lunes, junio 15, 2009

BancoEstado: un fallo relevante

BancoEstado: un fallo relevante

Rosanna Costa Miembro de la comisión Modernización del estado y Empresas Públicas Soy accionista minoritaria del BancoEstado y de todas las empresas públicas, al igual que todos los chilenos y, como tal, el fallo de la Corte Suprema que confirma la sujeción de BancoEstado a la fiscalización de la Cámara de Diputados y de la Contraloría me parece una buena noticia. En el caso de las empresas públicas, mi acción es intransferible, por tanto no puedo ejercer libremente el derecho a retirarme de la empresa si estimo que la gestión no es adecuada. Sus gobiernos corporativos son débiles, no se les evalúa por resultado ni por los aumentos en el valor patrimonial y la permanencia en el cargo depende más de la lealtad política con la autoridad o con las bases a quienes representan. La voluntad presidencial puede ir más allá de cualquier evaluación de mérito, y no hay contrapeso para frenar verdaderos desastres económicos. El acceso a financiamiento del Transantiago a través de Metro y BancoEstado, la gestión en EFE, las pérdidas en Enap y la necesidad de inyectar patrimonio a Codelco son evidencias recientes de ello. Aceptemos, entonces, la escasez de control independiente y, si bien algunas pueden estar sujetas al control de la Superintendencia de Valores o de Bancos, se trata de autoridades que responden a la exclusiva confianza del mismo gobierno que las controla. Estas empresas también son instrumentos de políticas públicas, y pese a los esfuerzos por separar aguas, es frecuente que sean ejecutoras de ellas. Enap ha entregado subsidios al petróleo, BancoEstado suele ser parte de los paquetes económicos y Enami sigue siendo un instrumento para la política minera. Parece ser tan inevitable como inconveniente esta combinación de objetivos que tanto distorsiona su evaluación. Como las empresas tienen institucionalidad más flexible que un servicio público para decidir la inversión de recursos públicos y en un área de mayor riesgo, se requieren otras formas de control que reemplacen el rol que como accionistas nos está vedado. El rol fiscalizador que puede ejercer la Cámara de Diputados no es perfecto, pero cuenta con actores independientes del controlador, ejerciendo un contrapunto que no se da en otra instancia. Si ejerce este rol sobre los servicios públicos, mayor razón para que lo haga en las empresas públicas, cuya gestión es más flexible y absolutamente dependiente del gobierno. Es una molestia tener fiscalizador, y en este caso estamos considerando un fiscalizador político, que neutraliza el control también político sobre esta gestión empresarial, que se orienta hacia objetivos difusos y a veces contrapuestos. Lo que se requiere es encontrar formas para compatibilizarlo con la debida cautela sobre información estratégica para los mercados. No veo obstáculo en ello si, por lo demás, el Congreso se involucra en materias mucho más delicadas de política exterior y defensa. Alguien debe controlar también que las empresas públicas no se excedan en su giro y nos lleven a asumir actividades nuevas sin consulta a la Junta de Accionistas. La Contraloría debiera apoyarse más en el rol de los auditores externos para poner el mayor celo en ello. Como accionista, no soy indeferente a que Enap incurra en el negocio de distribución, el sector energético, o que sea invitada a incorporarse a inversiones en Venezuela. La alternativa es que nos permitan vender, ofreciendo señales más claras e independientes. Por ahora, el fallo es un avance, al someter a las empresas al control de instancias independientes del Ejecutivo, señalando que las empresas públicas no pertenecen al gobierno de turno. Fuente: La Tercera
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
 
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