Phishing, soborno y falsificación: Cómo combatir las complicadas actividades fraudulentas en el comercio de carbono

Versión para Imprimir Phishing, soborno y falsificación: Cómo combatir las complicadas actividades fraudulentas en el comercio de carbono A principios de este año, un grupo de intermediarios se aprovechó de la poca seguridad en Internet y del sistema floreciente del comercio de carbono en Europa para robar unos US$ 4 millones. Los ladrones, haciéndose pasar por reguladores, montaron una web falsa, pero con aires de oficial, y la usaron para obtener información de cuentas en que se hacían transacciones de carbono entre empresas e intermediarios que pensaron estaban cumpliendo con las exigencias del Gobierno. El sistema obligó a la Autoridad de Comercio de Emisiones de Alemania a suspender las transacciones, pero eso pasó después de que se hubieran robado 250.000 licencias (cada una de ellas autorizaba la emisión de una tonelada de dióxido de carbono). Se trata de una variedad del clásico phishing de Internet con una pizca de carbono, pero no es, para nada, un caso aislado. El 3 de junio, la policía arrestó a Mike Foster, director de Carbon Harvesting Corp., bajo la acusación de estar implicado en una supuesto trama de soborno de funcionarios en Liberia, África. Foster estaba a punto de pagar US$ 2,5 millones por "el alquiler" de los bosques de Liberia. Su beneficio provendría de la venta del crédito obtenido por medio del proceso de absorción de carbono efectuado por los árboles. El phishing y el soborno en el tercer mundo no son crímenes nuevos, sin embargo los mercados de carbono están considerados por los delincuentes como territorio inexplorado. De acuerdo con la Europol, agencia europea que vela por el cumplimiento de la ley, antes de la detención del año pasado, el fraude tributario asociado al comercio de carbono costó a los cofres de los países US$ 6.500 millones a lo largo de 18 meses. En algunos países, hasta un 90% del volumen total de transacciones fue resultado de actividades fraudulentas. Los fraudes tributarios consisten en la compraventa de créditos de carbono sin el pago de impuestos de valor añadido (IVA), semejantes a los impuestos sobre ventas, revendiéndolos a continuación a un tercero con los impuestos añadidos. Los criminales desaparecen después de haber sido pagados por los gobiernos involucrados. Las trampas con el IVA son muy comunes, pero las autoridades dicen que las licencias de carbono son un blanco tentador porque no hay embarque físico de ningún bien. Por el sistema de "límite y comercio" de emisiones, también llamado cap and trade, se fija un techo para las emisiones de dióxido de carbono que las empresas pueden emitir. Las empresas que exceden ese límite pueden adquirir certificados de otras con volumen menor de emisiones, otorgando así a la empresa contaminante un incentivo financiero para que reduzca su producción a través de la instalación de tecnologías verdes y de otros métodos. Sin embargo, si el sistema se gestiona mal genera mucha confusión, que será poco beneficioso para el clima, además de crear una oportunidad para que se produzcan fraudes. "Una de las preguntas que surgen es si la estrategia de límite y comercio de emisiones tiene realmente sentido cuando se trata de cambio climático", dice Eric W. Orts, profesor de Estudios jurídicos y de Ética empresarial de Wharton. "¿Será posible lidiar de forma competente con el tipo de fraude que ha estado ocurriendo de tal forma que podamos confiar en esos mercados?" Fraude en EEUU El comercio de carbono en Europa empezó en 2005 y, desde entonces, "las fábricas a carbón han obtenido beneficios fabulosos con el sistema, aunque los precios de los créditos jamás hayan sido lo bastante altos para obligar a las fábricas a sustituir la energía convencional por volúmenes importantes de energía renovable y de otras fuentes limpias", se señalaba en un blog de New York Times de febrero. EEUU no cuenta con un comercio nacional de carbono, pero se han hecho esfuerzos regionales que han acabado siendo víctimas de tramas fraudulentas. En 2005, la empresaria Anne Masters Sholtz admitió que había cometido fraude electrónico en la bolsa de smog y fue sentenciada, en 2008, a un año de arresto domiciliario y a la prohibición de comerciar en el sector. Ella fue acusada de ejecutar una transacción de millones de dólares en la que habría no sólo falsificado documentos de ventas y facturas, también