasado, la magistrada llevaba escritas 900 páginas de la sentencia. Entre el miércoles y el jueves terminará el texto y lo dará a conocer a la opinión pública. Para ese entonces, la sentencia del caso MOP-Gate, el juicio de la década, sobrepasará las mil carillas.
En lo medular, el fallo establecerá las condenas para los treinta acusados del proceso. Pero pese a lo extenso de la resolución y a que existe la convicción en la jueza de que se hizo un "ardid" para estafar y defraudar al fisco adulterándose contratos, quedarán al menos dos incógnitas que quizás nunca puedan resolverse. Una es el destino de una suma estimada en 600 millones de pesos -por fuentes vinculadas a los mismos inculpados- y para los cuales no existiría respaldo. La otra es la interrogante de si hubo desvío de fondos a campañas políticas, tema que constituyó uno de los principales ángulos de la investigación, pero que no pudo ser acreditado finalmente.
Penas moderadas
Hoy, la jueza Chevesich -quien abandonó sus característicos anteojos- cumple 2.707 días a cargo de la investigación, la que acumuló 49 tomos, es decir, 19.600 páginas.
Quienes han tenido acceso al proceso afirman que ninguna de las penas que establecerá la magistrada superaría los tres años y un día de presidio por cada cargo que se imputa, y por lo tanto no deberían significar presidio efectivo para los inculpados.
Sin embargo, en el entorno de Cruz hay serias aprensiones al respecto y no descartan que la jueza termine dándole la pena de reclusión.
En otro punto, cercanos a la investigación afirman que, pese a lo extenso de la resolución, la ministra se ha limitado a acreditar hechos y las normas que se infringieron. Esto es, cómo se abultaron los montos de los contratos que pagó el MOP a Gate S.A. para pagar sobresueldos.
Porque el fallo no establecerá si los dineros se destinaron a enriquecimiento personal o a campañas políticas. Este último punto fue una de las principales hipótesis de la investigación, ya que los contratos se firmaron entre 1998 y 2001, coincidiendo con las primarias de la Concertación, la campaña laguista de primera y segunda vuelta, y elecciones municipales y parlamentarias.
La pericia contable que realizó la PDI determinó que el perjuicio fiscal ascendió a $1.253 millones. Según afirman en la defensa de algunos inculpados, el destino de la mitad de este monto no está documentado. De estos 600 millones, dicen, 300 millones fueron cancelados como remuneraciones, pero fueron entregados en efectivo. Del resto, se ignoraría absolutamente el destino.
Un golpe al sistema político
La tranquilidad con que hoy trabaja la ministra Chevesich contrasta con el intenso acoso mediático que el caso adquirió en el año 2003.
Uno de los ámbitos más afectados por el caso fue el propio sistema político chileno, y hasta se especuló con los riesgos que la situación podía significarle a la estabilidad del gobierno de Ricardo Lagos.
En medio de la crisis, el ex Mandatario se reunió con el entonces presidente de la UDI, Pablo Longueira, para acordar una salida que no desestabilizara el sistema político. Acordaron una serie de reformas para la modernización del Estado que cambiaron por completo el sistema de administración. Se sinceraron los salarios de los funcionarios de gobierno, se creó el nuevo sistema de Alta Dirección Pública, se transparentaron los gastos de las reparticiones del Estado y se reguló el financiamiento de las campañas políticas.
Lagos y Chevesich recién se vieron las caras el 6 de marzo pasado, cuando la magistrada acudió a la residencia del ex Mandatario para interrogarlo por dos horas.
Fue una de las últimas declaraciones que tomó la jueza. Esta semana, cuando la ministra termine de redactar su fallo, abandonará la oficina en calle España y comenzará a trabajar en un nuevo gabinete, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.
Números clave 1.253
millones es el monto de perjuicio fiscal que estableció la Policía de Investigaciones por el caso MOP-Gate.
600
millones del monto anterior se gastaron sin que su destino se haya acreditado.
482
personas declararon durante los siete años de investigación del caso político-judicial más largo y controvertido de la década.
2.707
días a cargo del caso completa hoy la ministra Gloria Ana Chevesich.
49
tomos, de 400 páginas cada uno, acumula el expediente del proceso.
"La ministra tuvo la gentileza de hacerme ver que en mí recaería lo grueso de la responsabilidad" Carlos Cruz Lorenzen (Santiago, 1951), ex ministro de Obras Públicas del Gobierno de Ricardo Lagos entre 2000 y 2002, se halla a la espera de la sentencia que dará término a los siete años de investigación del Caso Gate.
Ex militante socialista, casado, un hijo, tiene la sospecha de que le caerá la pena más alta entre los treinta acusados. A petición de "El Mercurio", accedió a comentar lo que espera del fallo y sus conclusiones del proceso que terminó con su vida política.
