La Moneda y los fantasmas políticos del caso La Polar
Tanto Sebastián Piñera como sus ministros asumen que el escándalo crediticio de la multitienda supone un test de blancura para un gobierno al que suele asociarse al mundo empresarial. En esa lógica, el Mandatario ha desplegado una contraofensiva que busca impedir que una nueva crisis se instale en Palacio.
por Ivonne Toro, Paula Canales y Esteban González
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Martes 14 de junio, La Moneda. Sebastián Piñera aborda por primera vez en profundidad el caso La Polar. Lo hace frente a los ministros Juan Andrés Fontaine y Felipe Larraín, al subsecretario Rodrigo Alvarez, al director del Sernac, Juan Antonio Peribonio, y a los superintendentes de Valores y Seguros, Fernando Coloma, y de Bancos e Instituciones Financieras, Carlos Budnevich, a quienes había citado a Palacio. "Nos llegó un gran reto del Presidente", revela un asistente, graficando la tensión que se vivió en el despacho de Piñera.
Habían pasado seis días desde el estallido del escándalo de la multitienda, que manipuló las deudas de alrededor de 420 mil de sus clientes para mejorar sus balances financieros. Seis días en que las autoridades sectoriales se habían preocupado de los análisis técnicos, sin dimensionar adecuadamente las variables políticas de un caso de alto impacto ciudadano. En Chile, el parque de tarjetas de crédito ronda los 24 millones de usuarios. La cifra es considerable para una población laboral de siete millones de chilenos.
En la reunión, el Presidente afirmó que la crisis de La Polar no sólo afectaba la confianza en la economía de mercado, sino también lesionaba a un gobierno cuyo sector se ha asociado desde siempre al mundo empresarial. Una vinculación que, por lo demás, se hacía más patente al constatar que cinco directores de la cuestionada firma habían sido nombrados bajo su administración en directorios de empresas públicas. "Creen que somos el gobierno de los empresarios, así que hay que actuar con mayor dureza", dijo el Mandatario, según un asistente.
Esa tarde, Piñera fue particularmente duro con los dos superintendentes. Primero, les reprochó su falta de coordinación, graficada en que cada uno llegó con su propio informe sobre la situación financiera del retail. Luego les preguntó por qué durante 10 meses -el tiempo transcurrido desde que el Sernac comenzó a indagar denuncias contra la multitienda- ninguna de las dos entidades tomó cartas en el asunto. La respuesta fue que el tema se arrastraba hace más de tres años, por lo que no eran los únicos que no habían percibido las irregularidades. "Esa no es razón", retrucó el Mandatario, quien subrayó que la experiencia de los funcionarios de su gobierno en el mundo privado debía garantizar un control adecuado de anomalías de esta índole.
La irritación de Piñera no era casual. El eventual surgimiento de un nuevo flanco de conflicto llegaba en momentos en que atraviesa por su más bajo nivel de aprobación ciudadana (36%, según el último sondeo Adimark) y en la antesala del inicio del trabajo de campo de la encuesta CEP, que en Palacio ya se proyecta negativa, debido a las múltiples crisis -entre otros factores- y al período invernal en que se realiza.
Además, el Mandatario había resentido el inmovilismo con que reaccionó el gobierno en los días siguientes al estallido del escándalo. En La Moneda aseguran que un factor que incidió en esta perplejidad fue que toda la atención del gobierno se concentró en el consejo directivo ampliado de la UDI, que concluyó el sábado 11 con un "golpe blanco" a la mesa encabezada por Juan Antonio Coloma. Otras voces de Palacio también apuntan a la falta de sensibilidad política de los ministros del equipo económico, afirmación que respaldan en lo ocurrido en el comité político de ministros del lunes 13. En la cita -donde habitualmente se revisa la agenda de la semana-, Felipe Larraín no mencionó el caso La Polar, y fue la jefa de asesores del segundo piso, María Luisa Brahm, quien casi al finalizar la reunión le pidió detenerse en la materia. El análisis del titular de Hacienda apuntó preferentemente a aspectos técnicos, situando el caso en el ámbito privado, lo que fue retrucado por los ministros del área política.
Otro error político fue la primera declaración pública del ministro Fontaine, cuando calificó el escándalo como un "accidente". Si bien su objetivo no era minimizar el caso, su frase se leyó de esa manera. En Palacio aseguran que Piñera le llamó la atención al ministro por sus dichos, versión que es descartada con vehemencia en el entorno del secretario de Estado. Como sea, el episodio alertó al gobierno sobre la necesidad de endurecer su discurso y gatilló la irrupción no pauteada de la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, quien calificó de "robo" las prácticas de la multitienda.
Tras el llamado de atención presidencial, se agilizaron algunos procesos que ya estaban en curso. El viernes 10, el Ministerio de Hacienda había informado a La Moneda sobre los cinco directores de La Polar que eran directores de empresas públicas: Heriberto Urzúa (Empresa Portuaria San Vicente, Talcahuano), Franciso Gana (Trenes Metropolitanos y Enap), Martín Costabal (Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios, Econssa), Luis Hernán Paul (Sistema de Empresas Públicas y Enami) y María Gracia Cariola (sanitaria Essal). A esas alturas, la Segpres ya había iniciado un acucioso control de daños, con miras a identificar zonas de conflicto y los eventuales vínculos entre altos ejecutivos de la multitienda y autoridades de gobierno.
Aunque en un primer momento se había descartado tomar medidas en este plano, finalmente el creciente impacto de la crisis gatilló la petición de renuncia a los cinco directivos, decisión que se fraguó el jueves 16, en una reunión del comité político encabezada por Piñera.