habría falsificado intercambios de correos electrónicos con un ejecutivo de una compañía de petróleo. La Unión Europea cuenta con un Sistema de Comercio de Emisiones desde hace cinco años, sin embargo esa iniciativa tan compleja para reducir el volumen de carbono del continente ya ha sido víctima de fraudes y de prácticas corruptas enormes. Un programa similar se lanzará en EEUU si la legislación que está siendo tramitada actualmente en el Congreso se aprueba finalmente. Pero especialistas en legislación, grupos de ecologistas y académicos temen que el mismo patrón de fraudes pueda perjudicar al comercio de emisiones en EEUU. Ese temor tuvo como resultado un grupo de trabajo que se reunió para discutir el tema "Fraude y corrupción en el mercado de comercio de carbono", en el Instituto del Banco Mundial en Washington, D.C., el 30 de abril. Participaron en la organización del evento el FBI, el Centro Carol y Lawrence Zicklin de Wharton para Investigaciones sobre Ética Empresarial [Carol and Lawrence Zicklin Center for Business Ethics Research], el Programa de Gobernabilidad Hills del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el Banco Mundial y la firma de abogados Ballard Spahr. El grupo preparará un conjunto de recomendaciones de políticas públicas (no hay plazo determinado) para orientar al Congreso y otras partes involucradas en la preparación de la legislación del comercio de carbono que integra actualmente proyectos de ley en general sobre el clima tanto en la Cámara como en el Senado. "Estamos intentando entender el tamaño del problema", observa el organizador William S. Laufer, director del Centro Zicklin y profesor de Estudios jurídicos y de Ética empresarial de Wharton. "La reunión fue al mismo tiempo extraordinaria y exitosa desde diversos puntos de vista. En primer lugar, un grupo comprometido de diferentes compañeros —gente perteneciente a órganos reguladores, ONGS, grupos de presión, académicos, representantes de organizaciones internacionales y de bancos de desarrollo, además de varios participantes del sector privado, entre otros— intercambiaron ideas sobre la naturaleza y la extensión de los riesgos propios del comercio de carbono. En segundo lugar, los patrocinadores acordaron realizar una serie de reuniones posteriores en los países en que se están desarrollando mercados de carbono". Algunos países con potencial de comercio de carbono en el mundo en desarrollo no disponen de una experiencia eficaz para la vigilancia de la ley, observa Laufer. Esto significa que cualquier tipo de supervisión deberá ser realizada por órganos reguladores no estatales, como ONGS. Eso es mejor que tener mercados que funcionen sin vigilancia alguna, sin embargo los grupos sin ánimo de lucro no cuentan con el poder de vigilancia, añade. El papel de las ONG está siendo analizado como parte del proceso del grupo de trabajo. De acuerdo con Ron Sarachan, socio de Ballard Spahar y profesor del programa de ética de Wharton, "nuestro objetivo consiste en disminuir la vulnerabilidad al fraude y a la corrupción. Creo que podemos tener un impacto importante. Existe, según algunas estimaciones, un montante sustancial de comercio de carbono en Europa vinculado a fraudes fiscales, y no hay en el sistema nadie que cuente con un estímulo propio suficiente para vigilar los proyectos de compensación. Es importante que los mercados americanos se estructuren de tal forma que incluyan ese tipo de vigilancia". La advertencia que viene de Europa El FBI había solicitado la reunión de Washington, en la cual participaron varios funcionarios federales de la entidad, el Departamento de Justicia y la Agencia de Protección del medio ambiente. De acuerdo con Thomas Harrington, director ejecutivo asistente de la división de delitos informáticos, "entender las amenazas y riesgos exige una estrategia basada en hechos para que tenga éxito. El éxito futuro exige la colaboración de los órganos de la ley y de la comunidad académica". Laufer dice que el grupo de trabajo se reunirá anualmente "para monitorizar los riesgos de fraude y de corrupción a medida que esos mercados crecen y maduran". Djordjija Petkoski, uno de los mayores especialistas en el desarrollo del sector privado del Banco Mundial, cree que la experiencia europea sirve de advertencia. Desde el punto de vista de la experiencia práctica, dice que "es preciso tener en cuenta el hecho de que hay problemas de fraude y de corrupción que