Expectativas sobre la sentencia:
"Supongo que dura. No es posible esperar otra cosa. La ministra, que ha hecho de este caso un apostolado, en su rol de fiscal siempre estuvo convencida de la culpabilidad de los involucrados. Lo más probable es que se concentre en mí la mayor sanción. Hace años, y como parte de su conjetura procesal, la ministra tuvo la gentileza de hacerme ver que en mí recaería lo grueso de la responsabilidad. Sin embargo, y después de siete años de investigación, ni en el sumario ni, luego, en el plenario hay evidencia directa que me involucre directamente, ni testigo alguno que me acuse de haber sido el instigador del ardid".
La práctica de pagar sobresueldos:
"Yo siempre he asumido la responsabilidad política de haber pagado lo que se requería para contar con los mejores profesionales del área para llevar adelante el Programa de Concesiones de Infraestructura Pública que me correspondió gestionar. En el transcurso del proceso he reiterado que no tuve vinculación con la forma en que se generaron los recursos para hacer que eso fuera posible. Partí del supuesto que se podía hacer, aunque no estuviese contemplado legalmente, dado que esa práctica de pagar más de lo que se estipulaba en la Escala Única de Remuneraciones existía mucho antes de que yo entrara al Ministerio de Obras Públicas. Por lo demás, fue a través de este mecanismo que se la pagó al fiscal, a abogados y otros respetables profesionales del ministerio por sus aportes al Sistema de Concesiones, y nunca se me alertó de su ilegalidad".
El destino de los fondos:
"Al parecer no hay problema con el destino de los fondos. De todas las personas investigadas, no hay nadie que haya sido acusado de haber recibido dineros que no le correspondían. Es decir, todos los que recibieron dinero lo hicieron por trabajos realizados. En caso contrario, más de alguien debería haber sido procesado por recibir dineros públicos en forma indebida".
Balance personal del caso:
"Ha sido muy duro. Ahora es bueno señalar también que no puedo sino estar muy satisfecho de la obra en que participamos y en los efectos que ha tenido este caso para la administración del Estado. Por una parte, es un hecho que las concesiones han contribuido a mejorar la eficiencia del país en forma muy significativa. Por otra, es muy satisfactorio saber que hoy el ministro de Obras Públicas gana casi 4 veces más de lo que yo ganaba cuando ocupé el cargo. Esto se logró a raíz del caso MOP-Gate, y permite sincerar las remuneraciones en el Estado e incorporar a cuadros técnicos de un alto grado de competencia profesional, con remuneraciones que se aproximan a las de mercado. Lo más expresivo de este cambio es el aumento en 4 veces en la asignación para remuneraciones que tuvo el área de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas entre el presupuesto del año 2003 y el del 2004, sin haber aumentado en una sola persona su dotación.
Sus próximos pasos:
"Estoy sereno esperando el fallo y preparado para la presentación que haremos a la Corte de Apelaciones, instancia donde espero que mis argumentos tengan mejor acogida. No descansaré hasta demostrar que no he cometido ningún delito".
Batallón de abogados Varios fueron los estudios de abogados del país que representaron a los involucrados en el caso MOP-Gate.
Uno de ellos fue el estudio Figueroa-Coddou, de propiedad, en ese tiempo, de Juan Agustín Figueroa y Alberto Coddou. Fueron este último y Gonzalo Insunza -del mismo estudio- quienes se encargaron de la defensa del ex ministro Carlos Cruz. Hoy Coddou y Figueroa no trabajan juntos, pues el primero se unió a su hermano Sergio en un nuevo bufete.
Otro es el penalista Samuel Donoso, defensor del dueño de Gate, Héctor Peña Véliz, y actual integrante del estudio de Juan Pablo Hermosilla (aunque cuando empezó el caso trabajaba como independiente). Actualmente es candidato a vicepresidente del PPD.
Arturo Yuseff, de Yuseff y Cía., es otro de los abogados que participaron, y aún está vinculado en el caso. Está a cargo de la defensa del llamado testigo clave, Sergio Cortés.
En el caso también participó, representando a la UDI -que se involucró como querellante-, el actual director del Diario Oficial, el abogado Cristián Letelier. Él ha participado, además, en casos como la defensa del chofer Luis Becerra, procesado como autor del asesinato de Eduardo Frei Montalva.
Los 30 acusados 13 son los empleados públicos que están acusados de fraude al Fisco en el caso.
Carlos Cruz Lorenzen: Ex ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones del gobierno de Ricardo Lagos, de quien era amigo. Está procesado por nueve delitos de fraude al fisco.
Sergio Cortés Castro: Ex jefe de finanzas de la dirección de Vialidad del MOP. Es uno de los principales testigos del caso. Procesado por nueve delitos de fraude al fisco. La mayoría de los contratos está firmado por él. Hoy en día tiene una empresa en el rubro de la limpieza.
