Para los eurodiputados la divulgación debe generar confianza y credibilidad ante los inversores, los consumidores y la sociedad civil, y les ayudará a gestionar mejor los riesgos.
Además, según informa Servimedia, también se ha realizado un llamamiento a la Comisión para que estudie la propuesta de que las empresas deben informar país por país sobre los beneficios obtenidos, impuestos pagados y subsidios y ayudas recibidas a partir de 2018.
Raffaele Baldassarre, eurodiputado italiano del grupo popular, ha señalado que la votación ha sido el "resultado de unas negociaciones difíciles y logra un buen equilibrio entre la necesidad de aumentar la transparencia y la importancia de no obstaculizar la competitividad mediante la adición de los trámites burocráticos innecesarios para las empresas de la Unión Europea".
En este sentido, la propuesta aprobada indica que los nuevos "requisitos no se aplicarían a las pequeñas y medianas empresas, sino sólo a las grandes empresas y, en el caso de las políticas de diversidad, se limita a las sociedades cotizadas".
La futura norma comunitaria requerirá a las empresas europeas de más de 500 empleados a incluir en sus informes de gestión una declaración no financiera sobre el impacto de sus actividades en relación con las cuestiones ambientales, sociales y de los trabajadores, incluido el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno.
Además, se señala que esta declaración debe proporcionar descripciones comparables de las políticas, los riesgos y los resultados relacionados con estos asuntos. Las grandes sociedades cotizadas también tendrán que publicar información sobre sus políticas de diversidad en los consejos, incluyendo información sobre la edad, el género, la discapacidad, el origen étnico y la formación académica y profesional de sus miembros.
Para ayudar a asegurar que la información no financiera publicada por las empresas es comparable, los eurodiputados piden a la Comisión Europea la publicación de una serie de directrices, que serían desarrolladas en cooperación con las partes interesadas, sobre el uso de las normas internacionales y los indicadores de desempeño no financieros.
Con la aprobación de esta propuesta, el Comité de Asuntos Jurídicos también se da un mandato al ponente de la misma para que inicie negociaciones con el Consejo Europeo para su aprobación definitiva.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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