necesitan discutirse. Eso no se limita sólo al comercio de carbono, por lo tanto es preciso que las personas no se ilusionen creyendo que no habrá intentos de manipular el sistema. Tenemos la ventaja de la entrada tardía en ese mercado. Las lecciones están ahí, podemos aprender de ellas evitando la repetición de los mismos errores". Petkoski dice que el grupo de trabajo ha analizado lo que él llama el "vacío del conocimiento respecto a ese tipo de problema". Las empresas de contabilidad, señala, no cuentan con equipos entrenados para identificar e informar en su totalidad sobre las diferentes formas de fraude a las que el comercio de carbono está sujeto. En algunos casos, el fraude es detectado por la vigilancia externa. El episodio Foster, en Gran Bretaña, por ejemplo, fue descubierto por el grupo de lucha contra la corrupción Global Witness, que pasó a continuación la información a los órganos encargados del cumplimiento de la ley. "En las reuniones que participó Global Witness, Foster hizo referencia a pagos irregulares hechos a un funcionario del Gobierno de Liberia y a un político por medio de un intermediario", según el grupo. "Global Witness se sintió, entonces, obligado a notificárselo a la policía". Petkoski cree que la complejidad y la variedad de los fraudes en torno al comercio de carbono exigen un estudio académico serio. "Esa información necesita incorporarse a los currículos de las facultades de gestión de empresas y de derecho", dice él, "y debe formar parte de las conversaciones mundiales". Según Petkoski, la experiencia europea no debería ser considerada como un simple fracaso, porque "nos ha dado la oportunidad de aprender cómo funcionan los eventos de este tipo. Incluso las regulaciones bien elaboradas no se podrían utilizar si no fueran adecuadamente aplicadas. Desde ese punto de vista, el comercio de carbono hay que enfrentarlo como una historia de éxito". El grupo sin ánimo de lucro Amigos de la Tierra [Friends of the Earth] llama la atención sobre el hecho de que la legislación americana podría incentivar los fraudes del tipo de los que se han producido en Europa si se permitiese el uso generalizado de "compensaciones", o créditos que pueden ser comprados para "borrar" una cierta cantidad de emisión de carbono. Cuando se planta un árbol, por ejemplo, se compensa de esa forma una pequeña fracción del carbono emitido por un viaje aéreo. El esfuerzo europeo fue desde luego pionero, lo que llevó a algunos errores, como las compensaciones y otros aspectos de la cuestión, observa Roderick M. Hills, fundador y presidente del Programa de Gobernación Hills de CSIS y ex-presidente de la SEC, comisión de bolsa y valores de EEUU. "Los europeos no tenían datos suficientes cuando lanzaron el programa", dice él. "Podemos aprender muchas cosas de lo que ellos hicieron. Sabemos que es importante validar todo lo que se ha hecho: ¿quién decide si una cierta propuesta de compensación es de hecho buena? Por el sistema europeo, las personas encargadas de validar las estrategias adoptadas son escogidas por los propios participantes del programa, lo que puede ser problemático. Tengo que admitir que no sé si el sistema de límite y comercio aplicado a las compensaciones por el carbono emitido realmente funciona. Hay fraudes, por lo tanto la cuestión es la siguiente: ¿qué tipo de validación podría proporcionar el sistema, de modo que tales problemas se evitaran?" La validación es, desde luego, una cuestión espinosa y vulnerable a fraudes. De acuerdo con Sarachan, "si la institución encargada de la validación del proyecto está subordinada al empleador, no habrá incentivo para que sea fiscalizada. Existe un conflicto de intereses en potencia que surgen del siguiente hecho: ¿quién está pagando al individuo encargado de la validación para que haga su trabajo?" La Transparencia Internacional describió el mismo peligro al que están sujetos los proyectos de compensación en un análisis sobre los riesgos de soborno en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM, en las siglas en inglés), el mayor mercado de compensaciones del mundo. "Para obtener créditos de carbono", informó el grupo, "quien va a adquirir el proyecto necesita la aprobación del país anfitrión y del inversor, de la validación de la documentación de un proyecto por parte de un tercero acreditado para eso, aprobación internacional de la UE y validación por un tercero o por proyectos de operaciones que