La trama de intereses tras la Feria del Libro
Por Marco Antonio Coloma*
La Feria Internacional del Libro de Santiago es considerada el evento anual de mayor envergadura en la agenda cultural de nuestro país. Aunque cuenta con el apoyo de la empresa privada (Chilectra, como auspiciador oficial), arrima fondos públicos aportados por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y la patrocinan instituciones también públicas como el Ministerio de Educación, la Municipalidad de Santiago y el Centro Cultural Estación Mapocho. Es regular que durante su inauguración se den cita en la vieja estación de trenes la Presidenta de la República o, en su ausencia, al menos un par de sus ministros, además de las autoridades del país invitado de honor (la elección del país invitado no es un detalle político que se deje al azar). La ocasión resulta inmejorable para que, a la hora de los discursos, abunden las referencias a los logros en materia de políticas culturales, el anuncio de tal o cual programa y, por cierto, se destaque la importancia que tienen los libros y la lectura para "el crecimiento espiritual del país". Es, en definitiva, el hito en el calendario cuando "la cultura está de fiesta".
Pese a todos los intereses públicos que están en juego, la FILSA es el negocio de un privado: la Cámara Chilena del Libro, que a través de Prolibro S.A. (una empresa instrumental) gestiona comercialmente un evento que genera las ganancias suficientes para financiar las actividades de la Cámara durante todo el año. Es la Cámara, entonces, quien fija los precios de los stand y decide quién entra y quién no, dándole prioridad a la presencia de sus asociados, fundamentalmente filiales de empresas multinacionales. Se estima que cerca del 85% del espacio es copado por los socios de la Cámara, quienes tienen también la prioridad a la hora de elegir las mejores ubicaciones en el recinto. Hecho este reparto, recién se convoca a participar a las empresas no asociadas. Como la Cámara no es representativa de la edición local, la paradoja es que el libro chileno (agrupado en Editores de Chile) no sólo es condenado a repartirse las malas ubicaciones que van quedando sino también a pagar cerca de un 70% más de lo que pagan las multinacionales asociadas a la Cámara.
En este contexto es sensato preguntarse si los intereses públicos convocados en el evento, sumados a los intereses de la edición local (que publica a los autores chilenos y que representa las tres cuartas partes de todo lo que se publica en Chile) y a los intereses del público que asiste y que busca diversidad de alternativas y de expositores, no ameritan concebir a la Feria del Libro de otro modo: como un evento en cuya gestión participen en igualdad de condiciones todos esos intereses. Creo que es importante conocer la opinión en este sentido del Ministerio de Educación, el CNCA y, por cierto, de muchos autores que se van a ver afectados por la ausencia de sus sellos en el evento.
El conflicto, entonces, no radica exclusivamente en el alto costo que deben pagar las editoriales locales para participar de la Feria del Libro. En una carta firmada por la Asociación de Editores de Chile dirigida al presidente de la Cámara Chilena del Libro, Eduardo Castillo, y en un ánimo de completa colaboración, fueron sugeridas algunas ideas para hacer más representativa la muestra de expositores. Primero, que se repensara la modulación de los stands para que empresas pequeñas pudieran contratar stands pequeños (de 4 o 6 metros cuadrados) en ubicaciones comercialmente convenientes y a un costo proporcional a su facturación o a la densidad de su catálogo. Actualmente, un stand en una buena ubicación tiene un costo cercano a los 2 millones de pesos. ¿Para cuantas editoriales chilenas este monto significa una barrera insalvable? Segundo, se sugirió cambiar la norma que impide que tres o más editoriales puedan compartir un mismo stand. Hasta ahora, la organización sólo permite que dos empresas compartan un espacio común. Ambas propuestas apuntan a un mismo objetivo: hacer de la Feria del Libro un espacio integrador de la diversidad cultural que hoy está presente en un centenar de pequeñas editoriales independientes, autogestionadas y universitarias.
En esa misma carta, los Editores de Chile ofrecieron también su colaboración para que las Jornadas Profesionales con las que parte el evento recogieran efectivamente las necesidades de una industria local que necesita profesionalizarse, intercambiar experiencias, formarse en diversos ámbitos del proceso editorial, convocar a compradores nacionales y extranjeros, y aumentar sus niveles de competitividad y calidad. Las Jornadas Profesionales debieran convertirse en un espacio efectivo para el desarrollo de la industria local.
Ninguna de estas propuestas fue recogida por la Cámara, ni siquiera analizada. La carta no tuvo respuesta.
Está programado que la Feria Internacional del Libro del año próximo, el año del Bicentenario, esté dedicada a Chile, esto es, Chile como país invitado de honor. Llegado el momento, ¿se verán forzadas las editoriales chilenas a pelarse los pocos stands que vayan quedando en el patio trasero de la Estación Mapocho? Sería harto impresentable que en esa ocasión las autoridades aplaudieran el importante papel que juegan las editoriales chilenas para poner en circulación a nuestros autores, guardar nuestra memoria colectiva y aportar a la diversidad cultural e intelectual de la Nación. Es esta la coyuntura en la que deben actuar. Si no lo hacen, estoy seguro que en la Feria del Libro del año 2010 la cultura no será precisamente una fiesta.
*Marco Antonio Coloma es periodista.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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