martes, octubre 27, 2009

Nueva institucionalidad ambiental: tres cambios clave introdujeron los senadores

En el marco del acuerdo político que firmó el gobierno con los parlamentarios de todas las bancadas

Nueva institucionalidad ambiental: tres cambios clave introdujeron los senadores

Exequiel Pino  df

La próxima semana será despachado del Senado -a más tardar el 5 de noviembre- el proyecto de ley que crea el Ministerio, la Superintendencia y el Servicio de Evaluación Ambiental. Así lo consigna el acuerdo político que firmó ayer el gobierno con los senadores de la Comisión de Medio Ambiente, en el ex Congreso Nacional.

Se trata de un documento de once puntos o acuerdos (ver recuadro), que fueron fruto de intensas negociaciones en las últimas semanas y que permitieron fraguar el nuevo entendimiento que viabiliza la tramitación de la futura institucionalidad.

Y la relevancia que dio el Ejecutivo al evento fue tal que hasta el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, acompañó a la ministra presidenta de la Conama, Ana Lya Uriarte, en la ceremonia final donde firmaron casi todas las bancadas políticas.

Sólo se restaron los senadores Guido Girardi (PPD), Nelson Avila (PRSD) y Alejandro Navarro (MAS). No obstante, el primero no rechazó a priori el proyecto y precisó que esperará la redacción final del texto antes de firmar el protocolo.

Si bien son varios los aspectos incluidos en el acuerdo, existen tres materias que son claves para la estructura de la nueva institucionalidad: el Tribunal Ambiental, la Superintendencia y el Servicio de Evaluación Ambiental. Estos tres organismos fueron objeto de múltiples peticiones y observaciones de los senadores, las que finalmente quedaron estampadas en el texto de acuerdo.



Tribunal Ambiental

El gobierno asumió el compromiso de ingresar mañana a tramitación legislativa un proyecto de ley que crea un Tribunal Ambiental que descansará sobre siete ejes que fueron acordados previamente con los senadores.

Se tratara de un organismo jurisdiccional especializado y tendrá una composición mixta integrada por tres abogados y dos profesionales provenientes del área de las ciencias o la economía. Tendrá todas las competencias en el ámbito administrativo ambiental que actualmente entrega la Ley N 19.300 a los tribunales ordinarios, así como la potestad de revisión de los actos administrativos de la Superintendencia de Medio Ambiente.

Este órgano tendrá competencias de control previo de algunas medidas que pueda decretar la Superintendencia y de revisión plena y obligatoria para el caso de las sanciones más graves. Contará con amplias atribuciones para evaluar la legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y contenido técnico de las decisiones bajo su competencia y deberá incluir procedimiento expeditos estableciendo un período probatorio obligatorio.

Evaluación Ambiental

El acuerdo incluye, además, una garantía orientada a establecer la preponderancia técnica de las decisiones tomadas al interior del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por la vía de cinco puntos adicionales. A saber: crear un Servicio de Evaluación Ambiental, crear un órgano colegiado de aprobación o rechazo de proyectos y establecer el carácter vinculante de los informes técnicos de los servicios públicos, cuyo incumplimiento implica un vicio esencial que anula el procedimiento de evaluación.

Los otros dos puntos son establecer la obligación que los informes sectoriales emitidos durante la evaluación ambiental sean siempre fundados y regular la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (que durará cinco años) en el caso de impacto no previstos, como fue autorizado por la Contraloría.

Superintendencia

El tercer tema relevante del acuerdo perfecciona las normas de fiscalización de la Superintendencia, precisando las conductas sancionables; corrigiendo las inhabilidades para asumir el cargo de superintendente; y precisando los estándares que deben cumplir los funcionarios.

Además, se establece un sistema rápido y expedito de aprobación judicial para algunas medidas provisionales, incluyendo la consulta obligatoria para las sanciones más graves que pueda aplicar la Superintendencia de Medio Ambiente.

Satisfacción por nuevo marco legal

Andrés Velasco

Ministro de Hacienda

"Con voluntad y trabajo técnico, todo se puede"

"No era fácil, pero con voluntad y con buen trabajo técnico, todo se puede. Agradecemos a los senadores de la comisión de Medio Ambiente y a otros que no integran la comisión, pero también se integraron a este trabajo, por este protocolo que nos va a permitir tener un buen ministerio y no solamente eso, sino que una mejor legislación medio ambiental".

Ana Lya Uriarte Ministra presidente de la Conama

"Se abre la participación ciudadana"

"Estamos muy satisfechos con este acuerdo, que da el necesario paso de modernización en materia ambiental para el país (…) Hoy todos pueden reclamar, ciudadanos y personas naturales y jurídicas. Se abre la participación ciudadana por fin a las declaraciones de impacto ambiental en aquellos proyectos que generan cargas ambientales".

Soledad Alvear

Senadora Democracia Cristiana

 "Hoy es un  día histórico"

"Hoy es un día histórico (...) y me siento extraordinariamente contenta que concurra la voluntad de partidos de la Concertación, así como también de los partidos políticos de la Alianza por Chile.

Crear la institucionalidad ambiental es fundamental por las razones que hemos visto y casos que hemos conocido".

Antonio Horvath

Senador de Renovación Nacional

"Una Conaf pública sin mutilarla"

"Se mantiene el compromiso de crear una Conaf pública sin mutilarla, como venía en el proyecto, junto con la creación del servicio de parques y biodiversidad. Las dos leyes tendrán que venir juntas al Congreso (...) Antes, a la Conaf la dejaban como una corporación de derecho privado, sin parte importante de sus funciones y su personal".

Pablo Longueira Comisión Medio Ambiente

"Se garantizan todas las instituciones"

"Se trata de un acuerdo histórico (..) Aquí se garantizan todas las instituciones necesarias para que el país tenga un desarrollo sustentable en el tiempo y  los inversionistas tengan las certezas jurídicas de sus inversiones. Hay que asumir que la nueva institucionalidad es el marco con el cual tenemos que aprobar nuestros proyectos".


Fuente
Saludos
Rodrigo González Fernández
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