Pablo Rodríguez Grez
En los últimos días, a instancia del Ejecutivo, se ha abierto un debate sobre el lucro en la enseñanza universitaria. Existe, a este respecto, un error generalizado; se entiende, equivocadamente, que el lucro ensombrece, si no corrompe, la enseñanza superior y es incompatible con la misión que corresponde a las universidades en el mundo moderno. En este contexto, se presenta a fundadores, profesores, investigadores y directivos como agentes económicos empeñados en maximizar sus ganancias a costa de quienes acuden a sus aulas.
Comencemos por recordar que existen tres motivaciones esenciales para fundar una universidad, ninguna de las cuales puede excluirse o demonizarse, porque todas ellas contribuyen a la elevación cultural de la población, requisito esencial para transformarnos en una sociedad más perfecta y mejorar significativamente la calidad de vida de todos los chilenos. Se funda una casa de estudios superiores, ya sea para propagar y consolidar una corriente religiosa; para defender y extender una determinada escala de valores; o para lograr una legítima ganancia. Dígase lo que se quiera, pero la verdad es que cualquiera de estas motivaciones es respetable, no impide la creación de una institución de excelencia, ni puede menospreciarse su aporte al país. Si una corporación universitaria arrienda sus instalaciones a una sociedad inmobiliaria, quien quiera que sea su dueño, no se quebranta el mandato legal que impide el lucro, siempre que la renta de arrendamiento y las condiciones de contratación sean las que predominan en el mercado. El lucro, en este caso, lo persigue la sociedad inmobiliaria, no la corporación universitaria.
Asimismo, hay universidades confesionales (cuya enseñanza gira en función de una cierta filosofía o credo religioso) y universidades laicas (abiertas a todas la posiciones). Tampoco es condenable ninguna de ellas.
Finalmente, las universidades estatales, que no pueden encasillarse a priori en ninguna de las categorías anteriores, representan un aporte de la Nación a la enseñanza superior y, como lo demuestra la experiencia, suelen asimilarse, permanente o temporalmente, a cualquiera de las categorías ya mencionadas. Por lo mismo, en estas universidades se mantiene, en forma constante y soterrada, la lucha por el control del poder.
La crisis que vivimos en este ámbito se explica por el crecimiento vertiginoso de la enseñanza universitaria privada, y la resistencia que oponen a este proceso ineluctable, aquellos que, arraigados en el pasado, siguen creyendo que la Universidad es patrimonio privativo del Estado. En el actual esquema, las universidades públicas deben competir, no sólo en un mercado cada día más exigente y mejor informado, sino en un mundo que se renueva científica y tecnológicamente e impone a diario nuevos desafíos.
Lo que no puede negarse al Estado es el deber de velar por la calidad de los títulos profesionales, de supervisar que ellos sean otorgados garantizando a la sociedad que se cumple con las exigencias mínimas requeridas al efecto, y la facultad de conocer e investigar el funcionamiento de estas entidades.
El afán de lucro, presente, directa o indirectamente, en casi todas las actividades humanas, no es desdeñable como motor para impulsar la creación de nuevas universidades, si ellas son capaces de brindar un buen servicio que cautive y movilice a quienes lo demandan, y su gestión es debidamente publicitada y transparente.
El mundo ha cambiado. Hablar hoy de "estado docente" no pasa de ser una añoranza, superada por una sociedad que se apronta a recibir un millón de alumnos en las aulas universitarias, tarea que no puede quedar sólo en manos del sector público. La función del "estado docente" hoy, debería confundirse con el respaldo que debe prestarse a quienes, teniendo talento, se ven marginados de cultivarlo por impedimentos económicos. Gratuidad de la enseñanza superior sí, pero sólo para aquellos que han demostrado capacidad, constancia, afán de superación y que carecen de los medios para lograr sus aspiraciones. Lo demás, es consignismo, demagogia o pretexto para alborotar. Si hace 70 años predominaba en Chile la enseñanza pública -que tanto beneficio brindó al país al permitir que emergiera nuestra sufrida clase media-, hoy esa tarea ha cambiado de manos, pasando al sector privado, pero bajo la supervisión del Estado.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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