¡QUE FALTA NOS HACE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN CHILE.!
La Defensora del Pueblo Beatriz Merino
Defensoría del Pueblo saluda sanción a maestros acusados de violación o acoso sexual
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| La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino. |
Abril,24,2007.- La Defensoría del Pueblo saludó hoy la decisión del Ministerio de Educación de sancionar a más de 50 maestros acusados de violación o acoso sexual, tal como lo recomendó en el Informe que recoge los resultados de la campaña "Educación sin corrupción".
Asimismo, recomendó la aplicación de una política integral anticorrupción en este sector dirigida a contar con mecanismos de control y sanción de los malos educadores.
El Ministerio de Educación informó a la Defensoría de Pueblo sobre la decisión de conformar una comisión que desplegará acciones orientadas a prevenir y combatir los actos de corrupción, en seguimiento a las propuestas defensoriales expuestas al cabo de la campaña realizada entre los meses de agosto y noviembre del año 2006 en seis regiones: Cusco, Loreto, Junín, Huancavelica, Lambayeque y Ayacucho.
La Defensoría del Pueblo resaltó de otro lado, la dación del Decreto Supremo Nº 011-2007-ED, que modifica el reglamento de la Ley del Profesorado y establece que los maestros que sean suspendidos o separados temporalmente tendrán derecho a reincorporarse al término de la sanción, pero ya no como solía suceder antes, a su mismo cargo, sino a otra plaza distinta que determine la administración, garantizando con esto que malos docentes no retornen al mismo lugar donde cometieron las irregularidades que motivaron la sanción.
Durante el desarrollo de la campaña "Educación sin corrupción", se encontró que la corrupción continúa afectando la eficiencia del proceso educativo, y que al interior de las instituciones educativas continúa suscitándose un sin número de casos relacionados con acoso sexual, violación sexual y actos reñidos con la moral.
Se ha corroborado la persistencia de condiciones transversales que favorecen la corrupción educativa, como la ineficiencia de la aplicación de los mecanismos de control y sanción existentes, la debilidad de mecanismos de transparencia y límites de acceso a la información, así como la precariedad de la vigilancia ciudadana.
Asimismo existen problemas que son el producto de la superposición de funciones y competencias en el sector, como la falta de información a la población sobre procedimientos de investigación o canales para formular sus denuncias, la desorganización en el sector y la desprotección de los ciudadanos frente a un sistema que no ofrece garantías, todo lo cual torna ineficiente el sistema.
Por todo ello, en el Documento de Trabajo "Con corrupción no hay Educación", la Defensoría del Pueblo recomendó y sugirió a las autoridades involucradas que es necesario contar con una estrategia integral para enfrentar la corrupción, implementando una política de probidad en el sector Educación que se enmarque dentro de un Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción.
Igualmente, uniformizar los procedimientos de atención y procesamiento de denuncias, simplificando los mecanismos existentes a fin de contar con una estructura ágil y clara que permita a los ciudadanos acceder a un sistema eficiente de fiscalización, de control y, eventualmente, de sanción frente a actos de corrupción.
También recomendó fomentar que las unidades a cargo de la investigación de denuncias obtengan un nivel de especialización y estén a cargo de personal idóneo que permita mejorar la eficacia de su actuación.
Esto es importante sobre todo para contribuir a que las denuncias que involucran conflictos de relaciones humanas, violencia, atentados contra la integridad física y psicológica sean canalizadas por personal especializado en la materia, y no como ocurre actualmente en que éstas son atendidas, en su gran mayoría, por personal especializado en gestión administrativa.
La Defensoría sugirió adoptar medidas efectivas de protección a los estudiantes, especialmente en los procedimientos de investigación de denuncias referidas a atentados contra la integridad física y psicológica, y a la libertad sexual.
En esa línea, cuando se haya aplicado la separación preventiva de los docentes de sus aulas, o cuando se haya puesto al denunciado a disposición a la Oficina de Personal de las Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL) o de la Dirección Regional de Educación (DRE), tal como lo dispone la Ley, se haga un seguimiento cuidadoso del caso y, de hallarse responsable el denunciado, sea separado definitivamente del sector.
Fortalecer las capacidades de los Consejos Educativos Institucionales (CONEI), los Consejos Participativos Regionales de Educación (COPARE) y los Consejos Participativos Locales de Educación (COPALE) como instancias de participación, concertación y vigilancia de la gestión educativa. Una sociedad informada es el primer paso para construir una estrategia sostenible de lucha contra la corrupción.
Finalmente, realizar labores de capacitación a los padres de familia, y orientarlos sobre la manera de canalizar sus denuncias frente a actos de corrupción, explicándoles las reglas que rigen los procedimientos administrativos disciplinarios. Esta capacitación se debe complementar, inclusive, con formatos o formularios simplificados de denuncias, los cuales deben ser colgados en las páginas Web institucionales.
La Defensoría del Pueblo sostuvo que se propuso liderar, a través de campañas y la supervisión de políticas públicas educativas, el clamor de la ciudadanía para poner fin a la impunidad por actos de corrupción.
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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