Con el fin de incrementar la transparencia de los lobbies o grupos de interés que trabajan en las instituciones comunitarias, la Unión Europea ha iniciado un proceso para aclarar el origen y la financiación de determinadas organizaciones. En el sector agrario trabajan una gran multitud de estos grupos, aunque las organizaciones profesionales agrarias y de cooperativas no tendrían nada que temer, pero sí las consultoras o abogados que no tienen una clara financiación.
Grupos de representación ciudadana que fueron fundados por consultoras y funcionan bajo el interés de empresas privadas u organizaciones con una oscura financiación son algunos ejemplos del movimiento ''lobista'' que existe en el marco de las instituciones comunitarias.
Por esta razón, la Unión Europea quiere iniciar su regulación, de manera que se impulse la transparencia de los lobbies o grupos de interés y se eviten las conductas fraudulentas.
El objetivo es, en definitiva, favorecer a las organizaciones que sí trabajan en buenas condiciones con el fin de que sus intereses sean mejor atendidos y de que los eurodiputados reciban una información correcta por parte de estas organizaciones.
Situación en el sector agrario
En el sector agrario ''existe una gran complejidad y multitud de lobbies'', explica Marisa Sevilla, la responsable de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, organismo que está realizando un estudio sobre los lobbies en dicho sector.
''En mi opinión, las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG, UPA así como las Cooperativas (CCAE) no tienen nada que temer a la Iniciativa Europea de Transparencia, dado que su actividad es totalmente transparente y su financiación proviene de sus socios y de subvenciones públicas. Ellos no tienen nada que ocultar y estoy segura de que apoyan la iniciativa en todos sus aspectos'', indica Sevilla, quien apunta que ''a los que sí puede perjudicar es a los consultores y abogados que representan varios intereses, que, en ocasiones pueden ser no totalmente compatibles, y cuya financiación no es conocida''.
Esto es lo que pretende evitar la Unión Europea y, por esta razón, el pasado 8 de octubre, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo organizó un seminario sobre lobbies como parte de los preparativos para un informe sobre la materia.
En este marco, el presidente de dicho organismo en la Eurocámara, el diputado socialista alemán Jo Leinen, indicó en el encuentro que ''los lobbies en sí mismos son positivos''.
En la misma línea, el europarlamentario finlandés del Partido Popular Europeo y ponente del informe sobre la materia, Alexander Stubb, opinó que los grupos de interés ''son una parte esencial del proceso parlamentario'', ya que ''proporcionan información útil'' a los diputados, y éstos a su vez ''saben que esta información es subjetiva''.
Excesiva dependencia
Sin embargo, el luxemburgués de Los Verdes Claude Turmes apuntó que ''los eurodiputados dependen en gran medida de la orientación de los lobbies, lo que es un punto débil. Personalmente, prefiero disponer de más personal propio, con el fin de ganar en independencia''.
Por su parte, el representante de la Alliance for Lobbying Transparency & Ethics Regulation (Alianza para la transparencia de los lobbies y la regulación ética), Paul de Clerck, consideró que el sistema ''funciona en Bruselas de una forma absolutamente opaca, en una caja negra; nadie sabe quién trabaja en nombre de quién, ni sobre qué materia''.
Además, alertó de la existencia de grupos de representación ciudadana que en realidad fueron fundados por consultoras y son financiados por empresas privadas de intereses inciertos, y de la dificultad de identificar este tipo de grupos.
A su vez, el Comisario europeo responsable de Asuntos Administrativos, Siim Kallas, propuso abrir desde principios de 2008 un registro voluntario de lobbies y el Parlamento Europeo manifestó en un informe sobre responsabilidad social corporativa de 2006 su apoyo a ''las solicitudes de una divulgación obligatoria para los grupos de interés empresariales y de otro tipo''.
Para evitar el fraude
El control a los lobbies se enmarca en la Iniciativa europea en favor de la transparencia, que pretende impulsar conductas menos fraudulentas, fundamentalmente en el aspecto financiero. El 3 de mayo de 2006, la Comisión adoptó un Libro Verde, con el fin de hacer avanzar su ''Iniciativa europea en favor de la transparencia'', IET.
El objetivo de este documento consistía en llevar a cabo una amplia consulta pública sobre los aspectos fundamentales de la IET, es decir: la necesidad de establecer un marco más estructurado para las actividades de los grupos de interés (grupos de presión); recibir información sobre las normas mínimas aplicables a las consultas iniciadas por la Comisión (normas aplicables a las consultas); obligación de divulgar información sobre los beneficiarios de los fondos de gestión compartida de la UE.
Ayudas más transparentes
En el marco de la iniciativa a favor de la transparencia, otro aspecto que se está debatiendo es el del conocimiento público de los beneficiarios de las ayudas de la Política Agraria Común, PAC. Al respecto, el Parlamento Europeo aprobó, el pasado 11 de octubre, un informe que respalda publicar las listas de beneficiarios de las ayudas de la PAC con el fin de aumentar la transparencia y mejorar el control presupuestario. Sin embargo, los diputados propusieron que se informe a los afectados antes de hacer públicos los datos y exigieron que estos se difundan obligatoriamente en Internet.
En 2006 la Unión Europea decidió hacer públicas las identidades de los receptores de las ayudas de la PAC. Al año siguiente, en marzo de 2007, la Comisión Europea (CE) propuso modificar el reglamento que regula la financiación de la PAC con el objetivo de fomentar la transparencia y perfilar mejor el ámbito de aplicación de la normativa. La propuesta abarca todos los gastos sectoriales y no se limita al ámbito agrario. En este sentido, la Comisión Europea sugiere reforzar las normas que determinan las responsabilidades en caso de deficiencias de los sistemas de control de los estados miembro.
Entre otras cosas, se propone reducir o suspender los pagos si la CE ya ha impuesto dos correcciones financieras en relación con la misma medida; si faltan uno o más componentes fundamentales del sistema de control o si no son eficaces, ascí como en el caso de que el Estado miembro no haya podido aplicar sus recomendaciones para remediar la situación. |
