Las negociaciones transatlánticas
Durante años las compañías americanas interesadas en establecerse o realizar operaciones comerciales con Europa se han enfrentado a numerosas barreras para entrar y operar en este mercado. Los aranceles eran los culpables en muchas ocasiones; pero, sin duda, uno de los principales obstáculos eran los diferentes y complejos sistemas regulatorios vigentes.
Las negociaciones que acaban de comenzar para la firma de un tratado de libre comercio transatlántico representan una inmensa oportunidad de negocio. Y uno de los objetivos principales de estas negociaciones es la de armonizar ciertas prácticas y principios regulatorios a ambos lados del Altántico. Las empresas anhelan 'disfrutar' de estándares únicos y comunes, lo cual supondría, según algunos expertos, cientos de millones de dólares en ahorros para las compañías, si son capaces finalmente de persuadir a los negociadores para que acepten los sistemas y reglas menos estrictos que faciliten el desarrollo de su actividad empresarial.
En otras palabras, las negociaciones Europa-USA ofrecerán particularmente a las compañías norteamericanas una segunda oportunidad para tratar de eliminar y ver resueltos, en un breve espacio de tiempo, algunos contenciosos con los que han estado 'batallando' durante décadas. Asuntos conflictivos como la gestión y defensa de los derechos de propiedad intelectual, los sistemas de subsidios y subvenciones, los derechos de patentes, los límites a la propiedad extranjera, etcétera, formarán ahora parte de la agenda negociadora de las partes.
Este proceso negociador representa una lucrativa oportunidad también para los profesionales del lobbying y los despachos legales, tanto en Bruselas, como en Washington. Y son estas oportunidades las que ayudan a explicar el porqué de la atracción de las firmas americanas por tomar posiciones en Bruselas, algunas de la cuáles se han instalado, entre otras, en Rue Belliard, considerada por muchos como la versión europea de K-Street, el conocido 'lobbying corridor' de Washington.
Lobbying en Bruselas
Es un hecho que la UE se ha convertido en una 'superpotencia' reguladora que afecta a los 28 países miembros y que colectivamente forman uno de los bloques economicos más grandes del mundo. Las decisiones legislativas y políticas que se toman en Bruselas tienen cada vez mayor impacto en las compañías multinacionales que tienen presencia en muchos de estos países. De este modo, Bruselas rivaliza así con Washington por el cetro de la actividad de lobby en el mundo.
El creciente poder de Bruselas no sólo ha incrementado significativamente la actividad de lobby y, por tanto, el negocio asociado, sino que también ha atraído a numerosas e importantes firmas legales internacionales, algunas de las cuáles han importado a Europa prácticas y modos de operar comunes al otro lado del Atlántico, pero sin las restricciones propias que rigen en los Estados Unidos.
Estas firmas se están aprovechando de la existencia de reglas más laxas en Bruselas, si se comparan con las americanas. Destaca en particular la posibilidad de contratar a altos funcionarios, que un día después de dejar su puesto en los diferentes órganos y entidades de la administración europea comienzan a trabajar para estas firmas y a obtener réditos inmediatos de sus agendas de contactos. Las autoridades están obligadas por Ley a ofrecer un trato igualitario, no discriminatorio, a todos los ciudadanos, pero es cierto que se trata de forma diferente un asunto si quien llama para interesarse por él es un antiguo colega.
Estos despachos de abogados están minando los esfuerzos realizados para llevar más transparencia a la actividad de lobby en Bruselas, amparándose en la figura del deber de confidencialidad entre abogado y cliente. Muchos rechazan de esta manera identificar quiénes son los clientes para los que ejercen su actividad de lobby, algo que no podrían hacer en Washington. Pueden mantener así bajo secreto los encuentros de sus clientes con los funcionarios y/o ejecutivos de los reguladores europeos en sus despachos, algo que no podrían hacer allí, donde se les requiriere desvelar este tipo de reuniones.
Muchos son los críticos, incluidas las firmas de relaciones públicas y lobby, así como destacados funcionarios europeos, que acusan a estos despachos de actuar en la sombra, de esconderse detrás de la confidencialidad. Lo consideran injusto y una práctica anticompetitiva y peligrosa puesto que ampara a todos aquellas entidades, empresas y organizaciones que desean realizar actividades de lobby de una forma secreta y anónima. Son muchos los defensores de esta actividad que abogan por el fin de esta opacidad. No son pocos los Eurodiputados que rechazan reunirse con lobistas que no han aceptado, por ejemplo, registrarse de forma voluntaria en la base de datos creada en 2011.
El registro de transparencia
Este registro europeo incluye los nombres de cerca de 6.000 compañías, organizaciones o firmas de lobby que ejercen su influencia y representan sus intereses ante las instituciones europeas. Se estima que son más de 30.000 los profesionales que ejercen la actividad de tratar de influir en las políticas comunitarias, pero representarían tan sólo un 75 por ciento del total. También se cree que son cientos los que han decidido quedarse fuera del registro, de forma destacada los despachos americanos, que defienden a ultranza el 'secreto profesional' como uno de los valores esenciales de su actividad de representación legal de sus clientes.
Resulta paradójico, no obstante, que estas firmas de abogados sí formen parte del registro americano para poder ejercer sus actividades de representación de intereses, legítimas en sí mismas, pero cuando llegan a Europa parezcan ignorar lo que significa la existencia de un registro de transparencia y cuáles son sus 'obligaciones'.
Por la transparencia
Parece claro que no habrá forma de controlar su influencia e impacto legislativo en Europa si no somos capaces de conocer quiénes son sus clientes o en nombre de quién ejercen su actividad.
No hay duda tampoco que los resultados que podrían obtener para sus clientes, fuera del escrutinio de la opinión pública, son potencialmente elevados, pero no podemos catalogar este comportamiento como ético, ni aceptable democráticamente.
Por todo ello, parece más necesario hoy que nunca que las propias instituciones europeas, apoyadas también por todas las organizaciones y los colectivos profesionales que defienden la legitimidad del lobby, promuevan los cambios normativos que sean necesarios para sacar a esta actividad de la 'oscuridad' y dotarla de la luz y transparencia que exige la ciudadanía europea.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU(
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