viernes, septiembre 14, 2012

nos vamos de vacaciones hasta fines próxima semana

Queridos lectores y lectoras   Estaremos de vacaciones hasta fines próxima semana .Felices fiestas  y a celebrar el 18 de septiembre como nunca. 


Saludos
Rodrigo González Fernández
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OLGA FELIU “Lo que resuelve el Poder Judicial no lo puede cuestionar el Ejecutivo, debe acatarlo”

ABOGADA OLGA FELIÚ, A FONDO EN EL DEBATE TRAS FALLO DE CASTILLA:



"Lo que resuelve el Poder Judicial no lo puede cuestionar el Ejecutivo, debe acatarlo"

A juicio de la abogada constitucionalista, las declaraciones de la ministra Benítez sobre el fallo de la Corte Suprema no son convenientes "para el país, ni para la imagen de las autoridades, ni para los inversionistas".

 
Por Patricia Arancibia Clavel



Olga Feliú Segovia es actualmente la presidenta del Colegio de Abogados. Poseedora de una vasta experiencia en materias constitucionales y administrativas, hoy en día es un referente obligado a la hora de estudiar y analizar los problemas o conflictos que se suscitan en esos ámbitos. Independiente en sus juicios, es clara y directa a la hora de criticar jurídicamente las opiniones vertidas por la ministra María Ignacia Benítez en torno al fallo de la Corte Suprema sobre la Central Castilla, entregando sólidos argumentos constitucionales que refrendan la posición asumida por el Poder Judicial.

- ¿Tienen los ministros de Estado competencia para criticar un fallo de la Corte Suprema?
- Se ha generado un importante debate sobre esto y en mi concepto, desde un ángulo estrictamente constitucional, no la tienen. El actual artículo 76 de la Constitución señala que la facultad de juzgar las causas civiles y criminales le corresponde a los Tribunales establecidos por la ley y ni el Presidente de la República, ni el Congreso Nacional, pueden abocarse a causas pendientes. Ese artículo -modificado por la Constitución del 80- agregó una frase nueva que explícitamente establece que no se pueden revisar los fundamentos de las resoluciones judiciales y su objetivo fue, justamente, evitar los cuestionamientos a las decisiones de la Corte Suprema.

- ¿Fueron poco prudentes las declaraciones de la ministra Benítez?
- Desde el punto de vista de la conveniencia, hay que preguntarse si todo este debate es conveniente para el país y si mejora la imagen de las autoridades. Creo que no, como tampoco creo que sea bueno para los inversionistas. Si alguien quiere hacer una inversión en materia de generación eléctrica, lo que le interesa es que existan reglas claras, que todo el mundo esté de acuerdo y si lo primero que le dicen es que los fallos de la Corte Suprema son malos, la pregunta siguiente es entonces ¿a quién recurro? La prudencia exige que esto se mire tres veces…
- Entonces, ¿puede el Ejecutivo cuestionar las resoluciones del Poder Judicial?
- Lo que resuelve el Poder Judicial no lo puede cuestionar el poder Ejecutivo, debe acatarlo. A su vez los Tribunales Superiores de Justicia en sus comentarios, en sus dichos, pueden, a petición de parte, conocer los recursos de protección o cualquier otro recurso entablado en un juicio ordinario contra una decisión del Poder Ejecutivo y pueden también hacer declaraciones en relación a las políticas públicas que implementa el Ejecutivo, en relación con la Administración de Justicia a través del artículo 74 de la Constitución.

- Es decir ¿la Corte Suprema está en su derecho al manifestar públicamente su rechazo a expresiones del Ejecutivo o de sus ministros?
- La Corte Suprema puede manifestar lo que a ella le parece sobre una declaración de un ministro de Estado que considera que altera, agravia o trasgrede las prohibiciones que tiene el poder Ejecutivo y todos los otros poderes, de involucrarse en decisiones autónomas del Poder Judicial. Lo que hizo la Corte Suprema es llamar la atención respecto a una declaración de un ministro, que considera que afecta su independencia. Al poder Ejecutivo le corresponde implementar políticas públicas, enviar proyectos de ley, al Presidente administrar el país y respecto de esas funciones, propias del poder Ejecutivo, la Corte Suprema no puede manifestarse diciendo que bien o que mal lo está haciendo. ¿Cuándo entonces puede hacerlo? Cuando considera que se está alterando la Constitución Política, cuando un ministro entra a cuestionar una decisión adoptada en un fallo de la Corte Suprema.