Roberto Salinas Briones: Ex jefe de proyectos de Concesiones. Habría solicitado abultar varios contratos. Procesado por fraude al fisco.
Héctor Quiroz Astorga: Ex fiscal del MOP. Habría pactado sobreprecios. Procesado por fraude.
Sergio Hinojosa: Ex encargado de proyectos de concesiones del MOP. Encausado por fraude.
Ramón Silva Améstica: Ex fiscal de Concesiones del MOP. Fraude.
Gonzalo Castillo Navasal: Ex jefe de gabinete de la subsecretaría del MOP. Procesado por fraude al fisco reiterado.
Eduardo Bartholin Zanetta: Ex director de Obras Hidráulicas del MOP. Procesado por fraude.
Dolores Rufian Lizana: Ex directora de Planeamiento del MOP. Procesada por fraude de 543 millones de pesos.
Leonel Vivallos Medina: ex coordinador de proyectos de Concesiones del MOP. Procesado por fraude.
Ricardo Paredes Molina: Ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile.
Nassir Sapag Chain: Ex director del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo de la Universidad de Chile (Ciade).
Los privados
17 son los acusados que se desempeñaban en diversas consultorías.
Héctor Peña Véliz: Propietario de Gate. Está acusado de prestar su empresa para estafar al fisco. Es el único procesado por estafa y fraude. Hoy en día vive de las asesorías empresariales.
Marco Luraschi Pandolfi, de Econat Consultora.
Abdon Nain Pajundakis: de R&Q Ingeniería Limitada.
Sergio González Tagle , de la consultora Aristo.
Víctor Rey Pozo , de la consultora Agraria.
Francisco Aguirre Arias, de la consultora Agraria.
Jorge Echeñique Larraín , de la consultora Agraria.
Eduardo Valenzuela, Exe Ingeniería y Software Ltda
Luis Arrau del Canto, de la consultora Geofun.
Alejandro Gutiérrez, de la consultora Consec Limitada, Economía y Finanzas.
Yerko General Carrasco, de la empresa de outsourcing Asyr.
Francisco Donoso Díaz: Dueño de la consultora Diagnos.
Óscar Araos Guzmán , de la empresa Ábaco Ingeniero Consultores.
Francisco González del Río , de la empresa Agraria.
Jorque Quiroz Castro: Ex integrante de la consultora Gerens.
Luis Jara Núñez: Ex contador de Gate, procesado por estafa.
Carlos Calderón Pinto: Gerente general de la Consultora CCP.
Luis Solar Pinedo: Ex gerente general de la consultora CCP, procesado por estafa.
Gerdau Aza se prepara para reactivar proyecto por US$400 millones
Durante décadas, la gestión corporativa ha girado en torno a un mismo y tajante poste: la búsqueda de beneficios económicos como única garantía de la buena salud empresarial, las cifras como espejo de la robustez corporativa, los afanes cortoplacistas como burda excusa de las malas prácticas y la indiferencia hacia los grupos de interés. Durante décadas, la viabilidad de los proyectos empresariales ha sido juzgada según las cifras ofrecidas por los ROI (return on investment) obtenidos tras el cuadre de las cuentas de resultados, supeditando las decisiones estratégicas- plagadas de sutilezas, pródigas en retruécanos- a la simplicidad de una fórmula puramente matemática. Ha tenido que irrumpir la peor crisis económica desde el crack de 1929 para que el panorama empresarial asuma la utilidad de un "return on investment" completamente diferente: el retorno de la inversión social o, lo que es lo mismo, la visión pragmática de la Responsabilidad Social Corporativa, desligándola por fin del papel teórico y filosófico –cuando no de mero barniz para paliar las expectativas de los stakeholder- que ha sido su rémora durante mucho tiempo.
Esta semana Jo Confino, responsable de Sostenibilidad del periódico The Guardian, escribía un interesante post sobre las noticias que informan de las estrategias y políticas de responsabilidad social de las empresas en los medios de comunicación.
Cuando empecé a trabajar en esto de la Reputación Corporativa (y ya ha llovido) fui invitado a presentar cómo estaban las cosas al comité de dirección de una de las principales unidades de negocio de la compañía para la que trabajaba. La introducción de su responsable aún no se me ha olvidado:
Este fue el titular del primer número de la revista "Ser Responsable", que el que suscribe dirigía allá por 2007 cuando la crisis todavía no nos había enseñado sus colmillos, esos mismos que ahora se nos meriendan. Ese número versaba sobre la necesidad de que las empresas empezaran a bajar de su pedestal y comenzaran a hablar el lenguaje del más común de los mortales.....¿hablabamos, sin saberlo, de engarzamiento 2.0? 
