Por un sistema de pensiones sostenible e inteligente
PwC - España
Una de las principales consecuencias del aumento tan significativo de la esperanza de vida y de las bajas tasas de natalidad que se han registrado en Europa durante las últimas décadas, es el envejecimiento de la población y su repercusión en la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones.
En España, según las estimaciones del INE, la población mayor de 65 años pasará del 16% en 2008 al 32% en 2050. Ello representará un aumento significativo en el número de pensiones de jubilación a pagar y, dado que la esperanza de vida está aumentando a un ritmo aproximado de un año por década, las mismas se pagarán durante más años.
En este informe, PwC propone, a partir de nuestra experiencia y conocimiento de los sistemas de pensiones en los principales países desarrollados, las líneas maestras de las reformas que, a nuestro juicio, debe abordar el sistema español de pensiones. En primer lugar, el estudio señala los diferentes elementos del sistema público de pensiones en España, analiza las experiencias de otros países de nuestro entorno y propone las reformas necesarias. Dado que éstas probablemente tendrán, como consecuencia la reducción de las prestaciones públicas, creemos fundamental desarrollar la previsión social complementaria, especialmente en el ámbito empresarial.
Para lo cual indicamos una serie de medidas que sería conveniente considerar para fomentarla. Tenemos que ser conscientes de que el sistema público de pensiones en régimen de reparto (donde las prestaciones de los pensionistas se financian mediante las cotizaciones de los empleados en activo) se estableció en un momento del tiempo dado, con unas circunstancias socioeconómicas determinadas. El sistema que ha sido perfectamente viable hasta la fecha (en los últimos años incluso ha habido excedentes que se han canalizado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social), previsiblemente no lo será en el futuro debido a la evolución de dichas circunstancias (aumento de la esperanza de vida, índices de natalidad más bajos, retraso en la edad de incorporación al primer empleo, etc.).
En efecto, el sistema de reparto se sostiene bajo la premisa de que haya una proporción suficiente de trabajadores que cotizan frente al número de pensionistas. Ello quiere decir que las cotizaciones realizadas por cada trabajador son insuficientes para pagar su pensión a la jubilación. Así, en un futuro cercano el número de cotizantes por pensionista será insuficiente. En España hemos pasado de tener un ratio de 4 trabajadores por pensionista a finales de los años setenta a otro de 2,6 en la actualidad, y se espera que el mismo sea de cerca de 1,2 en las próximas décadas.
Como consecuencia de lo señalado, el coste de las pensiones en los próximos 40 años se incrementará notablemente según las previsiones de la OCDE, pasando de representar del 8,9% del PIB en 2010 al 15,5% en 2050. Si consideramos los ingresos previstos, el sistema público de pensiones podría ser deficitario a partir del año 2025. La previsión de ingresos incluye la aplicación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que, considerando su volumen patrimonial actual, únicamente serviría para hacer frente a la nómina de pensiones durante nueve meses.
Por lo tanto, para seguir disfrutando de un sistema público de pensiones, algo que todos deseamos, debemos tomar medidas que nos permitan aumentar los ingresos (cotizaciones) o reducir los gastos (pagando las pensiones durante un menor tiempo o reduciendo las mismas). Dado que incrementar las cotizaciones supondría un gran coste para las empresas, entendemos que las reformas deben ir fundamentalmente encaminadas a reducir los gastos, aunque también sería necesario analizar otras vías de financiación del sistema adicionales (recordemos que, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, tanto los complementos mínimos de pensiones como las pensiones no contributivas ya se tienen que financiar a través de partidas de los Presupuestos Generales del Estado y no de cotizaciones). En cualquier caso, sería necesario que las medidas se adopten de forma progresiva, de forma que no sean lesivas para las personas cercanas a la jubilación.
Una vez puesto de manifiesto la importancia de acometer reformas para mantener el sistema público de pensiones, se trata de decidir la naturaleza de las mismas. A nuestro juicio, al igual que se ha hecho en Reino Unido, Suecia y Alemania, un paso indispensable debería ser que una Comisión Independiente de expertos, tras analizar la experiencia de otros países y realizar proyecciones realistas de ingresos y gastos, emita un informe de recomendaciones al Parlamento Español para llevar a cabo la reforma que garantice de forma clara la viabilidad a largo plazo del sistema público de pensiones.
En los últimos años los países de nuestro entorno han buscado distintas fórmulas para reducir el déficit y garantizar la viabilidad del sistema a largo plazo. En líneas generales los países han optado por una de estas tres vías:
- Pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización, donde las prestaciones a cobrar se corresponden con el capital acumulado por cada trabajador en su cuenta particular a través de la realización de aportaciones (cotizaciones) prefijadas. Este modelo es el seguido por los países de Europa del Este.
- Realizar reformas que conduzcan a un nuevo modelo de reparto en el que se ajusten las prestaciones a cobrar a la capacidad económico-financiera del sistema. En este sentido Suecia, Italia y Polonia han implantado el denominado modelo de cuentas nocionales
- Realizar reformas paramétricas, es decir, modificar diferentes parámetros que sirven para determinar la cuantía de la prestación o la duración del pago de la misma (edad de jubilación). Este tipo de reformas se han llevado a cabo en Francia, Alemania y Portugal.