- ¿Y qué pasa con las atribuciones que tiene cualquier ciudadano de emitir libremente una opinión?
- De acuerdo con los artículos 6 y 7 de la Constitución, el Poder Ejecutivo y sus integrantes, donde están los ministros de Estado, no tienen más funciones de las que la ley les atribuye. La ley no le atribuye a los ministros ser comentaristas de los fallos judiciales. Claro, todo el mundo puede opinar y es muy sano que se haga en democracia, pero el texto vigente de la Constitución impide en su artículo 76, los cuestionamientos oficiales de los fallos judiciales. Los ministros tienen como misión o fundamento proponer planes, políticas, programas y ser colaboradores del Presidente de la República en la función de administración y de gobierno, pero no examinar los fallos, más aún cuando esos fallos -como en este caso- recaen en recurso de protección, en el cual el recurrido son las propias autoridades del Poder Ejecutivo.

- ¿Son las autoridades del Ejecutivo o la propia Central Castilla?
- Los recurridos no son la Central Castilla. El recurso de protección en materia medioambiental es más acotado que un recurso de protección corriente o general. En la Constitución modificada en 2005, el recurso de protección medioambiental sólo puede darse por razones de ilegalidad, imputable a cualquier autoridad o persona y no como el corriente que puede tener causas de arbitrariedad e ilegalidad.

- Es mucho más complejo…
- Es mucho más unívoco, directamente dirigido contra la autoridad que habría adoptado una decisión ilegal. En consecuencia, el recurso de protección que recae en la Central Castilla es respecto de las autoridades que están subordinadas o bajo la tutela o dependencia del Ministerio del Medio Ambiente, es decir, es el ministerio el recurrido. Lo que dicen que hice mal -señala la ministra- lo hicimos estupendo, es decir, es el mismo afectado el que reclama o critica.

- ¿No tiene acaso la ministra la responsabilidad de velar por los proyectos que benefician a la gente?
- Lógico, pero esos proyectos que beneficien a todos en materia energética, deben realizarse de acuerdo a la ley y la Corte Suprema ha dicho que el proyecto Castilla no se ajusta a los fundamentos de la ley.

- Y, ¿tienen acaso los jueces la capacidad de juzgar en temas tan complejos donde los aspectos técnicos son tan relevantes?
- El fallo de la Central Castilla no se refiere a aspectos técnicos. Es un fallo que analiza si se cumple o no con la ley y es eso lo que hicieron los jueces. Las leyes medioambientales no otorgan a las autoridades que deben resolver, facultades discrecionales, sino ceñirse a lo que la ley señala. Puede haber interpretaciones, pero la verdad jurídica inapelable es la de la Corte Suprema.

- ¿Qué pasará en el futuro? ¿Las autoridades deben quedarse de brazos cruzados y permitir todos los frenos medioambientales?
- Pienso que lo que deben hacer las autoridades y a quienes les corresponde dictar leyes –léase el Ejecutivo y el Parlamento- es abocarse seriamente a estudiar la ley y ver como modificar las normas de manera tal que éste sea un proceso claro, rápido y que no se preste a cuestionamientos de carácter constitucional o legal. Hay que lograr que los proyectos tengan el menor grado de incerteza, que las normas sean unívocas, que los plazos sean acotados y que la ley se cumpla aunque el mundo se venga abajo. Creo que este fallo constituye para la ministra un desafío. Son esas autoridades y no el Poder Judicial, las que deben sentarse a estudiar y mejorar la ley. El tema es muy importante para el país, pero el mensaje no puede ser "ya que el tema es importante, que los tribunales no se metan". Estamos en un Estado de Derecho y es muy serio y delicado decir que la Corte se apartó de la legalidad.



Justicia ante encapuchados


- La ciudadanía es cada vez más crítica frente a la impunidad con que actúan encapuchados en las manifestaciones. ¿Qué pasa con los jueces que deberían aplicar todo el rigor de la ley a quienes la infringen?


- Estoy de acuerdo que se ha llegado a extremos, incluso con la muerte de un carabinero. Pero aquí hay tres vertientes: no son sólo los tribunales, sino también el Ministerio Público y las fuerzas policiales. Aquí pasa algo similar que con la legislación de medioambiente. Hay que sentarse a ver qué es lo que está fallando. ¿Son las leyes las blandas, o son los tribunales, el Ministerio Público, la policía o los organismos de inteligencia los que no cumplen su rol? Este problema hay que analizarlo más allá de las luces del foro público.

Fuente:DF
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Rodrigo González Fernández
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APRENDAMOS CON ENRIQUE DANS : Cultura europea en el dominio público

Cultura europea en el dominio público

Escrito a las 7:14 am
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Una buena noticia, vía The GuardianEuropeana, la biblioteca digital europea de acceso libre que reúne contribuciones ya digitalizadas de instituciones culturales de los veintisiete países miembros de la Unión Europea,puso ayer a disposición de todos su colección de más de veinte millones de objetos culturales (libros, películas, pinturas, periódicos, sonidos, mapas, manuscritos, etc.), abiertas a todo tipo de reutilización gracias a su licenciaCreative Commons Public Domain, la más abierta y menos restrictiva de todas.

