Miércoles, 02 de Enero de 2008
Economía y Negocios
CONSTANZA HOLA CHAMY
Ad portas de la adjudicación de otras tres concesiones y en un año de elecciones, parlamentarios insistirán en esta moción.
Se va la bolita del último proceso de permisos de casinos y los diputados están interesados en regular el intenso despliegue de lobby que se le atribuye a esta industria.
Ad portas del nuevo proceso para adjudicar las licencias de operación para los tres centros de juego que quedan -uno en Aisén y dos a lo largo del territorio nacional, exceptuando a la Quinta y la Octava- vuelve a ponerse en el tapete la relación entre algunos actores del rubro y el financiamiento de las campañas políticas.
"Si se mira la historia hacia atrás, poco antes o algún tiempo antes de elecciones se le han dado concesiones a grupos determinados", comenta el diputado PS Carlos Montes.
Él mismo, apoyado por otros colegas de la Concertación, impulsaron un proyecto de ley para prohibir los aportes de operadores de casinos de juego a campañas políticas. "Lo sano es que no tengan ningún tipo de vinculación y que la ley lo prohíba expresamente", señala Montes.
El proyecto -que en sus inicios se pensó adjuntar al trámite de la Ley de Casinos, pero cuya materia finalmente tenía que ver con el proyecto de Financiamiento Electoral- prohíbe expresamente cualquier donación a campañas de las sociedades operadoras. Y aunque el original no contemplaba prohibiciones para personas naturales, el diputado Montes asegura que pretenden perfeccionarlo en sala para que tampoco los propietarios de dichas sociedades puedan aparecer aportando a campañas.
Y a pesar de que la discusión será a nivel parlamentario, la Superintendencia de Casinos y Juegos tendrá un rol fundamental en el proceso que se viene, así como en el control y fiscalización.
Trámite pendiente
"La ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral aprobada en 2003 fue un salto muy importante en términos de institucionalidad democrática. Cualquier iniciativa que busque perfeccionar esa ley es positiva. Sobre las propuestas específicas prefiero no comentarlas y dejar esta tarea a los expertos, que son los parlamentarios", comenta Francisco Javier Leiva, superintendente del ramo.
Hoy comienza el plazo legal para presentar las ideas de los nuevos proyectos para el nuevo proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego . Éste se extiende hasta el último día de febrero, tras lo cual se conceden seis meses para la elaboración de las propuestas.
Esto, luego de que el gobierno perdiera por un voto el proyecto de ley que pretendía suspender hasta el primer bimestre de 2011 dicho proceso, precisamente para alcanzar a perfeccionar la ley y evitar la polémica que desató el proceso anterior.
Pero, según Montes, el tema de los aportes a campañas va más allá de un proceso u otro. Especialmente en año electoral. "Encuentro lamentable que la comisión de gobierno interior se haya demorado tanto con el tema del trámite de financiamiento electoral", sentencia Montes.
El diputado espera concluir la discusión del tema en enero, para que pueda presentarse en sala. En ésta se incluirá todo lo ligado a la industria de casinos de juego. Porque un nuevo proceso en año electoral sin tomar las medidas pertinentes podría suscitar aún más la polémica. "En esta industria la competencia es muy fuerte. Y de que hubo lobby, lo hubo", acusa el diputado.
PLAZOS
> LOS PROYECTOS se pueden presentar hasta el último día febrero. Después rigen otros seis meses para la elaboración de las propuestas.
‡ La adjudicación de Viña del Mar que originó el proyecto
En enero de 2000 -año de elecciones municipales, igual que 2008-, la Municipalidad de Viña del Mar, liderada entonces por el ex alcalde y actual diputado PPD Rodrigo González, precalificó para la operación del Casino de Viña del Mar las ofertas de la familia Martínez -ligada a Enjoy- y el grupo español Cirsa. La de los Martínez contemplaba una inversión total de 400 mil UF e incluyó la construcción de un hotel cinco estrellas con 60 habitaciones y un centro de eventos para 200 personas. La de Cirsa era por 348 mil UF y no contemplaba instalaciones extras, aparte del casino. En marzo Cirsa presentó un recurso ante la Contraloría Regional alegando que su contraparte habría estado fuera de bases por ofertar la construcción del hotel. Un mes después el departamento jurídico de la municipalidad indicó que las dos ofertas estaban fuera de base, lo que fue ratificado por la Contraloría Regional en mayo del mismo año y se suspendió la votación del nuevo concesionario.
Acusaciones y destituciones
Sin embargo, el 23 de mayo la municipalidad adjudicó por 15 años, renovables por igual período, el casino a Enjoy.
Cirsa, por su parte, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del contralor Arturo Aylwin y del subcontralor Jorge Reyes, acusando de ilegal y arbitrario el dictamen que ambos habían emitido respecto de las bases sobre el hotel, donde la Contraloría aceptó que la ampliación era parte del proceso y validó la adjudicación posterior.
Con todo, en agosto del mismo año el alcalde González fue destituido de su cargo por abandono de deberes, luego de ser denunciado por los concejales de la Alianza de cometer irregularidades en dicho proceso de licitación y en la negociación de los terrenos del entonces ex hotel Miramar.
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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