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En doce días más comenzará a regir la Ley de Subcontratación y servicios transitorios promulgada el pasado 17 de octubre. Sin embargo, pese a que las empresas corren contra el tiempo para finalizar los ajustes de sus procesos internos aún rondan una serie de interrogantes reglamentarias que impiden a las compañías involucradas asegurar que están 100% preparadas para cumplir con la legislación.
En el caso de las empresas de servicios transitorios (EST), la mayoría está finalizando la etapa de ajuste a la nueva figura contractual que es el “contrato de puesta a disposición” entre la firma suministradora y la usuaria, y también están conscientes de que sus procesos administrativos requerirán de mayor premura para redactar en un plazo máximo de 5 días los contratos entre la EST y sus trabajadores. No obstante, están a la espera de una circular de la Dirección del Trabajo que permita su total ordenamiento.
La idea, a juicio de la Asociación Gremial de Empresas de Administración y Externalización de Recursos Humanos (Agest), es que se aclaren aspectos relacionados con el proceso de registro, el sistema de garantías y situaciones puntuales que podrían ser motivo de multa.
En relación al primer punto, éste sería despejado este martes cuando la Dirección del Trabajo lance el sistema de registro de las EST y explique cuál será la documentación que deberán presentar las firmas interesadas (ver infografía).
Subcontratistas
Por su parte, las subcontratistas –que a diferencia de las EST ya estaban normadas por un marco jurídico– realizaron las diferenciaciones operativas en los casos en que una misma compañía preste servicios de subcontratación y de carácter transitorio, pero atentas esperan que se aclaren las reglas del juego del proceso de certificación.
Ello, porque hasta ahora se sabe que habrá un proceso de certificación para las subcontratistas y que éste servicio será entregado por auditoras privadas y la Dirección del Trabajo, sin embargo, el reglamento sobre Acreditación de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales aún se encuentra en la Contraloría. Es por eso que los interesados en saber sus especificaciones no han podido despejar interrogantes como, por ejemplo, cuáles serán las exigencias, qué valor tendrá el servicio y si este costo tendrá que asumirlo la empresa principal o la subcontratista.
En la práctica
Tres son los actores que en la práctica se diferencian en el esquema de relaciones laborales que especifica la Ley de Subcontratación: empresa principal o mandante, subcontratista y EST.
El asesor de las empresas principales o mandantes, Claudio Palavecino, de la consultora Ernst&Young, sostiene que los resguardos que están tomando las partes usuarias guardan especial relación con los contratos. “En ese sentido, nosotros hemos participado en la redacción de los nuevos contratos con los subcontratistas o EST y establecemos cláusulas que resguarden sus intereses. Lo importante es que quede muy bien especificado temas como el derecho de información y retención, así como el cumplimiento de la legislación laboral y previsional”.
Agrega que también “hemos tenido especial cuidado en la definición del servicio, de manera que sea claramente un caso de subcontratación y no de suministro ilícito. Por otra parte, revisamos los contratos individuales de los subcontratistas con los trabajadores para verificar que se esté cumpliendo con los estándares mínimos. Y, finalmente, confeccionamos el reglamento de coordinación de las acciones de seguridad de la empresa principal con sus contratistas”.
En tanto, Mónica Fernández, abogada laboral de Deloitte –firma que se constituirá en certificadora– sostiene que “2007 será un período de ajuste, porque hay costos involucrados. Los mayores costos de las empresas principales van a venir por dos lados: higiene y seguridad y certificación, ya que las empresas certificadoras cobrarán por ese servicio y se lo va a traspasar a la empresa principal”.
En lo que respecta a las subcontratistas, la gerente general de Manpower explica que “la entrada en vigencia de la nueva ley ha generado una cierta incertidumbre en el mercado, lo cual es lógico, ya que estamos hablando de un cambio que no es menor”. Asimismo señala que está al tanto de que las empresas principales han pedido la opinión a sus asesores legales y que en ciertos casos han internalizado trabajadores que tenían bajo alguna forma de externalización, pero advierte que “este aumento de la contratación directa es una primera reacción, ya que algunos lo han hecho con una perspectiva de corto plazo para pasar todo este proceso de entrada en vigencia y esperar qué pasa”.
En una línea similar, el presidente de la Agest, Alberto Finlay, sostiene que la actividad inicial de las EST va a disminuir y que calcula que al cabo de unos 6 meses, una vez que se sepa como están funcionando el nuevo régimen, van a comenzar a aumentar, es por ello que le solicita a la Dirección de Trabajo que “entregue una circular sobre cómo deben hacerse las cosas, porque lo que hoy se ha señalado es tan genérico que no ayuda a nadie, entonces hay que aclarar rápidamente las condiciones para ser EST y que la gente evalúe si le conviene poner 250 UF de inversión”.
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