Con el material que encontréis catalogado en Europeana se puede hacer casi cualquier cosa: reproducirlo donde quieras o reutilizarlo para aplicaciones de cualquier tipo. De hecho, ha habido ya varios hackathons destinados a que personas con ideas se planteen usos interesantes que puedan contribuir de maneras creativas a la difusión cultural.

El entorno de la cultura con respecto a los derechos de autor es sumamente complejo, y su gestión adecuada resulta fundamental para todos. El dominio público es objeto de constantes apropiaciones por parte de empresas e instituciones que pretenden reclamar propiedad intelectual sobre cosas que están en muchas ocasiones completamente fuera de la misma sin que existan sanciones reales y efectivas por el hecho de hacerlo, lo que lleva a un panorama de confusión que en muchos casos impide llevar a cabo un aprovechamiento adecuado de los bienes culturales. Si bien parte de esas confusiones pueden atribuirse a errores derivados de la predominancia de un modo habitual e implantado de hacer las cosas, otros casos representan claramente mala fe y verdaderas apropiaciones indebidas, auténticos robos al descuido. La clarificación de lo que está o no está en el dominio público y la claridad en sus condiciones de utilización es fundamental para preservarlo, y proponer repositorios donde además se identifique y encuentre fácilmente dicho material resulta no solo conveniente, sino importantísimo. Una tarea perfectamente razonable y digna para un organismo público, una muy buena idea, y algo de lo que congratularnos. Que siga cundiendo el ejemplo.



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Rodrigo González Fernández
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España POLÉMICA DE LA LIBERALIZACIÓN DEL VIÑEDO

POLÉMICA DE LA LIBERALIZACIÓN DEL VIÑEDO



Hacia un nuevo sistema de derechos


ELMUNDOVINO

La intensa presión ejercida por las denominaciones de origen más poderosas y el cambio de postura de países como España o Francia están teniendo los efectos esperados: según ha recogido la agencia Efe de "fuentes del Ejecutivo comunitario", la Comisión Europea (CE) estudia la posibilidad de mantener los derechos de plantación de viñedo más allá de 2015, pero a través de un nuevo sistema más "eficaz y flexible". Añadieron que el objetivo no es extender el régimen actual, sino buscar una nueva fórmula que resuelva los problemas existentes, indicaron las mencionadas fuentes en Bruselas.

Al margen de una reunión informal de ministros de la UE que se celebra en Chipre, el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, reveló que por primera vez en el proceso de revisión de la reforma del sector del vino, la CE está considerando la posibilidad de mantener los derechos de plantación de viñedo, una reclamación en la que insisten 15 Estados miembros, incluido España. 

Esta posibilidad será debatida el próximo 21 de septiembre en la tercera reunión del grupo de alto nivel sobre el vino creado por la CE este año para analizar las peticiones en favor del mantenimiento de los "derechos de plantación". 

Hasta ahora la Comisión se había aferrado al compromiso, asumido por la UE en 2008 con la reforma del sector del vino, de liberalizar las plantaciones a partir del 1 de enero de 2016 (con la posibilidad en algunos casos de conservarlos hasta 2018). 

En los últimos años, España, Francia, Italia, Alemania, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Austria, Portugal, Rumanía y otros países han pedido a Bruselas que reconsidere la decisión de eliminar los derechos y que mantenga el régimen más allá de esa fecha en toda la UE. 
Para examinar esas demandas, la Comisión creó este año un grupo de alto nivel que ya ha celebrado dos reuniones y este mes mantendrá la penúltima de ellas. 

El sistema que estudia la CE dejaría la puerta abierta a que las organizaciones interprofesionales asumieran la regulación de los vinos con denominación de origen o con una indicación geográfica protegida. 
Para los vinos sin apelación, la regulación se podría llevar a cabo bien a través de los Estados miembros o de las organizaciones profesionales, con una "red de seguridad" a escala europea que se activaría en caso de crisis o de problemas en el sector, adelantaron las fuentes. 

Los países que se oponen a la liberalización de los derechos de plantación argumentan que una expansión de la superficie de viña provocará una "devaluación de los productos de calidad o con denominación de origen y una "industrialización excesiva" de la viticultura europea. Además, alertan de que el riesgo de exceso de producción que rebajará los precios a causa de un aumento de la oferta y perjudicará a las zonas menos productivas. 

Sus partidarios hacen notar que el mercado está muy saturado y la superficie de viñedo en constante regresión en Europa, con lo que es muy improbable un 'boom' de la producción y sí, más bien, un desplazamiento del viñedo a las zonas de más prestigio, siguiendo al mercado como sucede en el resto del mundo, donde no existen trabas de ningún tipo a la plantación de viñedo, por lo que compiten de forma ventajosa con Europa.

Enlaces Relacionados: 


Fuente:

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