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A diez días de que entre en vigencia el Decreto Supremo Nº90 que obliga a las empresas que vierten líquidos contaminantes en cauces superficiales a tratar sus residuos industriales (riles), sólo 49% (422) ha enviado una caracterización de sus desechos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para evaluar si deben hacer plantas de tratamiento.
El último catastro realizado por el organismo fiscalizador, actualizado hasta ayer, muestra casi las mismas cifras de hace dos meses y revelan que, a pesar de darse un plazo de gracia de cinco años para ponerse al día en este proceso, sólo 78% de las fuentes emisoras reconocidas (664 industrias) señala conocer la normativa y haber respondido a las exigencias de la autoridad. Respecto de junio, ha aumentado en sólo una empresa el número de fuentes emisoras detectadas a lo largo del país, desde 853 a 854.
Pese a las multas aplicadas a cerca de 34 empresas -y que están en proceso otras 260- el nivel de respuesta no ha sido el esperado por la autoridad, considerando que queda una semana y media para que entre en vigencia la norma.
A partir del 3 de septiembre la superintendencia tendrá la facultad de sancionar con hasta 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA, unos $ 382 millones) a quienes incumplan la ley e incluso está previsto en el decreto la clausura de las operaciones.
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