A nuestro juicio, el sistema de capitalización no es el más adecuado dado que el importe del capital acumulado a la jubilación depende de la rentabilidad obtenida por los fondos privados donde se realicen las inversiones. La práctica nos ha demostrado en los países latinoamericanos donde se ha implantado este modelo, que el importe de prestación a cobrar depende del ciclo económico donde nos encontremos, perjudicando a los trabajadores que han acumulado su capital en prolongados períodos de rentabilidades bajas o, incluso, negativas.
Entendemos que el sistema de capitalización, además de suponer una ruptura total con el esquema de solidaridad intergeneracional actualmente existente, no garantiza un tratamiento uniforme a los trabajadores, ya que dos personas de las mismas características recibirán una prestación diferente en función de la rentabilidad obtenida de los fondos donde se han invertido sus cotizaciones. Mediante el sistema de reparto esto no se produce, ya que éste garantiza un tratamiento equivalente a las dos personas.
Por ello, entendemos que la mejor forma de garantizar la viabilidad a largo plazo del sistema público de pensiones es llevando a cabo reformas de gran calado, en línea con lo realizado por Suecia e Italia. Dicha reforma debería realizarse considerando un período transitorio adecuado. Con la adopción de un modelo de cuentas nocionales como el sueco se conseguiría, manteniendo el principio de solidaridad, adecuar el nivel de prestaciones a las capacidades económicas del país. Las principales características del modelo serían las siguientes:
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- Cada trabajador tiene asignada una cuenta virtual en la que figura el capital acumulado con las cotizaciones que ha realizado y con la rentabilidad que se le ha consignado por el sistema (misma tasa de rendimiento para todos los trabajadores).
- La prestación a cobrar será función del capital que haya acumulado. Así, a la edad de jubilación que decida el trabajador (a partir de los 61 años), el sistema determinará la pensión equivalente al capital que haya acumulado aplicando unos parámetros prefijados. La prestación se revalorizará anualmente considerando las capacidades del sistema en cada momento, teniendo en cuenta la evolución real de los ingresos medios salariales, la inflación, etc.
Existe un mecanismo de ajuste del sistema. Las pensiones se revisan en función de la evolución de la esperanza de vida y de las capacidades económico-financieras del sistema teniendo en cuenta el número de pensionistas y de cotizantes.El sistema se complementa mediante la realización de cotizaciones adicionales al sistema úblico que son gestionadas por fondos privados en régimen de capitalización individual. De esta forma, con el capital acumulado en el fondo privado se percibirá una prestación adicional a la de la cuenta nocional. En cualquier caso, dada la complejidad de implementar la reforma del modelo de reparto hacia uno de cuentas nocionales y considerando las actuales presiones presupuestarias, entendemos necesario adoptar en el corto plazo una serie de medidas: - Aumentar la edad ordinaria de jubilación de 65 a 67 años de forma progresiva. De esta forma se reduciría significativamente el déficit previsto dado que las pensiones se pagarían durante menos años y además se cotizaría por un período superior.
- Diferentes estudios estiman que para que no exista déficit en el sistema, la edad de jubilación debería estar sobre los 70 años de edad.
- Considerar la totalidad de la vida laboral para el cálculo de la pensión. De esta forma se ajustaría más el importe de la pensión a las cotizaciones efectivamente realizadas.
- Aumentar el período mínimo de cotización para tener derecho al 100% de la pensión. Pasando de los actuales 35 años hasta cerca de los 40.
- Modificar la forma de revalorizar las pensiones, de forma que no solo se vincule al IPC sino también a otros parámetros (ejemplo, la evolución de los salarios medios).
- Tomar medidas que desincentiven la jubilación anticipada.Por otra parte, dado que cualquier reforma previsiblemente conlleve una reducción de las pensiones públicas, entendemos que es fundamental que se complementen las mismas a través de sistemas de previsión privados (básicamente de ámbito empresarial), de forma que las aportaciones a dichos sistemas sean obligatorias, en línea con lo realizado por otros países (Suecia, Suiza, Italia, Holanda). Y definidos en el ambito de la negociación colectiva.
Para fomentar el desarrollo de la previsión social complementaria sugerimos otras medidas adicionales:
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- Informar y concienciar a la población por parte de los políticos sobre el previsible futuro de las pensiones públicas, las medidas que se van a adoptar para garantizar su viabilidad a largo plazo y a necesidad de complementar las mismas mediante la realización de aportaciones a sistemas privados para garantizar unos ingresos razonables a la jubilación.
- Elaborar una ley de Previsión Social Complementaria de ámbito empresarial, que la distinga claramente de la de ámbito individual.
- Complementar las pensiones públicas con aportaciones obligatorias a sistemas de pensiones privados.
- Fomentar los planes empresariales sectoriales con el fin de que se desarrolle más la previsión en la pequeña y mediana empresa.
- Simplificar las trabas administrativas de los planes y fondos de pensiones- Mejorar las medidas fiscales que favorezcan el ahorro en previsión social y especialmente en el ámbito empresarial.
Todas estas medidas, que ya han sido adoptadas en otros países, estimamos que permitirían equilibrar a futuro los ingresos y gastos del sistema. No obstante, el sistema debería revisarse de forma continuada haciendo un seguimiento de la evolución de los diferentes parámetros (esperanza de vida, número de cotizantes y pensionistas, etc.), con el fin de llevar a cabo, si es necesario, reformas paramétricas adicionales.
N. de C.: Este artículo corresponde a resumen ejecutivo de un estudio de igual nombre desarrollado por PwC-España.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU(
CEL: 93934521
Santiago- Chile
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