Si usted no ha leído "Asesinato en el Campus Oriente", de Lilian Olivares, no sabe lo que se pierde. Y si no se mete en el libro, nunca lo sabrá, porque ésa es la única manera de acceder a la información relevante que nos entrega. Usted nunca conocerá por otros medios lo que en ese texto se afirma, porque la mayoría de los comunicadores evitará divulgar la verdad ahí contenida, y porque gran parte de los críticos callarán sobre esta notable investigación.
La razón es muy sencilla: "Los zarpazos del Puma" es una obra canónica de la izquierda chilena y, mediante las extendidas redes de sus colaboradores, se evita que cualquier otra investigación -y además, perfectamente auténtica- pueda divulgarse y hacer reflexionar de nuevo sobre buenos y malos. Es que la izquierda ya determinó quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y su falsedad debe prevalecer. Pero Lilian Olivares, con una valentía admirable, ha roto ese esquema y se ha atrevido a entregar una obra sencilla en sus formas y tremenda en sus contenidos.
Ella no lo dice, pero el lector lo concluye: el Estado de Derecho ha sido gravemente dañado en Chile desde el asesinato de Jaime Guzmán. Los culpables son escandalosamente múltiples y evidentes.
El Partido Comunista, que favoreció la formación del Frente Manuel Rodríguez (los asesinos de Jaime Guzmán), no ha tenido problema alguno para participar en el juego democrático: casi nadie le ha pedido cuentas y muchos le han solicitado alianzas. El Partido Socialista, que cuenta hasta hoy en sus filas con un diputado que, siendo funcionario público, realizó tareas ilegales de infiltración de grupos terroristas y que, en esa misma calidad, hizo desaparecer pruebas importantes de la participación de esos criminales en el asesinato del senador. La Concertación, después, lo nombró embajador en Francia. Los gobiernos de la Concertación, que jamás se interesaron en la verdad. Buscaron a un individuo cualquiera -un delincuente común- y se obsesionaron en inculparlo para cerrar el caso. Todo era mentira y el caso sigue abierto. La Policía de Investigaciones, que a través del director que estuvo más de 10 años concertacionistas en el cargo, ocultó información relevante en los casos Guzmán y Cristián Edwards: era un video sobre frentistas que podría haber ayudado mucho en la investigación. El Consejo de Defensa del Estado, que por mayoría de siete a seis de sus integrantes, se negó a la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema por la libertad decretada para los funcionarios públicos procesados por obstruir a la justicia. El Poder Judicial, que en vez de comprometerse pacientemente con la investigación, ha cambiado numerosas veces de ministro en visita. Gendarmería de Chile, que a través de su director facilitó la evasión de los asesinos de Guzmán, porque aquel funcionario contrató como asesora a una frentista, la que preparó la fuga del siglo desde dentro mismo de la cárcel. Los gobiernos de Cuba y Argentina, que se han burlado de la institucionalidad chilena, conocedores del carácter pusilánime o abiertamente cómplice de ciertos funcionarios públicos nacionales. Aquellos otros partidos políticos, que han amparado todo lo anterior y que siguen disfrutando hoy de una aureola democrática muy distante de su actuación en el caso Guzmán.
El fracaso de la institucionalidad y del Estado de Chile ha sido completo.
Hasta ahora, nadie ha pedido perdón por esas culpas, nadie ha dicho ¡Nunca más! Le queda al Presidente Piñera buen año y medio para hacerlo. No sólo porque él representa hoy a ese Estado, sino porque quizás nunca más pueda lograrse un reconocimiento político de tan graves claudicaciones.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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