Cuando se aprobó la creación de casinos en diversas regiones —hasta 2005 sólo había siete en todo Chile, pero una ley propuesta por el Ejecutivo, que contó con respaldo transversal, abrió la opción de crear nuevos—, hubo quienes expresaron reservas fundadas sobre sus efectos en los hábitos de la población.
Más allá de las ganancias económicas, subsiste el debate moral respecto de si el Estado debe o no fomentar el juego entre sus habitantes. Ese debate contrapone a quienes consideran que el Estado sólo debe promover valores como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo, que los casinos no representan. En contrario, otros plantean que lo determinante son los beneficios asociados a las casas de juego en términos de desarrollo regional y turismo local.
Ambas posturas no son del todo antagónicas. Es evidente el beneficio económico que han producido los casinos, pero, por otra parte, el Estado, lejos de promoverla, se ha encargado de regular una actividad que en muchos casos existiría igual, pero en forma clandestina. De hecho, la aparición de máquinas de azar en recintos fuera de los casinos —que han proliferado en el último tiempo— debiera ser combatida y penalizada, ya que se trata de juegos no supervisados, que no aportan recursos el erario nacional y que en muchos casos engañan a sus jugadores.
Por otra parte, desde un punto de vista moral, si bien puede ser reprochable la ludopatía, hay de por medio un elemento de libertad personal y, más importante aún, la gran mayoría de los más de cuatro millones de visitantes anuales son simplemente personas que quieren entretenerse, sin que esa actividad pueda en sí misma considerarse como asociada al vicio
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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