La decisión, señalan en Palacio, era indispensable, ya que la permanencia de esos directores en empresas públicas representaba la mayor amenaza para el gobierno. Pero no por eso fue menos incómoda, dados los vínculos personales con los afectados.
"Obviamente que los conocemos. A lo mejor muchos de ellos tienen a sus hijos en los mismos colegios que nosotros, pero eso no significa que tengas que quedarte callado", dijo la ministra Matthei a La Tercera el sábado pasado.
A modo de ejemplo, en el gobierno lamentan lo ocurrido con Luis Hernán Paul, quien recién había ingresado al directorio de La Polar en abril pasado. El esposo de Ximena Ossandón -ex directora de la Junji- es amigo de la infancia de Felipe Larraín y también muy cercano al ministro Fontaine, con quien trabajó en Fontaine y Paul Consultores Asociados. Existen también otros nexos. Martín Costabal, militante UDI, ex ministro de Augusto Pinochet, es asesor del ministro de Hacienda en el Comité Financiero del ministerio, según consta en la página web de la cartera. Otro tanto ocurre con Heriberto Urzúa, quien formó parte del equipo de Citibank que lideró Piñera en los años 80. Sin embargo, un colaborador del Mandatario asegura que nunca fueron cercanos y que sólo les tocó trabajar juntos un par de años y que luego perdieron contacto.
En el oficialismo no son pocos los que repararon en el mismo punto, alertando respecto de otros factores que podían relacionar a los directivos de la empresa con la actual administración. El problema es que se trata de un grupo que procede del mismo tronco social. No es casualidad, sin ir más lejos, que los ministros Larraín y Fontaine y el propio Presidente estudiaran en la Universidad Católica y hayan tenido con varios directores de la multitienda los mismos grupos de referencia. Esta realidad es lo que avala la percepción de que el gobierno no tiene la suficiente autonomía respecto de los empresarios.
En el Ejecutivo consideran que la decisión de sacar a los directivos de La Polar de las empresas públicas fue un éxito. No sólo porque hizo patente la voluntad del Presidente de prevenir el efecto político de contaminación. La mayor preocupación estaba en que desde la Concertación levantaran el tema y el gobierno se viera obligado a tomar la medida bajo presión de las criticas opositoras.
"Habría sido desastroso que la Concertación hubiera pedido la salida de los directores de empresas públicas antes que los sacáramos nosotros", señala un ministro.
La decisión, además, marcó el punto de partida de la fuerte contraofensiva encabezada por el propio Piñera, quien el sábado pasado, durante el aniversario de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, advirtió sobre sanciones "implacables" contra los responsables del "abuso" contra los consumidores. El jueves, en la cena anual del Comercio, fue más allá y calificó de "vergüenza" el caso.
La posición del Mandatario obedece, según una alta autoridad gubernamental, a la necesidad de contrarrestar una imagen ya instalada en la población: se cree que difícilmente un gobierno de derecha puede poner en entredicho los intereses del sector empresarial. "Eso es brutal para el gobierno. La sospecha de La Fronda Aristocrática, y sus redes de protección, está instalada", explica uno de sus colaboradores.
Este punto es compartido por analistas y cientistas políticos. "El Presidente y varios ministros se han alineado en una posición durísima. No soluciona el problema, pero disminuye el daño que esto puede tener en la imagen de un gobierno que es asociado con los empresarios", señala a La Tercera el presidente de Adimark, Roberto Méndez, cuyos análisis son escuchados en La Moneda.
La ofensiva presidencial, además, busca diluir la convicción de que para un gobierno de derecha es poco menos que imposible enfrentar al mundo empresarial. En esa lógica se inscribe un paquete de reformas que el Presidente afinó con el subsecretario de Hacienda, Rodrigo Alvarez, el miércoles pasado en La Moneda.
Ese día se definieron tres caminos. El primero es legislativo. Se acelerará la tramitación del proyecto que crea el Sernac Financiero, al que se unirá la iniciativa sobre supervisión por riesgo de las instituciones financieras y el proyecto de información comercial o deuda consolidada. En paralelo, se creará el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) para manejar y prevenir el riesgo sistémico y hacer más rigurosa la supervisión sobre los conglomerados. También se pretende adaptar las dos superintendencias -Valores y Bancos- al modelo colegiado del Banco Central, cuyos integrantes son designados por el gobierno y el Senado.
La segunda vía supone extremar las tareas de fiscalización de las superintendencias para ir configurando con absoluta precisión las responsabilidades administrativas, penales y civiles del caso La Polar. En el gobierno apuestan a que en un mes más debería estar toda la información a disposición del Ministerio Público, para levantar los cargos contra los responsables.
El tercer frente de acción apunta al monitoreo del retail, no sólo para disipar las dudas que se han proyectado sobre otros agentes, sino también para resguardar la estabilidad del sector. Hay que descartar que La Polar sea la punta de iceberg de un problema mayor.
La idea, en los tres casos, es transmitir señales políticas potentes y convencer a la opinión pública de que el gobierno está tomando todas las medidas necesarias para impedir que un hecho de estas características quede en la impunidad o vuelva a ocurrir.
Aunque en el gobierno nadie subestima los efectos políticos del caso, en los últimos días han optado por resaltar algunas señales positivas. Para un miembro del comité político, lo relevante es que la crisis no se ha instalado en La Moneda, algo que sí sucedió en el episodio de la intendenta Jacqueline van Rysselberghe y en la controversia por HidroAysén.
Además, muestran cifras auspiciosas. El martes pasado, en Palacio se recibió un sondeo que, entre otras cosas, mostró que para "la mayoría de los encuestados habíamos actuado con firmeza", según reconoce un ministro. Para él, y otros colegas suyos, es la primera vez en estos 16 meses que el gobierno logra transformar una crisis en una oportunidad.