puedan ser comparados al plan. El personal encargado de poner en práctica los proyectos en algunas organizaciones no son, en general, bien remunerados y pueden ser también inexpertos debido al rápido desarrollo de ese mercado". "Medias verdades y mentiras completas" La preocupación por las compensaciones también es compartida por Michelle Chan, activista de los Amigos de la Tierra. "Las compensaciones son muy vulnerables a la corrupción y al fraude porque se refieren a la idea abstracta de que ha habido emisiones, lo que no puede ser comprobado en última instancia", observa. "Alguien dice: 'Emití tanto, sin embargo conseguí disminuir mis emisiones compensándolas en tanto'. En muchos casos, las reducciones habrían ocurrido de cualquier manera. El mercado de compensaciones, por su naturaleza, está lleno de oportunidades para que se produzcan medias verdades y mentiras completas". Chan, que estuvo presente en la reunión de abril, es autora del informe de los Amigos de la Tierra de 2010: "Diez maneras de manipular el mercado de carbono". Los sistemas de comercio, dice ella, "son complejos, y mientras más complejos sean, más fácil será manipularlos". Los diez "golpes" que el informe identifica son los siguientes: 1. Inflación de parámetros: Los sectores con límites de emisiones pueden inflar los niveles de emisiones de carbono para conseguir del gobierno un volumen mayor de licencias (preferentemente, gratis). El informe dice que las compañías de servicios de electricidad de cinco países de la UE pueden tener beneficios no planeados de US$ 36.000 millones a US$ 111.000 millones por licencias gratis para el periodo de 2008 a 2012. 2. Esquema Ponzi de carbono: Como en cualquier esquema de pirámide, se paga al inversor antiguo con el dinero dado por el nuevo, y todo se hace sin un acuerdo auténtico de compraventa del carbono. Ésa habría sido la táctica de Anne Sholtz. Los inversores presentaron acciones judiciales contra ella que superaron los US$ 50 millones. 3. Venta falsa de créditos de compensación: Por medio de esa trama, se vende a los inversores un proyecto de compensación, generalmente en un lugar distante, pero que no existe o que no cumple lo que promete. Los problemas de compensación no siempre son consecuencia de fraudes. El reciente libro de Heather Rogers, Green gone wrong [Lo verde que salió mal], relata serios problemas de un proyecto de 2002 que debería haber plantado 10.000 árboles para compensar las emisiones generadas por el álbum de la banda británica Coldplay, A rush of blood to the head. Los "brokers de compensaciones", dice ella, "no están obligados a seguir norma alguna, nadie inspecciona su trabajo, tampoco las aprobaciones dadas, ni las revisiones hechas; tampoco hay evaluaciones obligatorias de seguimiento para garantizar la eficacia de la compensación". 4. Soborno: Son blanco de soborno los encargados de medir y validar las reducciones reales del volumen de emisiones de carbono, o la agencia que emite los créditos. Los países anfitriones son igualmente vulnerables al soborno, como muestra el caso Foster. Algunos agentes encargados de validar también actúan como consultores de esos mismos proyectos, creando con eso un conflicto de intereses en potencia. 5. Esquema del "carrusel": En ese crimen tan común, intermediarios compran créditos de carbono sin impuestos y después cobran a los clientes el impuesto que se debe. Los impuestos jamás se pagan al Gobierno y los intermediarios desaparecen una vez concluida la transacción. 6. Phishing de carbono: Este crimen que tuvo su origen en Internet ya se describió en la introducción de este artículo. Se trata de un fraude con diversas versiones en que los operadores informan a las empresas que ellas necesitan registrar nuevamente sus licencias. A continuación, por medio de falsas webs, roban los datos de la cuenta de las empresas. 7. Falsificación de informaciones: Los desarrolladores de compensación de emisiones necesitan probar que sus proyectos evitaron las emisiones de carbono. Esto se puede hacer por medio de una demostración, probablemente falsa, de que el proyecto no habría sido posible sin los ingresos de compensación. 8. Compraventa y ventas artificiales: En esta variación del fraude fiscal clásica, se crea una nueva empresa con el propósito específico de crear compensaciones de carbono. A continuación, cobra precios deliberadamente elevados por el carbono, permitiendo así que una entidad existente reclame el exceso como ingresos. 