El último anuncio presidencial de llevar adelante una "reforma a la reforma procesal penal" puede terminar convirtiéndose en un nuevo pelo en la sopa de las tensas relaciones entre La Moneda y el Poder Judicial. Todo en un marco de gestos mutuos que se habían desplegado las últimas semanas para tender puentes y lograr una suerte de "abuenamiento", tras las críticas al fallo que paralizó la Central Castilla y que gatilló el duro reclamo de la Corte Suprema por "intromisión indebida" desde el gobierno.
La polémica decisión de la jueza del 13º Juzgado de Garantía de Santiago, Valeria Vega, de dejar en libertad provisional a Pablo Ávila, acusado de asesinar a un barrista de Colo Colo el domingo en la noche, cayó al Presidente Sebastián Piñera como anillo al dedo. Se convirtió en el escenario ideal para justificar públicamente su deseo de introducir cambios profundos al funcionamiento y a las normas en las que se sustenta la Reforma Procesal Penal (RPP).
"Como Presidente de Chile, como Presidente de todos los chilenos tengo la obligación de que, cuando vemos que algunos eslabones de la cadena no cumplen adecuadamente su labor en la lucha contra la delincuencia, debemos tomar todas las medidas que están a nuestro alcance, y por eso esta reforma a la reforma procesal penal", dijo Piñera ayer en la mañana desde Arica.
Sus palabras sorprendieron a varios porque, si bien algo se había visto en de forma previa en el gobierno, claramente la iniciativa está en pañales y el Ministerio de Justicia contaba con tener más tiempo, al menos un par de meses. Dos elementos confirman la salida de libreto del Presidente: la idea original era tener la reforma para noviembre —fecha estimada para contar con el proyecto— y frases en Palacio como "es el Presidente el que impone los ritmos", comprueban que se adelantó.
Desde el gobierno esbozaron las ideas centrales de lo que se pretende reformar, tres de ellas claves para La Moneda, y que levantarán polvareda a nivel político y judicial: modificar la atribución exclusiva de los jueces de garantía para determinar la validez de una prueba; establecer mayores exigencias a las libertades provisionales y aumentar las atribuciones policiales en las detenciones.
El viernes 28 de septiembre Piñera almorzó en La Moneda con su ministro de Justicia, Teodoro Ribera y el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, más los ministros encargados de las respectivas salas que la componen: Nibaldo Segura (Civil), Hugo Dolmestch (Penal), Héctor Carreño (Constitucional) —ambos remplazando a Milton Juica y Sergio Muñoz que estaban fuera de Chile— y Patricio Valdés (Mixta). Ese almuerzo fue claramente un intento de "abuenarse" con los supremos, como reconocieron ese día en La Moneda, ya que la invitación presidencial fue con motivo de la entrada en vigencia de la ley que flexibiliza la destinación transitoria de jueces hacia tribunales con mayor cantidad de procesos pendientes.
Unas horas antes de ese almuerzo, Ballesteros declaró públicamente que el caso de Castilla había dejado lecciones tanto para la Corte Suprema como para el gobierno, tratando de dar por superadoel duro impase por las críticas al fallo de Castilla y que provocaron un malestar supremo que quedó de manifiesto en la resolución del pleno del 11 de septiembre.
Ayer en La Moneda declararon que fue en ese almuerzo donde Piñera le "comentó" a los supremos la reforma a la reforma, aunque todo indica que realmente fue en el almuerzo anterior —el 14 de agosto, cuando estaban casi la totalidad de los supremos en la cita—, a quienes no se les habló de cambios de la magnitud que se delinearon ayer públicamente.
ALARMAS
Desde tribunales se prendieron luces amarillas. Ya la criticada ley Hinzpeter —que busca fortalecer el resguardo del orden público— tiene duros detractores en la Corte Suprema, despertando un arduo debate en el máximo tribunal, como lo demostró el informe que envió al Congreso en el que varios ministros advertían de algunos aspectos que atentaban contra las bases del ordenamiento jurídico. La "reforma a la reforma" sería más dura todavía.
Desde tribunales se prendieron luces amarillas. Ya la criticada Ley Hinzpeter —que busca fortalecer el resguardo del orden público— tiene duros detractores en la Corte Suprema, despertó un arduo debate en el máximo tribunal, como lo demostró el informe que envió al Congreso en el que varios ministros advertían de algunos aspectos que atentaban contra las bases del ordenamiento jurídico. La "reforma a la reforma" sería más dura aún.
En tribunales, además, comentaron que cualquier cambio de envergadura como se pretende, debe ser informado en la mesa de seguimiento de la RPP, lo que hasta ahora no ha sucedido. Dicha instancia está integrada por todos los actores que son parte del sistema: fiscalía, defensoría, Corte Suprema, Policías, Registro Civil, Colegio de Abogados, la que se reúne cada dos meses.
La última citación de esta mesa fue el 10 de septiembre, cuando según la versión de Palacio el estudio y sondeo de opiniones sobre esta reforma ya llevaba un par de meses en marcha, al menos, pero tampoco se esbozó nada.
Consultado sobre el anuncio de Piñera, el ministro Dolmescht declaró ayer que "no conozco esos antecedentes" y luego en la formalidad que lo caracteriza, agregó que "el Presidente de la República tiene iniciativa legal, puede hacerlo perfectamente y en su momento opinaré sobre ello".
A LA MEDIDA
No se oculta en Palacio, ni en público ni en privado, que el objetivo de la reforma es fortalecer el discurso de la lucha contra la delincuencia. El propio Presidente lo dijo ayer: esta iniciativa tiene "una sola misión y un solo objetivo: fortalecer la lucha contra la delincuencia, fortalecer las garantías para todos los chilenos, pero especialmente para la inmensa mayoría inocentes que quiere vivir en paz, en tranquilidad y también fortalecer las garantías para las víctimas que sufren las consecuencias de la delincuencia".
Este punto es fundamental para una administración como la de Piñera, cuya coalición levantó por una década la bandera electoral de la "mano dura" contra la delincuencia y de terminar con la puerta giratoria. Pero una vez ya gobernando, las duras críticas a la inoperancia de los gobiernos concertacionistas en este ámbito se transformaron en un boomerang, pues la delincuencia pasó a ser uno de sus talones de Aquiles por la sobre expectativa generada.
La Moneda ha tratado de esquivar las críticas en esta área responsabilizando especialmente a los jueces de garantía, a quienes considera que en su gran mayoría adhieren a doctrinas de izquierda que dificultan la implementación de la mano dura.
Entonces, no es menor que los cálculos de Palacio apunten a que la reforma se discuta con la contienda presidencial del próximo año como telón de fondo, permitiendo al gobierno blindarse de las críticas y tener una respuesta concreta que esbozar.
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