RODRIGO VERGARA Y ERIKA LEIVA
Una joven paraguaya que tendría 17 años abandonó en la noche del miércoles uno de los predios del empresario Francisco Javier Errázuriz, en una reservada operación de la PDI que le permitió acogerse al sistema de protección de víctimas y testigos de la fiscalía.
La menor señaló a los policías que efectivamente se encontraba trabajando en el lugar y se sumó a otras ocho personas (siete paraguayas y una brasileña) que salieron en la mañana de ayer, luego de un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en las propiedades del ex senador.
Esto último fue confirmado por Sergio Moya, uno de los fiscales que llevan la indagatoria, quien agregó que la menor (junto a otro que había salido con anterioridad) se encontraba con medidas de protección especiales. "Se ubicaron a otras personas, entre ellas una menor de edad, que decidieron abandonar los predios. Ellos plantean que han tomado la decisión de retornar a su país por diversas razones", sostuvo Moya.
El grupo se agregó a las 47 personas que denunciaron engaños y abusos laborales, situación que se transformó en una investigación desformalizada por una eventual trata de personas con fines de explotación laboral que lidera el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo.
Versión de F. J. Errázuriz
En un comunicado que hizo llegar a los medios, Errázuriz acusó a la PDI de presiones para que las personas se acogieran al sistema de protección de testigos, "pidiéndoles que se retractaran de sus declaraciones ante la prensa", se lee en el documento.
El empresario, además, acusó a la PDI de "mantener secuestrados a cerca de 100 extranjeros a quienes no les han devuelto sus documentos". El comunicado revela también que en el allanamiento se incautaron 13 computadores y documentación del grupo empresarial.
Consultado sobre las acusaciones del ex senador, el jefe nacional de Asuntos Públicos de la PDI, subprefecto Alfredo Espinoza, dijo que su institución "actúa acorde a la normativa jurídica vigente, efectuando todas las disposiciones que la ley establece".
Añadió que la policía de Investigaciones hará "todas las acciones pertinentes para hacer que la ley se cumpla y, en este caso en particular, la Ley de Extranjería faculta a la PDI no sólo para fiscalizar el ingreso y permanencia de los ciudadanos extranjeros en el territorio nacional, y cuando detectamos una situación irregular tenemos la obligación de denunciarla a la autoridad judicial y a la administrativa".
Una de las paraguayas que salieron ayer es María Lucila González, quien señaló que decidió volver a su país luego de estar 8 días en Chile debido a la petición de sus hijos. "Yo quería quedarme acá y trabajar, porque estaba muy bien, pero me dijeron que volviera porque estaban muy preocupados porque allá se habla todo mal de lo que pasa acá", aseguró.
Durante la tarde de ayer, el canciller Alfredo Moreno llegó hasta la Fiscalía Nacional. En el lugar se reunió con el jefe máximo del Ministerio Público, Sabas Chahuán, además del director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex), Jorge Chocair, y con el propio Luis Toledo.
El encuentro, coordinado por la Fiscalía Nacional, sirvió para informar a Moreno la condición en la que están los paraguayos en Chile y cómo será la vuelta de los extranjeros.
También estuvo, pero por la mañana, el encargado del tema de trata de personas paraguayo, Juan Buffa, quien señaló al final del encuentro que planeaba reunirse con las supuestas víctimas y también con Francisco Javier Errázuriz.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
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