9. Reciclaje de carbono: Los intermediarios adquieren créditos o licencias ya utilizadas por un precio menor. Luego, aunque los créditos o un número equivalente ya hayan expirado, ellos los venden de cualquier forma por un margen de ingresos satisfactorio. El crimen fue descubierto por dos bolsas europeas en marzo. 10. Manipulación de precios y enriquecimiento de la propia empresa: Teóricamente, las empresas pueden elevar los precios del carbono en sus mesas de operaciones. Luego, obtienen beneficios en sus divisiones de compensaciones en el momento en que se alcanza un precio de intervención, cuando el Gobierno libera un volumen extra de carbono de sus reservas estratégicas. Las variaciones del volumen de reservas son elementos tanto del proyecto de ley Waxman-Markey sobre el clima, aprobado por la Cámara, como del proyecto de ley Kerry-Lieberman, aún en tramitación en el Senado. La campaña de esclarecimiento sobre el cambio climático organizada por la ONG británica Sanbag identificó las diez principales empresas que más ganaron con el sistema de Comercio de Emisiones de la EU, en 2008. La empresa con el mayor número de licencias adicionales, 14,4 millones, fue ArcelorMittal, líder en el segmento de la siderurgia y con presencia en 60 países. En segundo lugar, con 4,2 millones de licencias adicionales aparece Lafarge, fabricante mundial de cemento. U.S. Steel quedó en noveno lugar, con 1,6 millón de licencias. A causa del exceso de adjudicación de licencias, señala el informe, esas diez empresas tienen ahora un superávit de 35 millones de licencias, el equivalente a las emisiones anuales de Letonia y de Lituania. El valor estimado de las licencias es de US$ 600 millones. Según Laufer, el próximo paso en la agenda del grupo de trabajo consiste en dividirse en grupos menores para la formulación de un conjunto de recomendaciones de directrices. Él destaca que "Interpol tenía un grupo de trabajo que lidiaba con las mismas cuestiones". Una pregunta difícil de responder La complejidad de las tramas de fraudes relacionados con el comercio de carbono hacen difícil el desarrollo, y después la aplicación, de políticas que permitan a los mercados lidiar con las cuestiones medioambientales de la forma en que deben ser tratadas, dicen los especialistas. De acuerdo con Orts, de Wharton, una de las principales dificultades suscitadas por esa cuestión consiste en decidir quién debería tener jurisdicción sobre la regulación de los mercados de carbono y sobre la investigación de sistemas sospechosos de comercio. En EEUU, "sería un sector sobre el cual la SEC probablemente no tendría jurisdicción [...] A fin de cuentas, se trata de títulos mobiliarios, pero el conocimiento necesario para comprobar o no el fraude requiere conocimientos científicos y medioambientales. Los gobiernos deben también determinar si los culpables de los fraudes de carbono son susceptibles de sufrir castigos civiles o criminales. Un factor que complica la cuestión es el hecho de que la mayor parte de las tramas operan en otros países, en los que las leyes locales y nacionales no se aplican. "Las personas dicen que están trabajando en un proyecto de compensación en otro país, pero no están plantando ningún árbol; o, en lugar de eso, sí están plantando, sin embargo dicen que se trata de secuestro 'de carbono'. Pasados tres años, los árboles son derribados", dice Orts. "Eso no ayuda mucho, pero la pregunta que se hace es la siguiente: ¿de qué manera se puede aplicar la regulación en esos países?" Los mercados de carbono y el sistema de límite y comercio acarrean costes significativos, dice Orts, y es el papel de los gobiernos determinar si disponen de las herramientas oportunas para lidiar de modo eficaz con el problema mundial del cambio climático. "Tal vez debiéramos apelar a una estrategia más simple y directa, o cobrar por las emisiones de carbono", dice. "El problema de esto, naturalmente, es que en el momento en que se dice 'impuesto', se vuelve muy impopular. Desde el punto de vista de la economía, sin embargo, la manera más directa y más limpia de gestionar el problema consiste en aplicar un impuesto sobre las actividades que causan las emisiones de carbono".

Publicado el: 30/06/2010

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FUENTE:
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RODRIGO  GONZALEZ  FERNANDEZ
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